La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, inició este jueves una ronda de diálogo con varias bancadas del Congreso, como parte de su plan de estabilización política e institucional, reducir la confrontación entre los poderes del Estado y contener la voracidad de la extrema derecha.

En la sede de Palacio de Gobierno en Lima fueron citados representantes legislativos de los partidos Cambio Democrático, Avanza País, Somos Perú, Fuerza Popular y Perú Bicentenario.

Se trata del primer acercamiento entre el Legislativo y la administración de Boluarte tras asumir el cargo el pasado miércoles, poco después de que fue destituido Pedro Castillo de la Presidencia por «incapacidad moral permanente».

Luego de la reunión, Boluarte y Adriana Tudela, portavoz de la bancada Avanza País, se mostraron optimistas por los resultados de las conversaciones y los temas que fueron abordados.

«Esperamos que se impulse una reforma política para generar los cambios de fondo que sean necesarios y recuperar la confianza de la ciudadanía en las autoridades, generar un sistema democrático más sólido y sostenible en el tiempo», declaró Tudela.

Explicó que han conversado, entre otros temas, sobre la importancia de iniciar una reactivación económica con reformas necesarias que generen seguridad a la inversión privada y al sector empleo.

Asimismo, dijo que su bancada pidió al Gobierno dar «señales claras» para avanzar en las investigaciones contra quienes «resulten responsables» de actos de corrupción en la gestión que presidió Pedro Castillo.

Mientras tanto, el Poder Judicial dictó la detención preliminar por siete días del ex presidente Castillo, en el marco de una investigación en su contra por un presunto delito de «rebelión» tras haber intentado disolver el Congreso.

La detención preliminar, vigente hasta el 13 de diciembre, fue dictada por el magistrado tras considerar que el ex mandatario incurrió en la presunta comisión de un delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional.

Castillo, quien fue detenido la tarde del miércoles por la policía luego de ser destituido por el Congreso, se encuentra en la cárcel limeña de Barbadillo, donde está recluido el ex mandatario Alberto Fujimori (1990-2000) cumpliendo una condena de 25 años de prisión.

En la audiencia, el fiscal adjunto supremo Marco Huamán dijo que la medida era necesaria para identificar qué funcionarios participaron en el presunto delito de rebelión y evitar el riesgo de que Castillo se fugue a otro país.

Argumentó que tras salir de Palacio de Gobierno el miércoles, el ahora ex presidente se dirigía a la Embajada de México para solicitar asilo, cosa que luego confirmó el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador.

Durante la audiencia, estuvieron junto a Castillo su abogado, Víctor Pérez, y el ex primer ministro Aníbal Torres, quien apoya en su proceso de defensa.

Al ejercer su defensa, Pérez negó que la acción de su representado configure una «rebelión» porque el cierre del Parlamento no implicó un levantamiento en armas.

Castillo fue detenido tras ser destituido con 101 votos por el Congreso, organismo que el ex mandatario decidió disolver sin éxito horas antes al argumentar que éste usaba la figura de la vacancia (destitución) presidencial como un «mecanismo de control político» en su contra.

La noticia en audio (voz: Salvatrice Sfilio)

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