La Convención Constitucional de Chile aprobó normas de derechos sociales, entre lo que destaca la educación superior gratuita, financiada con aportes del Estado, así como la salud por prestadores públicos y privados.

Sobre la educación superior, el texto dice: «El Estado deberá financiar este sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente, a través de aportes basales, a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación».

Por otro lado, se aprobó que el Estado «deberá articular, gestionar y financiar un Sistema de Educación Pública, de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativa».

«La educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación; su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado», agrega el texto, que deberá ser refrendado en consulta al pueblo chileno en septiembre próximo.

Actualmente, la educación pública se financia de la misma manera que la privada y otorga una subvención básica por estudiante, aunque en los privados las familias deben hacer un aporte adicional.

La educación superior, por su parte, es financiada por el estudiante o familia y cuenta con beneficios del Estado de acuerdo con su nivel socioeconómico.

También se estableció que la educación será de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media.

Salud

También se aprobó que «el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La Ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse al Sistema Nacional de Salud».

Además, la Convención aprobó un artículo que señala que «los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas de salud y a conservar los componentes naturales que las sustentan».

Actualmente, el Sistema de Salud Público es administrado por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que consiste en un esquema solidario financiado con aportes del Estado más los que realizan los trabajadores a través del 7% del sueldo.

De aprobarse la nueva Constitución, el presidente deberá presentar un proyecto de ley para implementar el nuevo Sistema Nacional de Salud.

El 4 de julio de este año vence el plazo de entrega del borrador de la nueva Constitución, que se votará en un plebiscito obligatorio el 4 de septiembre.

La noticia en audio (voz: Salvatrice Sfilio)

Únete a América XXI