Paraguay: crecen desalojos de campesinos e indígenas
Por Base IS y Jorge Zárate
Las organizaciones campesinas e indígenas de Paraguay advirtieron que tras la aprobación de la Ley Zavala-Riera, se suceden sin parar los desalojos y los ataques a las comunidades.
La normativa, que incrementó las penas para las personas que participen de una ocupación de tierras, parece funcionar como un aval indiscriminado para la expansión del agronegocio que, envalentonado y avalado por el Estado, repite una secuencia criminal que ya provocó denuncias internacionales como la que hiciera la comunidad indígena de Hugua Poty, ante la delegación paraguaya de las Naciones Unidas.
Campesinos e indígenas se articulan para una eventual movilización este 10 de diciembre en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos, se anunció.
Entre tanto, los atropellos continúan. Amanecía el 18 de noviembre pasado cuando la fuerza pública rodeó a la comunidad indígena Hugua Poí y comenzó a ejecutar una orden de desalojo. Sus pobladores trataron de defender pertenencias y cultivos, pero fue imposible ante el descomunal despliegue de policías, carros hidrantes y helicóptero que lograron nuevamente expulsar a los Indígenas de sus tierras.
Reportó la ONG Base de Investigaciones Sociales (Base Is) que las 70 familias de la comunidad del Pueblo Mbya Guaraní, ubicada en Raúl Arsenio Oviedo, Caaguazú a unos 250 kilómetros al este de la capital Asunción fueron víctimas de una violación de normas nacionales e internacionales “que protegen a los Pueblos Indígenas para favorecer a sojeros”.
Las tierras reclamadas por los indígenas serán entregadas a sojeros de origen alemán que fueron beneficiados por una orden judicial, que no tuvo en cuenta la normativa constitucional que prohíbe los Desalojos a pueblos indígenas. El procedimiento tampoco tuvo en cuenta lo establecido en pactos internacionales que señalan que debe garantizarse el acceso a un lugar de reubicación y a derechos fundamentales como alimentos.
El aparatoso desalojo se realizó con la presencia de decenas de policías fuertemente armados. Sin embargo, no se dio la presencia de ninguna institución que pueda proteger a niños, niñas y ancianos que fueron desplazados a la vera de la Ruta apenas con las pocas cosas que pudieron rescatar.
Tras el desahucio los cultivos de las familias indígenas fueron destruidos así como sus viviendas y templos. La comunidad mantenía una reserva de bosques que se encuentra en riesgo ya que está rodeada por cultivos extensivos de soja”.
Recordó allí también que se trató de una violación expresa de la Constitución, leyes reglamentarias y a varias disposiciones internacionales de derechos humanos.
Base Is recordó que en las últimas semanas tres comunidades indígenas sufrieron ataques o amedrentamientos por parte de agroempresarios.
Entre tanto, la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), denunció la situación de zozobra en la que se encuentran las comunidades tras el desalojo del Asentamiento Campesino María la Esperanza, de más de 30 años de existencia.
Según indicaron es urgente la acción estatal a fin de regularizar todas las comunidades campesinas de modo a frenar los desalojos violentos que en las últimas semanas se dieron en diferentes puntos del país, causando enormes pérdidas a las familias productoras.
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La noticia en audio (voz: Salvatrice Sfilio)
