Por María Jagoe

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El 30 de diciembre pasado, el gobierno argentino autorizó a la empresa noruega Equinor a llevar adelante tareas de exploración sísmica frente a las costas de la provincia de Buenos Aires. La resolución, que lleva la firma del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, desató un gran debate a nivel nacional: ¿cualquier forma de producción es válida para salir de la crisis económica?

Equinor podrá buscar petróleo en el mar, específicamente en tres áreas de exploración offshore denominadas CAN 100, CAN 108 y CAN 144. Según la petrolera estatal YPF, sólo CAN 100 (la más grande de las tres, de 15.000 kilómetros cuadrados) podría llegar a producir 200.000 barriles diarios. Se encuentra a 307 kilómetros de la costa de Mar del Plata.

Estas cuencas fueron licitadas en mayo de 2019, durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, pero hasta ahora no se había anunciado la puesta en marcha de ningún proyecto. Equinor prometió inversiones por más de 6.000 millones de dólares en sociedad con YPF y Shell.

Ante las críticas de organizaciones ambientalistas, el ministro Cabandié salió a defender el proyecto. “Hay dos maneras de conseguir dólares: produciendo o tomando deuda”, dijo. “Macri tomó deuda y la usó para la timba financiera. Nosotros queremos una producción sostenible. Creemos en la agenda ambiental”, afirmó.

La resolución 436/2021 que aprobó las actividades de Equinor fue una sorpresa para la mayoría de la sociedad y generó el inmediato repudio de ambientalistas, ONGs y vecinos autoconvocados de la costa bonaerense. Bajo el lema “Atlanticazo: mar sin petroleras”, en lo que va de enero se realizaron distintas manifestaciones en Buenos Aires, Mar del Plata y otras localidades balnearias.

Dividido entre la necesidad de generar dólares para pagar la deuda con el FMI y la obligación de proteger los recursos naturales, el gobierno de Alberto Fernández no parece tener una política ambiental definida ni bien comunicada. Por un lado, se anunciaron inversiones para producir hidrógeno verde y un proyecto de ley que prohibiría la fabricación de autos de combustión interna a partir de 2041. En Chubut, la legislatura provincial aprobó y luego suspendió la megaminería tras el rechazo popular, y ahora se autoriza la exploración petrolífera offshore.

Más allá del impacto concreto que pueda tener esta actividad, el principal cuestionamiento de los ambientalistas es que el gobierno argentino no presentó un Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático de acceso público y actualizado. Tampoco desarrolló todavía una estrategia de descarbonización a largo plazo para cumplir con los objetivos de la Conferencia de Cambio Climático.

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La noticia en audio (voz: Salvatrice Sfilio)