«Mi gobierno no continuará el saqueo que ha condenado a los jóvenes a pagar la deuda que contrajeron a sus espaldas», dijo en el acto de asunción la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, al trazar un grave diagnóstico sobre endeudamiento y pobreza en el país.

Al analizar la actual situación económica, Castro afirmó que su gobierno recibió un estado en bancarrota y hundido en los gobiernos de los últimos 12 años, tras el derrocamiento en 2009 de su esposo, Manuel Zelaya.

La flamante mandataria refirió que «la catástrofe económica no tiene parangón en la historia del país» y enumeró el aumento «del 700% de la deuda» y «el crecimiento de la pobreza al 74%».

Recordó que este cuadro de situación transformó a Honduras «en el país más pobre de América Latina», algo que –entre otras cosas- desembocó en la «caravana de miles de personas que huyeron para México o Estados Unidos, buscando la forma de subsistir sin importar el riesgo de sus vidas».

«Tenemos el deber de restaurar el sistema económico sobre la base de la transparencia, producción y justicia social», completó.

Allí pronunció una de sus frases más destacadas: «mi gobierno no continuará la vorágine de saqueo que ha condenado a los jóvenes a pagar la deuda que contrajeron a sus espaldas», además de «arrancar de raíz la corrupción de 12 años de dictadura».

Castro señaló que, por el pago de créditos tomados se insume en conceptos de intereses y capital «el 50% de los ingresos del Presupuesto».

Admitió que «el Estado no tiene la capacidad de sostener la bochornosa deuda heredada», lo que llevará a «una reestructuración con acreedores privados y públicos».

«Si la de los ’80 fue la década perdida, esta fue la década más corrompida de la historia de Honduras», señaló castro, en su discurso de toma del mando.

Adelantó que regresarán las «consultas populares» y solicitará al Congreso «la ley de participación ciudadana» para ese propósito, y puntualizó: «No más silencio ante los feminicidios, no más sicariato, no más narcotráfico ni crimen organizado».

Castro destacó en el inicio de su discurso la presencia de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris.

Recordó que la Presidencia nunca ha sido asumida por una mujer en Honduras. “Han tenido que pasar 200 años desde que se proclamó la independencia», y señaló que con su asunción se están «rompiendo cadenas» y «tradiciones».

Luego, lanzó 22 acciones de gobierno, la primera muy aplaudida: «Un millón de familias en la pobreza, que consumen menos de 150kw por mes, desde hoy no pagarán más la factura de consumo de energía».

Dijo que esta medida se solventará con «los altos consumidores», que «pagarán más en sus facturas para subsidiar la energía a los pobres «.

También propondrá un proyecto de ley de «subsidio para el combustible, para lograr la reducción de los precios actuales», y pedirá al Banco Central y a la secretaría de Finanzas «los mecanismos legales para la disminución de intereses bancarios para la producción».

Prometió que al Ministerio de Educación le dará «presupuesto para iniciar las clases presenciales, con matrícula gratis, merienda, vacunas y mascarillas».

También aseguró que alentará el «desarrollo agropecuario y soberanía alimentaria» y «la protección del medio ambiente».

La jefa de Estado anulará los permisos «de minas abiertas o explotación minera» y bregará por «el desarrollo agroforestal e industrial», la «promoción de turismo» y «una estricta política fiscal».

Irá por «la libertad de los presos políticos de Guapinol» (en referencia a ocho detenidos ilegalmente por proteger el medio ambiente y la territorialidad) y por «justicia por Berta Cáceres«, la activista asesinada el 3 de marzo de 2016.

Dijo que «los adultos mayores, personas con discapacidad, niños y jóvenes, indígenas, pueblos originarios y de la comunidad LGBT tendrán un lugar preciso en mi gobierno».

Adelanto que, en este primer mes, se encaminará a derogar «las aberrantes reformas constitucionales» y en ese sentido propondrá «una ley que condene el golpe de Estado y la reelección ilegal, que es un delito de traición a la patria».

Esto lo dijo en referencia a su antecesor Juan Orlando Hernández, quien logró dos mandatos gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que en 2015 declaró inconstitucional el artículo 239 de la Carta Magna.

La mandataria adhirió a una «amnistía a presos políticos que están en el exilio, para su retorno», y «restituir la nacionalidad al padre Andrés Tamayo», además de derogar leyes «destinadas a saquear las arcas públicas».

Tamayo es un sacerdote católico y ambientalista, líder del Movimiento Ambientalista de Olancho, expulsado de Honduras tras el golpe a Zelaya en 2009 y, desde entonces, está exiliado en Nicaragua.

También dijo que buscará leyes orientadas a terminar «con la criminalización de la protesta» y que «las leyes que promueven la corrupción y saqueo público no volverán, porque se democratizará el Congreso Nacional».

En el mismo sentido, Xiomara Castro prometió que este año garantizará «la primera consulta popular sobre reformas constitucionales».

Dijo que habrá «una reforma al Presupuesto sobre el régimen económico y financiero», que instalará «una comisión nacional e internacional de combate a la corrupción e impunidad», «un Estado abierto y una República digital».

Adelantó que su Gobierno tendrá «una política exterior ciudadana, centroamericana, latinoamericana, soberana y solidaria, y con multilateralismo».

Finalmente, dijo: «Tenemos la mejor disposición y espíritu de diálogo. Ya no más violencia contra las mujeres; voy con todas mis fuerzas para cerrar la brecha, para que nuestras niñas puedan vivir en un país libre de violencia«.

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