Principales actores en la defensa de los derechos humanos comentan qué puede pasar con la condena de Eusebio Torres Romero por torturas durante la dictadura. Aún quedan dos decenas de casos que podrían ser llevados a juicio oral. Otros 60 están por ser analizados por el Ministerio Público. El reclamo de memoria, verdad y justicia renace en estos días y siempre.

«¡Eres un gran triunfo…! Esta sentencia hay que cuidarla cada día hasta que quede firme”, dice María Stella Cáceres, directora del Museo de la Memoria: Dictadura y Derechos Humanos celebrando la condena de 30 años al represor Eusebio Torres Romero.

El pasado 20 de febrero, destacando que los crímenes de lesa humanidad no tienen plazo de prescripción, el Tribunal de Sentencia integrado por Juan Francisco Ortiz, Rossana Maldonado y Manuel Aguirre dio un paso fundamental.

El juez Ortiz expresó: «El bien jurídico afectado en este caso es la dignidad humana». El juez Aguirre condenó la actitud de Torres Romero: «No mostró ningún remordimiento. La policía está ahí para protegernos y no para torturarnos».

Rogelio Goiburú, director de Memoria Histórica del Ministerio de Justicia, comenta al respecto: «Siento una enorme satisfacción y tranquilidad, sobre todo por quienes llevamos tantos años luchando para que finalmente, después de 35 años, llegue una sentencia». Señala que por la magnitud de los años de condena marca un antes y un después en el tema de los crímenes de lesa humanidad».

Agrega que “es la primera vez que un funcionario estatal recibe una condena de 30 años”. Sabemos que no va a cumplir su pena en prisión, pero simbólicamente es importante que haya voluntad de hacer cumplir la ley, que las normas no estén para que la gente las pisotee y entiendo que eso también frenará cualquier psicópata de . el momento de querer ‘seguir órdenes’ de torturar a otros».

Hechos probados

El Tribunal de Sentencia demostró que Torres Romero, en abril de 1976, infligió torturas físicas y psicológicas a Carlos Casco y a su esposa, Teresa de Jesús Aguilera, quien se encontraba embarazada en ese momento, así como a Luis Alberto Casco, hermano de aquél.

Eusebio Torres «Tejuruguái (látigo, en guaraní – foto superior)» fue el apodo del torturador que fue reconocido por unos 20 testigos durante el juicio oral que se desarrolló desde el pasado 6 de febrero.

Torres Romero, quien además de haber sido comisario, jefe de investigaciones de la Policía Nacional y abogado, intentó afirmar, declarando desde su domicilio por teleconferencia, que los testigos lo confundieron con otra persona.

Cáceres muestra su enojo con esta situación: “Es imposible que la gente se confunda. Si fuera un tipo común, todavía. Era una imagen imponente, por altura, expresión del rostro que no pasa inadvertido, no era una persona de pequeña estatura que se podía confundir… era visible, soberbio, es difícil que alguien se pueda confundir”, apuntó. “Además de ser abogado, violentando todos los principios éticos”, agregó.

Para Goiburú, durante la llamada “transición democrática”, que algunos científicos sociales juzgan terminada, “lo que no tuvimos verdaderamente es justicia. Aunque esta persona se vaya a su casa, son las barbaridades del régimen que utilizaron a estos personajes las que también se exponen. Este fallo abre las puertas para seguir luchando, brinda herramientas, nos carga el tanque en la búsqueda permanente de verdad y justicia”.

María Stella Cáceres

Otras causas

El camino continúa, ya que existen otros 22 juicios que están en el Poder Judicial y otros 57 casos elevados por la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) al Ministerio Público para su investigación, según reveló Rosa Palau, coordinadora del Museo de la Justicia, popularmente conocido como Archivo del Terror.

El Archivo, hallado en Lambaré el 22 de diciembre de 1992, contiene unas tres toneladas de papeles que prueban el mecanismo de represión del régimen de Alfredo Stroessner y la coordinación de las dictaduras del Cono Sur para hacer lo propio en los países vecinos en el marco. del Plan Cóndor.

El Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos sirvió como soporte documental a numerosos juicios realizados contra represores paraguayos, argentinos, chilenos y uruguayos por su participación en la desaparición de personas en el marco del Plan Cóndor.

