Por Jorge Zárate

La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que deroga un convenio que el país firmó con la Unión Europea (UE) por 38 millones de euros, no reembolsables, que ayudan a sostener el magro presupuesto educativo del país.

Lo hicieron a pedido de la Red Ciudadana por la Niñez y Adolescencia (Recnapy) que integran 35 organizaciones de padres “pro familia”, un grupo de ultramontanos que vienen protestando contra el Plan de Transformación Educativa (PNTE) un intento del ministerio de Educación (MEC) por aggiornar los contenidos que se enseñan en la escuela pública buscando promover la inclusión, la multiculturalidad y el enfoque de derechos.

“La ideología de género es pedofilia, la ideología de género es sexo con niños. Así de directos tenemos que ser”, dijo Gabriela Vergara, de la organización Vida y Libertad, como para explicar el nivel de barbaridad que profesan.

Asi fue que promovieron el proyecto de Ley “Que deroga la vigencia de la Ley N°6659/20, Que aprueba el convenio de financiación entre la Unión Europea y Paraguay para el programa de apoyo a la transformación del sistema educativo en PY. Y sus anexos”.

Durante última sesión de noviembre pasado, 63 de los 80 miembros de la cámara baja, principalmente del oficialista Partido Colorado, pero también del principal partido de oposición, el Partido Liberal (PLRA) y el derechista Patria Querida (PQ) unificaron votos para dar curso al insólito proyecto. Ahora pasó al Senado donde se espera una ardua disputa.

Por lo pronto, los antiderechos promovieron una audiencia pública para favorecer la derogación del acuerdo el pasado 21/11 en la que se escucharon comentarios absurdos y hasta el borde del delirio avalados por el senador colorado Enrique Riera y sus pares liberales Abel González y Blas Lanzoni, que presidieron un “debate” donde las menciones a las “buenas costumbres” la “cultura de nuestro país” “la familia, que se desempeña como la base de la sociedad”, se reiteraron profusamente.

Honor Colorado, la facción del oficialismo que lidera el ex presidente Horacio Cartes, viene dando un apoyo sostenido a estos grupos de padres que llegaron a protagonizar una multitudinaria marcha a fines de octubre pasado ayudados con la logística del movimiento político.

“Desde un principio, siempre hemos asumido una postura clara en defensa de la familia, la vida y los niños. No podemos ignorar la clara manifestación popular de los padres en contra de la transformación educativa”, manifestó Raúl Latorre diputado del sector. “Estoy convencido de que con la media sanción, vamos a transmitir un mensaje claro y contundente a nuestra nación y al mundo entero, de que vamos a defender la soberanía de nuestro país y no vamos a permitir que ideologías foráneas penetren en nuestro país”, indicó.

El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj-Py) dijo que “la aprobación bordea los perfiles de una significativa violación de derechos humanos” y que “es una preocupante expresión de la violencia impune que caracteriza a la Cámara Baja… con razones que no poseen ninguna relación con principios de derechos humanos y de convivencia democrática”.

Merienda escolar

El dinero del convenio con la UE es utilizado por el estado paraguayo como un apoyo presupuestario para financiar la alimentación escolar, útiles y también para intervenir de emergencia en cuestiones de infraestructura.

Por ejemplo, permitirá comprar 1, 8 millones de raciones de almuerzo y merienda escolar,75 mil kits de útiles escolares, 47 mil vouchers para la adquisición de materiales didácticos para los que cursan el bachillerato, la comrpa de un libro de matemática y uno de Lengua Castellana para los estudiantes desde el 1er grado hasta el 3 año de la secundaria e inclusive algunos fondos para infraestructura escolar.

El canciller Julio César Arriola mostró preocupación por la situación y dijo que una eventual aprobación en el Senado sería “un revés muy grande para la cooperación” con el país ya que podría afectar otras áreas del estado.

“Nos preocupa enormemente porque Paraguay siempre fue un socio serio y respetuoso de las reglas de juego. Este convenio está sobre las leyes nacionales en el orden de prelación jurídica, según lo que establece la Constitución Nacional”, expresó.

Ciberacoso

La periodista y presentadora de televisión Menchi Barriocanal fue sometida a “doxing”, como se denomina a la práctica de divulgar el número telefónico de una persona pública en redes sociales, un tipo de violencia digital que crece ante la falta de regulaciones y sanciones de los estados.

El presidente de la Asociación de Consumidores (Asucop), Juan Vera, posteó en redes el siguiente mensaje: “Padres, madres y abuelos del Paraguay: Envíen mensajes repudiando a Menchi Barriocanal, +5959…. Por su campaña de odio y engaño contra nosotros, defendiendo la ley 6659/20 que condena a nuestros niños para ser homosexuales y lesbianas”.

La delictiva instigación derivó en mensajes irreproducibles que llegaron al teléfono de la comunicadora que recibió muestras de solidaridad del Sindicato de Periodistas (SPP), organizaciones sociales y civiles.

