Representantes del ministerio público de Brasil, otros nueve países de América Latina y Portugal acordaron investigar en conjunto los alcances de la red de corrupción de la empresa Odebrecht, constructora brasileña implicada en decenas de casos de sobornos y pagos ilegales que involucran a las más altas esferas políticas de varias naciones.
Así lo acordaron durante una reunión en Brasilia el 16 de febrero organizada por la Procuraduría General de Brasil y a la que asistieron fiscales de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela. Habían sido invitados pero no asistieron representantes de El Salvador, Guatemala, Antigua y Barbuda y Mozambique. Un comunicado indica que se acordó establecer “la más amplia, rápida y eficaz cooperación” y crear “equipos conjuntos de investigación, bilaterales o multilaterales”.
En todos los países mencionados se investiga la actuación del grupo Odebrecht en la financiación ilegal de campañas electorales, pago de sobornos para obtener contratos de obras públicas y operaciones financieras irregulares. La dimensión internacional se conoció a fines de 2016 tras las revelaciones que hizo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, según los cuales la constructora admitió que pagó unos 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África.
Durante febrero se conoció el pedido de captura contra el ex presidente peruano Alejandro Toledo, declarado prófugo, tras el presunto pago a un testaferro de 20 millones de dólares por Odebrecht para lograr la construcción de una carretera. También se conocieron denuncias sobre el supuesto aporte ilegal para la campaña de reelección del colombiano Juan Manuel Santos y el panameño Juan Carlos Varela.
En Colombia el fiscal general Néstor Humberto Martínez dijo que el ex senador Otto Bula, detenido por los sobornos, afirmó que parte de las coimas iban a la campaña de reelección del presidente Santos en 2014. También está detenido el ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales.
En Panamá las denuncias involucran al actual gobierno y al anterior. La Fiscalía insiste en que la Justicia debe pedir el testimonio de dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014). El actual gobierno de Juan Carlos Varela está sospechado por la participación en la trama una empresa en la que es accionista un familiar del hermano del mandatario, el diputado oficialista José Luis Varela.