“Fue un fallo sorprendente que recibimos con mucha alegría porque es aleccionador”, señala Palau. “La Justicia cumplió con las víctimas, es una reparación simbólica a todo lo que han sufrido ya los muchos que murieron sin ver esto. La tortura no prescribe, es una lección para los que siguen torturando en comisarías. Para la próxima, ya saben que tienen 30 años, sienta un precedente importante que da aire fresco a la democracia, brinda la sensación de que las cosas pueden hacerse”, sostuvo.

Para José María Costa, director de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que da seguimiento a los casos, «lo que diferencia a este de los otros juicios, el de Mario Schaerer Prono, por ejemplo, se llevó a cabo por el Código Procesal Penal (CPP) vigente que establece el juicio oral, los demás fueron juicios escritos y por el código anterior. Aquí pudimos ver a 20 testigos y, a partir de ellos, escuchar de una fuente directa «tal estaba en la policía, tal dirigió las torturas, etc.», destacando la agilidad del proceso y las posibilidades de comprender la escena del crimen en la medida que esto proporciona la técnica

Costa recuerda que los 22 casos remitidos a la jueza Dina Marchuk aún deben ser analizados para determinar su procedencia para el juicio oral. «Vale decir que en muchas de esas carpetas aparece Eusebio Torres como imputado», recordó Costa.

Qué sigue

María Stella Cáceres entiende que el fallo «parece haber reavivado el espíritu de solidaridad entre las víctimas, que espero que continúe». Siento que se ha inyectado energía e interés a las nuevas generaciones y ha tenido un impacto internacional muy importante”, comenta. Cáceres es esposa del educador, abogado y activista de derechos humanos Martín Almada, descubridor del Archivo del Terror y Premio Nobel Alternativo.

Rogelio Goiburú

“Esta situación nos anima a seguir en el Museo de las Memorias agendando visitas escolares porque mostrar esta mínima parte del sistema ayuda a que la gente se haga una idea. En realidad, casi toda la manzana donde se ubica el Museo fue utilizada para detenciones ilegales y torturas. También nos anima a mantener activa la red internacional por la verdad y la justicia para que esto no vuelva a suceder, pero nunca más», afirma.

Rogelio Goiburú, cuyas excavaciones durante casi dos décadas permitieron recuperar 44 cadáveres, de los cuales cuatro fueron identificados, entiende que el fracaso lo moviliza a «investigar, hablar con familiares y víctimas, buscando siempre testigos, personas, militares, policías». Tengo como 30 lugares para cavar, pero necesitamos un compromiso del Estado, un presupuesto para ir a trabajar, necesitaríamos unos 30.000 dólares al año”, afirmó.

«Tenemos tres sitios donde presumiblemente papá (Agustín Goiburu, político colorado opuesto a Stroessner, desaparecido a causa del Plan Cóndor en 1977) puede estar», afirma.

«Con los recursos que me dieron, usé la mitad en Caaguazú» en una excavación de 2022 buscando los restos de 10 campesinos desaparecidos en marzo de 1980. «Tengo que seguir ahí porque tenemos cosas nuevas y, aunque no Al encontrar los cuerpos, tengo nuevos indicios de lo que pudo haber sucedido. Parece que los sacaron de allí (donde buscaron) y los tiraron a otro lado, que ya sé dónde puede ser”, comenta.

«Estoy muy ilusionado, a pesar de las dificultades y obstáculos. Viví 40 años en el exilio y siempre quise venir a mi tierra. Estoy muy feliz, es un logro para todos, los luchadores, la sociedad, la gente que ama su historia. Por eso seguiremos luchando inspirados en nuestros héroes militares y civiles de la Triple Alianza, la guerra del Chaco, del 47”, puntualizó.

Una mirada especial

Son varios los lentes que captan el juicio, los testimonios de las víctimas, la impasibilidad del imputado Eusebio Torres Romero desde la teleconferencia, las manos, los gestos, pero entre ellos destaca la mirada de Alegría González.

«Mis abuelos eran represores», dice esta joven que pertenece al grupo internacional Historias Desobedientes, integrado por familiares de quienes fueron represores o los apoyaron desde posiciones de poder, que están comprometidos con la verdad y la justicia.

«En mi posición conviven dos dimensiones. Una colectiva, que entra en la militancia para que se esclarezcan los crímenes, y una dimensión afectiva, que me encuentra desde el otro lado, que no puede evitar pensar en qué hubiera pasado si mis abuelos hubieran pasado por este proceso judicial», dice en diálogo con La Nación/Nacion Media.

