México: indígenas de Oaxaca rechazan ampliación minera
Autoridades de las comunidades indígenas que integran el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos del estado de Oaxaca, sur de México, rechazaron la ampliación del proyecto minero de la empresa Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver, asentada en el municipio de San José del Progreso.
Tras cuestionar una consulta convocada por el Gobierno mexicano, más de 6 mil indígenas de 10 localidades zapotecas del valle de Ocotlán hicieron valer su derecho de libre determinación como pueblos indígenas y realizaron su propia consulta en una Asamblea Regional en la que ratificaron su acuerdo de decir no a la minería.
Las asambleas se efectuaron el 10 y 11 de diciembre, donde se recogieron 6.172 firmas de habitantes que pretendían que se entregaran a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que había aceptado observar el proceso y recibir los resultados.
Cecilia Navarro, vocera de la Colectiva Cambiémosla Ya, recordó que la Semarnat ya había rechazado la solicitud de la minera para ampliar su proyecto por 10 años y la autorización de 80 obras, de la cuales 75 ya fueron realizadas sin aprobación de esa dependencia.
“Este ejercicio de consulta comunitaria se dio frente a la decisión de la Semarnat de impulsar una consulta con sólo seis comunidades afectadas por la minera Cuzcatlán, pese a que las consecuencias de estos proyectos se extienden más allá de las comunidades aledañas”, señaló.
Enumeró que “entre esos impactos están el desgaste y ruptura del tejido social, incluso dentro de las familias; violencia creciente, que ha impedido, por más de 10 años, la elección de autoridades agrarias en San José, y que incluye desalojos, asesinatos de personas defensoras del medio ambiente».
Agregó también «la corrupción de autoridades municipales, represión del gobierno estatal (con Ulises Ruiz, quien gobernó de 2004 a 2010), y contaminación del agua con arsénico y metales pesados.”
Las comunidades señalaron que la concesión de la minera debería ser suspendida, ya que su instalación en la región durante el gobierno de Ulises Ruiz se efectuó sin consultar a ningún ciudadano de la región, en clara violación de acuerdos internacionales.
La noticia en audio (voz: Salvatrice Sfilio)