“Y déjenle a los niños, sin la merienda, sin kits escolares, sin reparación de aulas, ustedes señores diputados que están en contra de este financiamiento son los responsables que los niños se queden, sin comida y con los techos que se le caigan encima, ustedes van a ser los responsables. Dejen de mentir y no usen a la educación como parte de una campaña política perversa, porque eso lo que están haciendo. Me enoja, me ofusca, me pone mal, porque hay miles de niños en este país que no tienen hoy una merienda escolar y es por culpa de ustedes, bandidos, ratas que son, ratas”, dijo en un programa de radio.

“Partida de delincuentes que son y encima se llenan la boca para hablar de moral y de familia, por favor, ¿quién no los conoce?”, expuso Barriocanal.

Entre tanto, uno de los ideólogos del movimiento antiderechos, el sacerdote Jesús Montero Tirado, presentó el libro titulado «Por qué rechazamos el Plan de Transformación Educativa».

Según el religioso, el mismo “traiciona a la cultura paraguaya”, así como a “los principios y valores cristianos de casi la totalidad del pueblo paraguayo, pretendiendo entregar sumisamente la educación paraguaya, en manos y poder de extranjeros”.

Histórica desinversión

Una plataforma que reúne a Ongs paraguayas presentó recientemente un análisis del Presupuesto General de la Nación (PGN) a la que consideró la “principal herramienta para el desarrollo del país” que este año será de unos 14.500 millones de dólares (105,3 billones de guaraníes).

“Japoli, plataforma ciudadana de vigilancia y acción contra la desigualdad”, mencionó en su hoja de datos a las instituciones afectadas por recortes presupuestarios que justamente son las “que tienen a su cargo garantizar los derechos de poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad que dependen de sus servicios y programas de protección social”

Los comentarios dan cuenta que se verá afectado el Derecho a la Protección de la Niñez y la Adolescencia: “Las estimaciones del Instituto de Estadísticas (INE), indican que la población de Paraguay será de 7.554.796 personas al año 2023, de las cuales 2.521.145 serán niñas, niños y adolescentes (NNA). Es decir, 33,4% de la población paraguaya tendrá entre 0 a 17 años en dicho año”.

Lo cierto es que para el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) en 2023, se prevé un presupuesto de 101.030 millones de guaraníes (Unos 14 millones de dólares), esto implica una inversión de solo 110 Gs. diarios (0,01 centavo de dólar) por cada niña, niño o adolescente en el país.

Datos del 2021, indicaron que cerca del 37,9% de la población de NNA vive en situación de pobreza (extrema y no extrema). Una de las causas de la exclusión educativa tiene relación con la falta de recursos de las familias para enviar a las niñas, niños y adolescentes a la escuela, dado que no tienen condiciones para su alimentación, vestimenta, compra de útiles y movilidad para llegar a los centros educativos.

“El Programa de Alimentación Escolar sufrirá una reducción de 14,1% en concepto de almuerzo escolar, afectando a 16 de los 17 departamentos de Paraguay. Esta disminución es alarmante teniendo en cuenta que, en muchos casos, este es el único alimento al cual acceden a diario miles de niños”, recordaron.

En lo que hace a la salud, recordaron que para el 2023, el presupuesto proyectado del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) tendrá una reducción del 11,3% en relación al 2022.

El Instituto del Cáncer (INCAN) tendrá una disminución de 21,8% en su presupuesto, afectando de manera directa a miles de pacientes oncológicos. Considerando solo el 2019, el cáncer fue la segunda causa de muerte en Paraguay con 5.089 defunciones.

Los Consejos Locales de Salud del país recibirán cerca de 67,2% menos de las transferencias del tesoro.

También sufrirán recortes el presupuesto del Ministerio de la Mujer que sufrió una reducción del 6,6% lo que hará que el estado invierta sólo 15 guaraníes por día en cada una de las 3.754.061 mujeres que habitan el país.

El Programa de prevención de violencia hacia las mujeres y trata de personas sufrirá una reducción del 81,4% de su presupuesto en relación al 2022; pasando de 59 a 11 millones de guaraníes.

Para coronar los recortes, para el año 2023, el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) prevé un aumento del 3,2% respecto al presupuesto aprobado en 2022, sin embargo lo destinado al programa Tenonderã para la Inclusión económica de las familias en situación de pobreza, tendrá una disminución del 0,3%.

“En 2021, cerca de 9.500 familias recibieron un capital semilla (83,2% a mujeres), totalizando una inversión en transferencias monetarias de 28.500 millones de Gs., en promedio 3 millones por familia. Si bien el monto destinado a las transferencias se mantiene, sí disminuyen los gastos en servicios personales y no personales, lo que podría implicar una disminución en la calidad de los servicios de capacitación y acompañamiento, acciones que son indispensables para todo proceso de fortalecimiento económico familiar e inclusión social”, consideró Japolí.

Lectura complementaria:

Religiosos y políticos alientan a antiderechos en Paraguay