Corte de Brasil confirma la operación judicial contra Lula
El Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño concluyó que el proceso judicial que condenó y encarceló a Luiz Inácio Lula da Silva, se apoyó en pruebas viciadas y contó con la participación de un grupo de funcionarios encabezados por el entonces juez Sergio Moro, luego ministro de Justicia de Jair Bolsonaro.
A través de una sentencia publicada este miércoles, la Corte determinó que la detención del por entonces candidato presidencial Lula, en abril de 2018, cinco meses antes de las elecciones, fue «uno de los más grandes errores judiciales de la historia del país».
Según el falo, aquel «error histórico», dispuesto por el juez Moro, fue «un montaje fruto de un proyecto de poder de determinados agentes públicos cuyo objetivo era la conquista del Estado por medios aparentemente legales, pero con métodos y acciones contrarios a la ley».
El STF, la máxima corte de Brasil, aceptó este miércoles una petición de la defensa de Lula y anuló las pruebas logradas a partir del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht, al considerar que fueron obtenidas de forma ilegal por Moro y los fiscales de la operación Lava Jato.
El fallo del juez de la Corte Antonio Dias Toffoli indicó que las supuestas confesiones forman parte de artilugios ilegales de «tortura psicológica» que tuvieron como objetivo, entre otros, obtener pruebas falsas contra inocentes.
La resolución del máximo tribunal calificó como «algo armado» la condena a prisión que proscribió a Lula de las elecciones de 2018, que allanó el camino para el triunfo del extremista de derecha Jair Bolsonaro.
Tras la resolución de la Corte, los acuerdos de delaciones premiadas a Odebrecht firmados en el marco de Lava Jato en 2017 deberán volver ahora a jueces de la primera instancia para revisarse.
Toffoli consideró que no hubo un procedimiento adecuado y comparó lo ocurrido con las torturas que la dictadura militar ejerció contra los presos políticos.
El magistrado afirmó que los agentes públicos «se valieron de verdadera tortura psicológica para obtener pruebas contra inocentes» y que actuaron con parcialidad y fuera de su esfera de competencia.
De esa forma, invalidó elementos de prueba contenidos en los «sistemas de sobornos» que fueron presentados por Odebrecht para corromper políticos, financiar campañas electorales y hacer cartel con otras constructoras para ganar licitaciones públicas.
El acuerdo entre el Ministerio Público Federal y Odebrecht fue firmado en diciembre de 2016 y ratificado, en el ámbito de Lava Jato, en mayo de 2017, por el entonces juez Moro.
La empresa se comprometió a revelar conductas ilícitas y a cesar las prácticas con pago de multas en Brasil, Suiza y Estados Unidos y su entonces presidente, Marcelo Odebrecht, fue detenido. Al menos 87 personas involucradas participaron de los acuerdos de delación.
Lula fue preso en abril de 2018 acusado de corrupción pasiva y blanqueo de dinero, y salió de la cárcel tras 580 días, en noviembre de 2019, después de que el Supremo decidiera que una persona sólo puede cumplir condena cuando se agotan todos los recursos.
Posteriormente, en 2021, la corte anuló las sentencias contra el mandatario al considerar que Moro y los fiscales persiguieron políticamente al líder del Partido de los Trabajadores (PT) para retirarlo de la vida política y permitir la victoria de Bolsonaro.
En su fallo, Toffoli indicó que la detención de Lula «fue el verdadero huevo de serpiente de los ataques a la democracia y a las instituciones que ya se presagiaban en las acciones y voces de estos agentes contra las instituciones y el propio Supremo Tribunal Federal».
