“No tenemos que dar ningún voto a estos vendepatria que nos hacen pasar todas estas injusticias y preparémonos para elegir en el 2023 a nuestros verdaderos representantes”, instó Teodolina Villalba, secretaria general de la Federación Nacional Campesina (FNC).

Fue en su discurso de cierre de la XXVIII Marcha Campesina, Indígena y Popular contra todas las injusticias que concluyó en la tarde del 24/3 en la Plaza O’Leary de Asunción.

“Pido permiso a ustedes y a todos los pobres de este país, para hablar en nombres de todos y todas de las tantas injusticias que pasamos día a día”, dijo la dirigente al coronar la movilización que convocó a más de 10 mil personas de todo el país que marcharon por las calles de la capital en demanda de un “Programa de Emergencia Nacional” que permita recuperar al país del grave cuadro social que atraviesa.

In extenso Villalba apuntó: “En nuestro país se cometen tantas injusticias día a dia: hay desalojos a campesinos, indígenas y urbanos; persecución, criminalización y encarcelamiento; la producción campesina está abandonada por el Estado y castigada por el cambio climático (sequía, granizada, tormenta, helada, entre otros), sin seguro agrícola y endeudada.

La salud está en terapia, no hay medicamentos, los hospitales estan abarrotados. La educación esta en crisis, con escuelitas cerradas. Hay suba del precio de combustibles y de toda la canasta básica familiar. Miles de nuestros compatriotas sobreviven sin trabajo y con hambre. La juventud esta sin presente y sin futuro, miles migran en busca de trabajo.

Las mujeres son las más golpeadas por la crisis y la pandemia: miles de mujeres quedaron sin trabajo, más afectadas por la falta de salud, la violencia y el feminicidio.

Destruyen el medio ambiente con la deforestación y el monocultivo, el uso masivo de agrotoxicos, canalización de humedales y ríos, entre otros, cuyas consecuencias fueron un calor insoportable que sufrimos y las sequías, hasta el rio Paraná casi se secó.

Crece la deuda externa, con peligrosas consecuencias para el pueblo. Nuestra soberanía es cada vez más atropellada y pisoteada. Vivimos un proceso de extranjerizacion de la tierra, la entrega de Itaipú y Yacyreta.

Y mientras todas estas injusticias sufre nuestro pueblo:

El Congreso se convirtió en un mercado donde todos se compran y se venden al mejor postor, hacen leyes en contra de nuestro pueblo; protegen la narco política y la mafia organizada.

El Poder Judicial es el símbolo de la Injusticia, la corrupción e impunidad.

La Fiscalía se convirtió en súper poder, instrumento de la criminalización y persecución a luchadores sociales. Ordena desalojos y atropellos a comunidades, mientras protege larifundios, a la mafia, el contrabando, la corrupción, la narco política y el crimen organizado

El Poder Ejecutivo es vende patria. Todas sus políticas son contra el pueblo y de entrega de nuestra soberanía. Ofrece migajas, asistencialismo y represión para el pueblo y todo para los ricos”

Por ello dijo que la “Lucha prolongada” se declaraba en cuarto intermedio y que las fuerzas movilizadas volverían a exigir el “Programa de Emergencia Nacional” a la brevedad.

También insistió en votar a conciencia en las elecciones presidenciales de 2023.

Saludo del Frente Guasu

La bancada de senadores del Frente Guasu saludó la masiva movilización campesina e indígena, llamó a escuchar sus reclamos y rechazó la persecución y criminalización de las luchas a través de la ley Riera-Zavala.

Fue durante la sesión de la Cámara alta donde se ha conformado una mesa de trabajo buscando “la implementación de un plan de emergencia, la derogación de la ley Zavala-Riera, que se ha utilizado para criminalizar incluso de forma irregular la demanda de tierras, el rechazo a la corrupción y la impunidad apañado por la Fiscala General, Sandra Quiñonez, entre otras”, indicó la fuerza política. .

“Ante el intento de Senadores colorados y del Partido Patria Querida de desacreditar la lucha de los sectores movilizados, los senadores del Frente Guasu salieron al paso, y realizaron enfáticas exposiciones donde dieron cuenta de la realidad de los campesinos y pusieron en evidencia las serias incoherencias de estos sectores que gobiernan desde hace décadas el país desde el ámbito tanto político como económico, y que se beneficiaron con la repartición irregular de millones de tierras malhabidas y que continúan avalando un régimen de producción y acumulación que generar riqueza para una minoría y excluyendo a una amplia mayoría de nuestra población”.

