En Colombia al menos 1.2 millones de profesionales, técnicos y personas del nivel asistencial, están vinculados al servicio estatal bajo la figura de OPS o contrato, como se le conoce coloquialmente.

Lo grave del asunto es que fortalecer la incorporación temporal bajo esta modalidad, se convirtió en el caballito de batalla para que los políticos (¿o será politiqueros?) puedan presionar al beneficiario y que, periódicamente, consiga un determinado número de votos y así asegurar la permanencia en cargos de elección popular o corporaciones públicas.

Es humillante. No respeta la dignidad del trabajador y, encima, deben pagar el “diezmo”. Y que no se vaya a enojar el vallecaucano John Milton, porque no estoy hablando de los grupos religiosos. Me refiero a los directorios partidistas que piden “cuota” bajo el pretexto de que es para fortalecer el trabajo de la colectividad.

—La baronesa me hizo nombrar por contrato. Debo darle una tajada al partido y, al concejal de Cali que me sostiene el contrato, otra parte—nos dijo alguien que lleva seis años bajo esta singularidad. Por supuesto, en caso de demanda, no es el único al que podríamos hacer citar a un juzgado como testigo. Como él, muchísimos más dispuestos a prender el ventilador. No es un fenómeno propio del Valle del Cauca. Se volvió endémico en todo el país, como el Covid-19.

De los honorarios por $3.2 millones que le asignan, debe pagar todo lo referente a seguridad social y los diezmos. Le quedan solamente $1.7 millones. ¡Y con esa plata debe sobrevivir junto con su familia y darle “refrigerio” a los 60 parroquianos a los que invita a las reuniones partidistas!

Alrededor del tema, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Francisco Maltés Tello, advirtió que esa práctica denigrante debe terminar. “Esa figura contractual deja a estas personas sin la posibilidad de recibir las prestaciones legales que, si tienen aquellos que están vinculados a la planta oficial, aunque desempeñan igualmente funciones misionales. Muchos cumplen horario y en la práctica son tratados como empleados.”, dijo.

Ese pronunciamiento, viniendo de la central obrera más grande del país, tiene mucho peso y está en consonancia con el anuncio del presidente, Gustavo Petro Urrego, en el sentido de que se deben desmantelar las nóminas paralelas en las entidades oficiales.

“Millares de personas llevan años trabajando en esas condiciones, sin los beneficios que se derivan de estar dentro de una planta de empleados”, explico Maltés Tello.

Un ejemplo claro lo representa el SENA. Allí hay aproximadamente 30 mil personas por contrato de prestación de servicios, muchos de ellas como instructores. Igual ocurre en las universidades públicas, colegios y otras entidades.

Acabar con esa modalidad perversa de la contratitis abriría la posibilidad para que el 70% de quienes hoy enfrentan ese calvario, puedan gozar de las prestaciones legales y se liberen de los politiqueros, que son los modernos esclavistas en el territorio colombiano.