Argentina: organizaciones en alerta por proyectos mineros
Por Adrián Fernández
Desde comienzos de 2020 hasta noviembre de 2021, la industria minera anunció inversiones por al menos US$ 8.757 millones en el país, en proyectos que incluyen obras de exploración y ampliación pero también la construcción de nuevas instalaciones en yacimientos metalíferos y de litio.
Según el relevamiento publicado por la Secretaría de Minería de Argentina, el proyecto Josemaría, en la provincia de San Juan, concentra casi la mitad de los anuncios con compromisos por US$ 4.200 millones. Esta provincia y su vecina Mendoza son dos de las varias del país que tienen fuertes organizaciones ambientalistas y sociales que exhiben importantes triunfos sobre las multinacionales y los gobiernos.
El proyecto de cobre Josemaría, el primero de Argentina desde el cierre por agotamiento de la mina Alumbrera (provincia de Catamarca), es uno de seis mega proyectos en etapa avanzada de factibilidad. Es, junto a los planes de extracción de litio, el que concentra las mayores inversiones futuras.
Hay otras inversiones importantes como la del consorcio Barrick Gold-Shandong Gold para la mina de oro y plata Veladero; la construcción de la minera de oro Lindero, en la provincia de Salta (norte del país); y la minera Yamana, en Catamarca, para el proyecto Mara, para explorar cobre y oro. En el área del litio –Argentina posee el segundo yacimiento mundial, luego de Bolivia- hay varios anuncios de inversión.
Según el anuncio oficial, Josemaría, propiedad de la minera canadiense Lundin, es considerado el posible punto de partida de la nueva era del cobre en la Argentina –junto a otros cuatro megaproyectos estimados- para atender al incremento mundial de la demanda de ese mineral, empleado en equipos destinados a las energías renovables y la electromovilidad.
Josemaría se ubica en el norte de la provincia de San Juan y es rico en cobre, oro y plata. La empresa estima comenzar a producir en 2026 y generar exportaciones por 1.700 millones de dólares anuales, con una vida útil de 19 años.
El Gobierno y la empresa aseguran que esta explotación a cielo abierto responde a los estándares internacionales ambientales y las políticas de prevención y mitigación de impacto en el territorio, y control de riesgos ambientales.
Federico Soria, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata (ciudad de Mendoza) fue una de las primeras voces en levantarse apenas conocido el acuerdo por el proyecto megaminero Josemaría. “Afecta a pueblos hermanos de las provincias de San Juan y La Rioja y viola la Ley de Glaciares”, alerta.
La Ley 26.639, conocida como Ley de protección de glaciares, considera a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura y y la recarga de cuencas hidrográficas.
La norma también los considera centrales para la protección de la biodiversidad, fuente de información científica y atractivo turístico, al entender que los glaciares constituyen bienes de carácter público.
En el mismo, sentido, la Asamblea de Vecinos de Uspallata, se moviliza para “frenar a minera San Jorge, que es la punta de lanza en Uspallata para estos megaproyectos aún mayores que están en la carpeta de los lobbystas y gobiernos locales y extranjeros”.
Las organizaciones de Mendoza reclaman la plena vigencia de la Ley 7722, sancionada en 2007, que regula la actividad minera y prohíbe el uso de sustancias químicas tóxicas en la minería metalífera en la toda la provincia de Mendoza. En 2019, la legislatura mendocina aprobó un proyecto de modificación de la norma, pero una rebelión social en la provincia y en el país hizo que el gobernador Rodolfo Suárez anunciara su derogación.
En la provincia de Catamarca también se detecta un crecimiento de la protesta contra la megaminería, aún en un contexto de compra de voluntades, “donaciones” a la comunidad y presión a los medios de comunicación locales.
Desde Chubut, otra provincia de la Patagonia argentina, la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) difundió varios comunicados con resoluciones de las asambleas de diferentes ciudades luego de conocerse que el gobernador Mariano Arcioni “insiste a espaldas del pueblo con fomentar la actividad minera y permitir la instalación de la Pan American Silver con su proyecto Navidad para la zona de la meseta”.
Carlos Ibarde, de la Asamblea Jáchal no se toca (provincia de San Juan), afirmó afirmó hace unos meses que allí “hay un depósito de la mina Veladero con 450 toneladas de mercurio que viola la ley de residuos peligrosos y lo están sacando de manera clandestina con destino a Bahía Blanca (ciudad portuaria de la provincia de Buenos Aires), sabiendo que es una sustancia muy tóxica y peligrosa”.
Jáchal es una localidad de la provincia de San Juan, en la cordillera de los Andes, que encaró uno de los mayores ejemplos de resistencia contra la megaminería de Argentina en la última década. No son los únicos en el país, pero son un ejemplo de movilización, argumentación y perseverancia.
Ibarde ya advertía a mediados de año sobre el acuerdo que acaba de refrendar el Gobierno nacional: “aparte de la mina Veladero, tenemos otro proyecto minero diez veces más grande que se llama Josemaría. Estamos peleando para que no se instale. Defendemos el agua que es la vida de los pueblos. Los agricultores están muy callados y son silenciados por los políticos y estamos muy preocupados”.
La lucha es desigual, se sabe. Pero Argentina reconoce batallas emblemáticas contra proyectos megamineros que amenazaban contaminar agua, aire y tierra de las regiones en las que se empezarían. Provincias como Catamarca, Mendoza, San Juan, Salta, Neuquén y Chubut, se anotan a la vanguardia de la resistencia, potenciada por los recientes anuncios de nuevas inversiones.
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