Extranjerización de la tierra en América Latina y fuerte conflictividad social.

Efectivos de la gendarmería nacional avanzan en territorio mapuche

Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia y Nicaragua sufren la más alta concentración. En Argentina, en 2015 se registraron unos 850 conflictos que afectaron a más de 60 mil familias campesinas.

La represión que a mediados de enero sufrió la comunidad mapuche de la provincia argentina de Chubut dio la vuelta al mundo. Respondiendo a los intereses de la Compañía de Tierras Sud Argentino Sociedad Anónima, que pertenece al grupo textil transnacional Benetton, doscientos efectivos de la Gendarmería Nacional reprimieron con balazos de goma a los integrantes de la comunidad mapuche de Cushamen, en la Patagonia argentina. Pero antes de la represión aislaron el lugar e impidieron la llegada de organizaciones sociales tanto locales como nacionales.
“Entraron a los tiros, golpearon a los hombres, esposaron a las mujeres, rompieron todo”, relató a la prensa Soraya Maicoñia, integrante de la comunidad indígena. La Red de Apoyo de Comunidades en Conflicto responsabilizó de la represión “al presidente Mauricio Macri, a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, al intendente de la ciudad de Esquel, Martín Bordagaray, al juez José Colabelli y a la Gendarmería Nacional”.
La comunidad mapuche de Cushamen reclama que se respete su presencia originaria en el lugar. En la década de 1990 el Estado vendió grandes extensiones de tierra en la Patagonia argentina, entre ellas el área en el que estaba esta población. Desde entonces la multinacional Benetton intenta el desalojo, en connivencia con autoridades provinciales y nacionales.

Panorama

Según un estudio de la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), realizado en 17 países de la región, los niveles de acaparamiento de la tierra y de los recursos naturales han aumentado en forma notable respecto del siglo pasado. Argentina y Brasil sufren la más alta concentración y extranjerización en la región, seguidos por México, Chile, Colombia, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay. Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú presentan niveles medios altos, mientras que los países de América Central y del Caribe anglófono, poseen niveles bajos.
En Guatemala, por ejemplo, de 15,8 millones de habitantes, 53,71% se ubica bajo la línea de la pobreza y 42% pertenece a los pueblos indígenas. La pobreza se concentra en un 75% en el área rural y seis de cada 10 personas viven en la indigencia. Además, de los pequeños productores, 92% ocupan un 22% de la tierra, mientras que apenas 2% de los productores comerciales acaparan el 57% de los territorios.
En Colombia, la tenencia de grandes extensiones de tierra en pocas manos es una de las razones del conflicto armado que vive el país desde hace décadas. Se calcula que 6,6 millones de hectáreas fueron despojadas por la violencia en las últimas dos décadas, lo que equivale al 15% de la superficie agropecuaria del país. Actualmente, el 77% de la tierra está en manos del 13% de propietarios, pero 3,6% de éstos posee el 30% de la tierra. En Chile, las empresas forestales poseen 2,8 millones de hectáreas de tierras y dos empresas concentran 1,8 millones de hectáreas.