Su abuelo materno, César Benítez Bogado, fue delegado de gobierno en tres departamentos durante la dictadura, en San Pedro, Ñeembucú y Paraguarí. Su bisabuelo paterno fue jefe de investigaciones ante el Pastor Coronel. Su tío abuelo, José Alberto “Icho” Planás, aparece en el informe de la Comisión de la Verdad y Justicia (CVJ) entre los 3.336 beneficiarios de las más de 7 millones de hectáreas de tierras destinadas a la reforma agraria que Stroessner distribuyó a políticos, militares y favoritismo.

«(Eusebio Torres) su hijo lo estaba defendiendo. Entonces ahí toma la importancia de nuestra posición para poder agilizar los actos de justicia”, afirma. «Pensé en hablar con el hijo y decirle que existe este tipo de posibilidades que tomamos. Era difícil no enojarse cuando el hijo escuchaba esos testimonios con gran detalle. ¿Qué emociones y qué distancia y frialdad te pones para tener esa posición?”, cuestiona.

Sin receta

Para González, el fracaso «fue súper importante, tardío pero contundente. «Deja muy claro que estos delitos no prescriben», señala.

“Nací en 1995 en lo que fue la transición, la post-transición y en mi educación eso tampoco fue cuestionado. No se habló mucho de ello, fue como un punto de la historia donde no se analizaron las consecuencias que nos dejó. «Esto es como macro, pero en micropolítica tuve una ruptura familiar, pero siento que es un camino que sigue mucha gente en Argentina, Brasil, España, El Salvador, hay acciones concretas que el grupo intenta acompañar en cada territorio». , él dice.

«Para mí, esto implicó crisis, dolor, pero debo separar la culpa y la vergüenza. Yo estoy aquí y trato de asumir socialmente esta impunidad en la que murieron mis abuelos”, dice con valentía.

«Hay más de 100 torturadores vivos a los que nadie toca»

Rogelio Goiburú señala que el informe de la CVJ señala la existencia de 695 victimarios y represores. «Muchos murieron, (Alcibíades) Brítez Borges, (Sabino Augusto) Montanaro, hetaiterei la omano», recuerda.

Cabe señalar que Pastor Coronel, Alcibiades Brítez Borges, Lucilo Benítez (Kururu Pire), Camilo Almada Morel (Sapriza), Juan Martínez, Alberto Cantero, Agustín Belloto, Francisco Ortiz Téllez y algunos más fueron condenados en menos de una decena de procesos. .

En gran parte de los casos las penas impuestas no se ejecutaron porque los represores se beneficiaron del arresto domiciliario por tener más de 70 años.

El dictador Alfredo Stroessner y su ex Ministro del Interior Sabino Augusto Montanaro, principales ejecutores de la brutal represión, murieron impunes.

Recordatorios

El periodista e investigador Nemesio Barreto publica constantemente en sus redes recordatorios de esta impunidad. “Esta semana murió otro torturador: Ramón Alfredo Villalba García de Zúñiga (Alias ​​Bota Puku), terror de los campesinos. ¡Murió impune!», se queja. «Tenía una empresa de seguridad en Hernandarias, su hijo era cuñado de Nicanor (Duarte Frutos, expresidente), entonces lo protegieron», comenta.

«Hay muy pocos condenados. Personalmente hice unas 50 denuncias y ninguna prosperó”, lamenta. «Hasta hoy, perciben con total impunidad posesiones en un edificio que está en Brasil casi como Rodríguez de Francia», añade.

«Con Ananías Maidana y Joel Filártiga presentamos una demanda contra Estados Unidos por entrenar y proteger a personas como Campos Alum, Felipe Neri Saldívar… Unos 10.000 presos políticos pasaron por la Técnica, el sistema represivo devoró a miles de personas», dijo. recordado.

«No hay registros de los detenidos en su interior porque en el período 1954/89 había un total de 272 centros de detención. El tema es que no hay listados departamentales de detenidos porque, por ejemplo, el Archivo de Caaguazú que fue encontrado en diciembre de 1990, dos años antes que el Archivo del Terror, terminó desapareciendo”, afirmó.