Agregaron que son “los mismos, que han frenado las iniciativas para tener una estructura tributaria más justa, que han evitado el enjuiciamiento a la Fiscala Sandra Quiñonez, responsable de sostener un régimen de impunidad en nuestro país, y los mismos que en gran media hacen un silencio cómplice ante grandes “empresarios” que se enriquecen gracias a negocios ilícitos”.

Acompañamiento de Ongs

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (Ongs) expresaron apoyo y solidaridad a la movilización de la Plenaria de Organizaciones Campesinas e Indígenas: “Las reivindicaciones son consistentes con la construcción de un Paraguay justo y democrático por lo que hacemos un llamado a las autoridades y al gobierno a atender estos reclamos.

En concordancia con lo expresado por quienes se movilizan, entendemos que la injusta y desigual distribución de la tierra en el país debe ser atendida urgentemente, con políticas de Estado que garanticen el arraigo de indígenas y campesinas en sus territorios, con condiciones para una vida digna.

Paraguay es el país de la región con la más injusta distribución de tierras, apenas el 2% de los propietarios acaparan más del 85% de la tierra, mientras se estima que existen al menos 300 mil familias campesinas sin tierras. A esta realidad se suma la existencia, reconocida por el propio Estado, de más de 8 millones de hectáreas de tierras mal habidas que se encuentran en manos de personas no beneficiarias de la reforma agraria y que se apropiaron irregularmente de las mismas.

Entendemos que esta situación tan delicada no puede ser resuelta mediante el aumento de las acciones de desalojos forzados, de la represión al campesinado y pueblos indígenas, por eso, solicitamos la derogación de la Ley 6830/21 que modifica el Artículo 142 de Código Penal, aumentando las penas a las ocupaciones de tierra, menos aún sin tener en cuenta la particularidad del derecho indígena, quienes no fueron consultados, un derecho consagrado. Enviar a prisión a quienes luchan por su derecho a un pedazo de tierra solo agravará la problemática del campo, sin ofrecer verdaderas soluciones a campesinos, campesinas e indígenas, ni al país en general.

Señalamos también que es urgente la asistencia a la producción campesina y al buen vivir indígena, afectada gravemente por los efectos de la Crisis Climática que se atraviesa, producto de un modelo de producción que atenta contra el ambiente y la naturaleza. Los campesinos y campesinas aportan en promedio un 15% de lo consumido en la ciudad y un 48% de lo consumido en el campo y áreas rurales, esto se da sin prácticamente ninguna política de asistencia por parte del Estado y teniendo apenas el 6% de las tierras productivas en sus manos.

La producción campesina provee de alimentos saludables al país y aporta al equilibrio climático con prácticas sostenibles, a diferencia del modelo de agronegocios que avanza con prácticas que afectan gravemente a la naturaleza y al ambiente, como la deforestación masiva y el uso intensivo de agrotóxicos. Es fundamental que el Estado paraguayo oriente sus políticas a proteger y promover la agricultura campesina e indígena, brindando apoyo y asistencia a los pequeños productores, así también resulta urgente la implementación real de políticas de protección al ambiente y de atención a la crisis climática.

Finalmente, destacamos el histórico valor y compromiso del campesinado y los pueblos indígenas tanto en su labor diaria, garantizando los alimentos para toda la población del país, protegiendo los recursos naturales de sus territorios, como en sus luchas por la justicia social y la democracia que son baluartes para la construcción de una sociedad democrática y equitativa”, sostuvieron en un pronunciamiento que firmaron las siguientes ONGs:

Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guash (CEPAG); Servicio Paz y Justicia Paraguay (SERP AJ PY); Asociación Gestion Local (GL); DECIDAMOS; Red de Ambientalistas No Gubernamentales del Paraguay (ROAM); Red Rural de Organizaciones Privadas de Desarrollo; Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco; Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la adolescencia (CDIA); POJOAJU Asociación de ONGs del Paraguay; Asociación CALLESCUELA; Federación de Entidades Vecinalista del Paraguay (FEDEM); Base Educativa y Comunitaria de Apoyo (BECA); SOBREVIVENCIA, Amigos de la Tierra Paraguay; Centro de Servicios y Estudios Rurales (CSER); Centro de Documentación y Estudios (CDE); Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios (CERI); BASE Investigaciones Sociales (BASE IS); Grupo SUNU de Acción Intercultural; Tekoha con los Pueblos Indígenas; REDESPI Red de Organizaciones al Servicio de los Pueblos Indígenas; Voces Paraguay, Asociación de Radios Comunitarias; CEIDRA. Centro de Estudios e Investigaciones sobre Derecho Rural y Reforma Agraria.

Artículo publicado en el portal digital E´a