El relator especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos de Naciones Unidas, Marcos Orellana, dijo que el “uso desmedido” de agrotóxicos en Paraguay “está envenenando el país”, y afectando a la vida y la salud de sus ciudadanos. Resaltó a su vez que pese a todas las leyes ambientales con las que cuenta Paraguay, la gran mayoría no se cumplen.

Lo hizo anticipando el contenido del que será su informe final a presentarse ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2023 en el que se espera ratifique el llamado a la comunidad internacional a ponerle fin a los dobles estándares del comercio de pesticidas.

Orellana (foto), que visitó el país entre el 3 y el 14 de octubre, se reunió con funcionarios gubernamentales, familiares de víctimas, representantes de la sociedad civil, el sector privado y las agencias de la ONU. También viajó a comunidades campesinas y pueblos indígenas en los departamentos de Presidente Hayes, Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro y Guairá.

“Quisiera mencionar, como ya he hecho en repetidas ocasiones, el aberrante doble estándar de países que prohíben el uso de pesticidas porque son peligrosos para la salud y el medio ambiente, pero a la vez permiten su producción y exportación a países en desarrollo”, señaló el relator de la ONU.

Orellana especificó que el promedio de pesticidas vertido anualmente es de 4,25 litros por hectárea y viene creciendo. “Este dato, que sería preocupante por sí mismo, resulta aún más escalofriante cuando se tiene en cuenta que los agrotóxicos más importados en el país son el glifosato, el 2,4-D y el paraquat. Estos pesticidas son altamente peligrosos”, expresó.

Paraquat está prohibido en la Unión Europea desde 2007 y en Suiza desde 1989, porque es peligroso aún usando equipos de protección.

“Me gustaría recalcar, como hemos hecho varios relatores especiales en repetidas ocasiones, que es un mito que los agrotóxicos sean necesarios para alimentar al mundo. Es preocupante ver la influencia indebida de las empresas en la política pública sobre agrotóxicos en Paraguay. El modelo de producción agraria instalado se caracteriza en gran medida por los monocultivos de soja y la utilización de agrotóxicos”, apuntó el experto en una rueda de prensa en la sede de la Biblioteca del Congreso en Asunción.

Tuvo especial mención a las comunidades campesinas afectadas por el aumento incesante de fumigaciones aéreas y terrestres de pesticidas peligrosos. “Es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a un medio ambiente saludable y proteger a la población de los efectos del uso de pesticidas”, apuntó.

Orella también resaltó que la concentración de la tierra en unas pocas manos y la consecuente exclusión de amplios segmentos de la población ha agravado la situación que atraviesa el país. Apuntó que la superficie utilizada por el agronegocio creció un 234% en las últimas dos décadas, mientras que la superficie para la agricultura campesina bajó casi en un 50% en el mismo periodo, resaltando la necesidad de un censo agropecuario.

“Actualmente, el 94% de las tierras agrícolas en Paraguay está destinada a la agroindustria dependiente de insumos químicos”, recordó.

En la oportunidad hizo un llamamiento al Estado a ratificar el Acuerdo de Escazú sobre derechos medioambientales: «Es particularmente alarmante el rol que han jugado el arzobispado de Asunción y ciertos sectores empresariales en Paraguay en difundir información falsa sobre el Acuerdo, lo que contribuyó a la decisión del Poder Ejecutivo de retirar el proyecto de ley para su aprobación en el Senado», criticó.

Requirió también aplicar lo estipulado en los dictámenes del Comité de Derechos Humanos sobre los casos de Campo Agua’e y Colonia Yerutí.

“Han transcurrido tres años desde el dictamen de Colonia Yerutí, un año desde el dictamen de Campo Agua’ẽ, y más de una década desde que las comunidades interpusieron sus primeras denuncias en Paraguay”, explicó. “Es más, no solo no se han cumplido los dictámenes, sino que se siguen esparciendo agrotóxicos alrededor de estas comunidades”, reprochó después.

Tras calificar de “alarmante” las informaciones sobre vulneraciones contra defensores de los derechos humanos dijo que era preocupante la “utilización del derecho penal” para reprimir la protesta y la articulación social. “Quienes se oponen a la contaminación de sus comunidades son muchas veces criminalizados por el Ministerio Público”, denunció.

