Un triunfo de las familias y sobrevivientes en México
Por Adrián Fernández
La recientemente creada Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia es un viejo reclamo para saber qué sucedió con cientos –tal vez miles- de personas asesinadas o desaparecidas durante la llamada «guerra sucia», encarnada por el Estado mexicano entre 1965 y 1990.
Sobrevivientes, familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos reconocieron la “voluntad política” del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero entendieron que la Comisión fue posible “debido a la persistencia de los colectivos». Según la decisión presidencial, el organismo autónomo funcionará hasta el 30 de septiembre de 2024.
La creación de una Comisión de la Verdad es uno de cinco mecanismos que contempla un ambicioso “Plan para el acceso a la verdad, esclarecimiento histórico e impulso a la justicia” que el gobierno de López Obrador acordó con familiares de víctimas y sobrevivientes.
El plan oficial incluye investigar desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otras graves violaciones a derechos humanos.
Contempla crear un programa de búsqueda del paradero de las personas desaparecidas, acceder a los “archivos de la represión” y a las cárceles clandestinas, así como abrir procesos judiciales y se basa en cinco ejes: verdad, justicia, búsqueda, reparación y memoria y no repetición de esos hechos.
En palabras del subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración, Alejandro Encimas, se trabajará «en sitios que hasta ahora habían estado censurados, como instalaciones militares».
Los familiares de las víctimas recuerdan que el Ejército fue uno principales actores de la “guerra sucia” pese a lo cual nunca hubo esfuerzos serios para investigarlos, no se abrieron archivos ni se trabajó en los cuarteles.
La reciente violencia política y social en México reconoce dos grandes etapas, ambas tienen al Estado mexicano como protagonista; la primera responde al período entre 1965 y 1990, marcada por la persecución ideológica y de los movimientos de izquierda.
La segunda incluye el período que va desde comienzos de este siglo hasta nuestros días, en coincidencia con la aparición de los más grandes carteles del narcotráfico, la militarización de la lucha contra el delito interno y la connivencia entre bandas armadas y poder político.
La Comisión buscará el esclarecimiento de la verdad y la reparación integral de crímenes ocurridos durante las Presidencias de Gustavo Díaz Ordaz (1964-70), Luis Echeverría (1970-76), José López Portillo (1976-82) y Miguel de la Madrid (1982-88).
La Masacre de Tlatelolco contra estudiantes, que dejó casi 400 muertos en octubre de 1968, no fue un hecho aislado sino parte de una política estatal de represión que duró décadas, sostienen las familias de las víctimas.
La imagen internacional de México como país receptor de víctimas de las dictaduras que asolaban Latinoamérica es una parte de aquella historia, reconocida por los colectivos sociales y políticos del continente. La otra cara ejercía hacia adentro una política de violación de los derechos humanos que, al ser focalizada, pasaba desapercibida para la mayoría.
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La noticia en audio (voz: Salvatrice Sfilio)