“Sólo una pequeña parte se integró al Archivo del Terror. Es una carpeta que tiene unas 400 páginas. Hubo acciones para borrar acciones policiales-militares, incluidos edificios. Se derribaron sótanos en la 3ra en el ramal Cordillera, se remodeló Investigaciones al Presidente Franco. En Independencia y Presidente Franco estaba la cámara de torturas, allí se usaba la picana, fue el centro que luego se convirtió en una casa comercial”.

Para Barreto, el fallo que condenó a Eusebio Torres «es más simbólico que otra cosa. Su hijo va a recurrir y al final no va a ir a prisión, para que siga firme, tendrán que hacer milagros para que se resuelva en un par de años, cosa que no creo porque No es bueno que un señor de 90 años entre al penal”, afirmó.

Entiende que «no hay mucho que se pueda hacer con los que siguen siendo libres y fuertes». Los nacidos en la década de 1950 que fueron cadetes, en Investigación, Tercero, Técnico, 5to; 7.ª y 8.ª, son cien verdugos vivientes que nadie los toca”.

Su hermano Abilio Barreto fue asesinado en 1966 y Nemesio fue detenido a los 16 años por primera vez en 1972: «Me secuestraron en Caacupé. Pasé siete meses en un sótano. Luché como todos, me hundieron una costilla, me arruinaron un riñón, me rompieron el cráneo con un garrote, creo que sobreviví porque cuando eres joven aguantas más cosas, más que esos veteranos que cayeron, vi a Eusebio Torres. «. informes

«La picadura fue muy dolorosa. Tenía un regulador de voltaje que funcionaba con un teléfono viejo al que se le dio una manija y el voltaje subía al girar la manivela. Creo que hay un teléfono así en el Museo de las Memorias. Luego estaba la piscina, en la que el primer torturado tenía agua limpia, pero imagínate el quinto después de hacer allí sus necesidades. A veces éramos 15 esperando para pasar. Los policías estaban en calzoncillos y uno se sentaba sobre su pecho o estómago y te daba la terrible sensación de muerte. Se lo hizo para ganar tiempo. Ahí es donde te declaras comunista, dices tengo armas en mi casa, cualquier cosa dices para salvarte, pero ellos lo sabían, fueron entrenados por los yanquis que dominaban entonces y dominan ahora”.

Estos son algunos de los torturadores en la reseña de Nemesio Barreto:

Felipe Nery Saldívar

Era un torturador experto en dolor humano. Falleció en febrero de 2022, vivió una vejez tranquila en su hogar. Sus numerosas víctimas lo recuerdan desgarrando de placer las espaldas de los torturados, era diestro con los tejuruguái y valiente con los indefensos. Murió impune como tantos otros de su linaje.

Blas Schembori González -foto-

Murió impune. Una ética sometida a referéndum puede conducir a resultados imprevisibles: una mayoría temporal puede convertir a las víctimas en culpables, como ocurrió con la película «7 cajas», de Juan Carlos Maneglia y Tana Schémbori. En esta película, un reclamo lo hace el comisario Blas Schembori (+), quien trabajó en la Guardia Presidencial y la Comisaría Sexta (Mariscal López y Kubitschek). El temible Don Blas Pucú nació en 1941, con CINº 203.691, falleció el 8 de diciembre de 2009.

Juan Carlos Hermosa -foto-

Torturador y locutor. Era el seudónimo del comisario José León Hermosa Cámpora, era uno de los más temidos de la policía estronista. De día era locutor de radio y de noche torturador. Era, en cierto modo, como «El extraño caso del Doctor Jekyll y Mr. Hyde», una novela de Robert Louis Stevenson.

Robert Thierry

El coronel Robert K. Thierry llegó primero al Paraguay con la fachada de «comerciante», especializado en técnicas de interrogatorio (tortura), ingresó al país en 1949 con el pasaporte número 85.506. Por orden del Gobierno de los Estados Unidos se creó la División de Asuntos Técnicos, mejor conocida como la Técnica, la cual estaba dirigida por el formidable Antonio Campos Alum. Thierry nació el 17 de enero de 1909 y murió en San Diego, California el 23 de noviembre de 1979. Thierry se casó con Vashti Bell Hodge (1913-1981) el 27 de febrero de 1937.

Jorge Zárate
Fotos AFP / Archivo / Alegría González

Artículo publicado en La Nación, de Paraguay, y en La Página de Aguará