La toma del Palacio de Justicia, una acción violenta y mal calibrada por parte de la guerrilla M-19, tenía como objetivo destapar la verdad sobre la ruptura de los acuerdos de paz con el gobierno nacional, contarle al país que el presidente no sólo traicionaba lo firmado y asesinaba por la espalda, también entregaba los recursos naturales a empresas multinacionales extranjeras mientras engañaba al pueblo colombiano y lo sometía al hambre, la exclusión política y el abandono. El gran objetivo final de la toma era convocar la participación de los magistrados de las altas cortes, consideradas la última reserva moral del país (muy diferente a un congreso corrupto y mafioso), para hacerle un juicio político, justo y público, al jefe de Estado, Belisario Betancur Cuartas, llamar a la creación de un gabinete de paz y convocar nuevas elecciones presidenciales.

Esta acción político militar, que partió en dos la historia del país, fue la antesala para la brutalidad criminal del Estado colombiano, que a través de sus Fuerzas Militares, secuestró, torturó, asesinó y desapareció civiles y combatientes en estado de indefensión en batallones militares, violó los principios del DIH (distinción, humanidad, proporcionalidad, limitación y precaución) y el derecho de gentes como lo denunció ante la cámara de Representantes, el procurador de aquel entonces, Carlos Jiménez Gómez. Los agentes de la fuerza pública, incluso encubiertos, actuaron bajo las órdenes de altos mandos militares, como el general Rafael Samudio Molina y el sanguinario ministro de Guerra Miguel Vega Uribe, suegro del ex coronel Luis Alfonso Plazas Vega, célebre por querer salvar la democracia, masacrando el poder judicial y violando los derechos humanos, la complicidad de la clase política tradicional y la directriz de agencias internacionales.

A la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH) se violaron el tratado de Ginebra y el Protocolo II tanto por parte de guerrilleros del M-19 como por miembros de la fuerza pública; así como el tratado de La Haya sobre el derecho de los combatientes. La ocupación militar se prolongó más de 28 horas, dejando un saldo desolador: un promedio de cien personas muertas a tiros o calcinadas, entre ellas trece magistrados, una magistrada, consejeros, consejeras de Estado, funcionarios, empleados, empleadas, y la casi totalidad de los y las guerrilleras, doce desaparecidos, setenta y cinco heridos, un Palacio semidestruido por las llamas con todos sus expedientes, actas y libros, una indolente y cuestionada victoria militar y un oscuro manto de vergüenza e impunidad, que aún hoy, treinta y seis años después, nos alcanza, pidiendo verdad, justicia y reparación.