“Existe una necesidad urgente de que se respete y se garantice el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos frente a las amenazas que suponen las sustancias tóxicas en Paraguay, tanto por parte del Estado como por parte de las empresas involucradas”, enfatizó.

Señaló allí que las comunidades afectadas por el agronegocio perdieron territorios y contrajeron enfermedades, discapacidades, muertes en el marco de conflictos sociales y judiciales.

La falta de franjas de protección o barreras vivas entre cultivos y comunidades, el incumplimiento de las restricciones que existen debido a las condiciones de viento y temperatura bajo las cuales se pueden realizar fumigaciones, la ausencia de medidas de fiscalización y control, fueron señaladas por Orellana: “He podido ver con mis propios ojos el flagrante incumplimiento de esta ley ante la falta de franjas de protección, lo que resulta en la deriva de pesticidas sobre los cuerpos, viviendas y cultivos de las comunidades aledañas”, dijo.

Responsabilizó de la situación al Servicio de Calidad y Sanidad Vegetal (Senave) recordando que desde el 2003 Paraguay entró en la lista de “países preocupantes” de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y que desde 2007 las advertencias fueron profusas al estado nacional.

“Empezando por el desalojo de campesinos e indígenas de sus tierras y llegando hasta la muerte por envenenamiento, el uso masivo e indiscriminado de agrotóxicos en los cultivos de Paraguay ha creado una situación insostenible para comunidades que ya se encontraban en una marcada situación de vulnerabilidad”, alertó.

“El Ministerio (de Salud) actualmente cuenta con una herramienta que en la práctica solo capta casos de intoxicaciones agudas graves. Por otro lado, las comunidades han normalizado afectaciones como los dolores de cabeza y náuseas, y el sistema de salud no registra estos casos como exposición por plaguicidas”, declaró.

“Me entristece enormemente ver que, en la Región Oriental, más del 20% de escuelas están rodeadas por cultivos y fumigaciones que no cumplen con las medidas de protección establecidas en la ley 3742”, lamentó.

Deforestación y contaminación

Mostró a su vez la gravedad del incumplimiento de la llamada “Ley de Deforestación Cero”, aprobada en 2004, mostrando mapas que revelan cómo entre 2006 y 2016 la deforestación promedio en la región Oriental fue de 60 Há. por día.

Mencionó que la deforestación se da en un contexto de inequidad territorial y tierras otorgadas ilegalmente a quienes no eran sujetos de la Reforma Agraria durante la dictadura del general Alfredo Stroessner. Las llamadas “tierras malhabidas” alcanzan alrededor del 20% del país y son de las mejores tierras de cultivos, lo cual genera conflictos territoriales y exclusión.

Por otra parte recordó también que el país “no cuenta con una definición ni clasificación de los residuos peligrosos, ni con reportes reales de generación de residuos peligrosos”.

Reportó entonces que en 2017 la Universidad Nacional de Asunción (UNA) detectó éter metiltert-butílico (MTBE) -usado como oxigenante en la gasolina- en el acuífero Patiño y recordó los “graves impactos” que causan el mercurio y el cianuro en explotaciones de oro en el distrito de Paso Yobái, en el Guairá: “Se han revelado altos niveles de contaminación por mercurio en los peces de los arroyos y en los trabajadores de las minas”.

Apuntó que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no tiene la capacidad para medir contaminantes emitidos al aire, que no monitorea las dioxinas que generan las incineraciones de neumáticos por las cementeras, las que son extremadamente peligrosas para la salud humana. “Esto crea una situación en la que las empresas se autofiscalizan. El Estado no debería abandonar de ninguna manera su rol fiscalizador”, dijo.

Buenas prácticas

El enviado relató que tuvo la oportunidad de visitar el asentamiento de Crescencio González:

“El asentamiento, un territorio de 5.000 hectáreas de propiedad estatal con 1.300 habitantes distribuidos en diez núcleos dispuestos en forma radial, con cultivos en expansión circular, demuestra los beneficios económicos, comunitarios y ambientales de una producción libre de agrotóxicos”, dijo destacando que de esa manera lograron alcanzar la seguridad alimentaria, ya que sus cultivos son suficientes para comer, vender en ferias e incluso dar en solidaridad a otras comunidades campesinas.

Relatores

Los relatores especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión establecidos por el Consejo para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno y organización y actúan a título individual.

Artículo publicado en el digital paraguayo E´a