Apropiación
A mediados de 2016 en Argentina, el gobierno de Mauricio Macri modificó, mediante un decreto, la ley que limitaba la venta de tierras argentinas a multinacionales. “Hay una apropiación de riquezas inconmensurables por parte de sectores especulativos que utilizan como garantía estas tierras dentro del mundo financiero”, dijo Florencia Gómez, integrante del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra. Según un estudio del Ministerio de Agricultura, en 2015 se registraron no menos de 850 conflictos que afectaban a más de 60 mil familias campesinas.
La ley de Tierras, sancionada a fines de 2011 por el Congreso argentino, creó un Registro Nacional de Tierras donde los extranjeros que querían comprar tierras o inmuebles rurales debían ser habilitados por el registro.
En 2011, luego de la ley, el 6% de las tierras argentinas, unos 16 millones de hectáreas, estaban en manos de extranjeros, mientras que con este decreto se podrán vender más de 20 millones de hectáreas, extensión similar a la utilizada actualmente para la producción de soya en Argentina.
Una de las cuestiones más alarmantes de este decreto es que facilita la venta de terrenos con grandes extensiones de agua potable. Es conocida la historia de Joe Lewis, el multimillonario inglés que entre 1996 y 1997, compró un predio de 14 mil hectáreas a menos de 45 kilómetros de la ciudad de El Bolsón, al sur de la provincia de Río Negro, en torno al Lago Escondido. Desde entonces los habitantes de El Bolsón y la zona luchan contra la extranjerización de la tierra y por poder acceder al lago y su costa, que permanecen cerrados y custodiados por personal de seguridad contratado por Lewis.
Pero la historia no termina ahí: Lewis podría convertirse en el único proveedor de energía eléctrica de El Bolsón. El magnate inglés está terminando una central hidroeléctrica instalada junto al río Escondido, que es el desagüe natural del lago del mismo nombre. Ambos cursos de agua son de su propiedad. En 2010 el millonario recibió la autorización de parte de la Legislatura de Río Negro para la explotación del recurso hídrico durante 30 años. A cambio, la provincia recibirá el 12% de los ingresos del emprendimiento. Las autoridades le dieron cinco años para concluir la represa y su central, un plazo que terminó en diciembre pasado. Pero Lewis ya estaría en condiciones de hacerla funcionar y a un precio mucho mayor al actual. Según denunció el ambientalista Federico Soria, “el río tiene un caudal de 12 m3 por segundo y la intención de Lewis es derivar 8,5 para su central. Esto significa que en alguna parte del año estará seco”.
En Brasil la cosa no va mejor. El gobierno de Michel Temer tiene previsto enviar al Congreso un proyecto de ley que terminará con la prohibición para que los extranjeros compren tierras agrícolas. En la actualidad, los terratenientes del agronegocio controlan el 46% de la tierra.

Futuro
En Paraguay, el 85% de la tierra, es decir casi 28 millones de hectáreas de las tierras aptas para la agricultura y la producción forestal, están en manos del 2,5% de los propietarios, mientras que el 4,12% está en manos de los pequeños agricultores con menos de 20 hectáreas, que son un total de 260 mil familias.
Estimaciones recientes en Uruguay evidenciaron que 27 grupos transnacionales controlan un millón 640 mil hectáreas, un claro reflejo de los procesos crecientes de extranjerización de la tierra que han ocurrido en sectores clave como la agricultura extensiva y la forestación.
La discusión sobre la tenencia de tierras no se zanja actualmente entre capitales nacionales o multinacionales aunque en un futuro relativamente cercano puede ser determinante para la supervivencia de los pueblos. Como se sabe América Latina, y en particular Suramérica, es una de las reservas de recursos vitales más importantes del planeta. La extranjerización de la tierra significa el acceso de capitales y poderes internacionales a zonas de una riqueza natural invaluable que incluye terrenos para la cría de ganado, cultivos para la producción de alimentos, bosques y grandes extensiones de agua dulce.

Inés Hayes

A desalambrar

En América Latina existen cientos de organizaciones campesinas que luchan diariamente contra la extranjerización de la tierra, pero quizás la organización de mayor relieve sea el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) de Brasil. El MST nació en la década del ’70 bajo la bandera de la reforma agraria y la justicia social. Es el grupo más grande de Latinoamérica, formado por un millón y medio de campesinos sin tierra organizados a lo largo de 23 de los 27 Estados de Brasil. El movimiento está organizado por comisiones de campesinos: comisiones de bases en las comunidades, comisiones rurales, estatales y la Comisión Coordinadora Nacional. El órgano máximo es el Congreso Nacional que se reúne cada cinco años.
A lo largo de su historia, el MST ha luchado incansablemente por lograr la reforma agraria. Ha llevado adelante marchas, audiencias con gobernadores y ministros, huelgas de hambre, campamentos en las ciudades o en las entradas de los latifundios, ocupaciones de órganos públicos o de tierras improductivas. También se han ocupado de que el Estado garantice buenos servicios de salud y educación para que los campesinos y campesinas puedan seguir viviendo en el campo y no tengan que emigrar a las grandes ciudades. En 1987, el MST presentó, en conjunto con las demás entidades del movimiento sindical –Confederación Nacional de los Trabajadores en la Agricultura (Contag) y la Central Única de Trabajadores de Brasil (CUT)– un proyecto de reforma agraria firmado por un un millón 200 mil ciudadanos. El proyecto fue rechazado por el Congreso Nacional. En el Legislativo brasileño reside el verdadero factor de poder y presión para enajenar tierras y expulsar a sus habitantes.