Crecen el descontento social y el rechazo a los dirigentes políticos

200 mil personas protestaron el 15 de marzo en la Avenida Paulista contra las reformas previsional y laboral

Incapaces de aprobar las reformas profundas que exige el gran capital, Presidente y diputados apelan a las peores prácticas para satisfacer a quienes los sostienen en sus cargos.

La aprobación a escondidas y en menos de 24 horas de una ley de tercerización laboral que hace 19 años tuvo media sanción en el Senado mostró el desprestigio del congreso y el gobierno brasileños.
Al descrédito ocasionado sobre el conjunto de los partidos políticos, sus dirigentes, legisladores y funcionarios públicos por la investigación de sobornos y lavado de dinero conocido como Lava Jato, se sumaron los cambios en la legislación laboral sancionados el 23 de marzo.
La maniobra se preparó cuando la agenda parlamentaria tenía como tema central la reforma previsional, uno de los proyectos de enmienda constitucional que el empresariado le exige al gobierno de Michel Temer desde que le allanó el camino para llegar a la presidencia. Sin embargo, el crecimiento de la presión social desde las calles y el creciente rechazo popular al conjunto del poder político forzaron el retroceso de los partidos de derecha que apoyaron el impeachment.
El 15 de marzo las principales ciudades del país volvieron a ver grandes manifestaciones que congregaron a trabajadores de diversos rubros contra los cambios propuestos para el sistema de jubilaciones. Al menos 200 mil personas ocuparon la Avenida Paulista en San Pablo, convocadas por las centrales sindicales en medio de una huelga docente apoyada por estudiantes y un paro de transportistas y trabajadores bancarios. Además, cerca de un millón de personas–según los organizadores de los frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo– salieron en otras 20 capitales de Estados a manifestarse contra la reforma previsional y los intentos por reformar la legislación laboral. Ese mismo día el Ministerio de Hacienda estuvo ocupado cerca de nueve horas por un conjunto de movimientos sociales.
Otra movilización de trabajadores contra la reforma laboral tenía lugar el 1 de abril, al cierre de esta edición.
Ante el temor de ser castigados en las próximas elecciones por seguir acompañando la agenda de un gobierno que apenas tiene un 10% de aprobación según encuestas y está atravesado por las denuncias de corrupción, los aliados coyunturales de Temer en el Congreso le hicieron saber que debía reducir las pretensiones de la reforma previsional. El proyecto restringe el acceso de trabajadores a los beneficios del sistema de pensiones y jubilaciones al establecer una edad mínima de 65 años para mujeres y hombres y aumentar hasta 49 años el tiempo necesario de aportes para poder recibir una paga similar al salario activo.
Sin espalda y falto de apoyos, el Gobierno excluyó a funcionarios estadales y municipales (donde se incluyen los docentes, uno de los sectores más combativos hoy en el país), Fuerzas Armadas, bomberos y policías militares de la reforma. También se estudiaba en Brasilia la posibilidad de dejar fuera de los cambios a los trabajadores rurales, para intentar desmovilizar al Movimiento de los Sin Tierra (MST), y mantener el llamado Beneficio de Prestación Continuada (BPC) del salario mínimo, que perciben personas con discapacidades y enfermos pobres. Con el objetivo de disminuir el costo político de la reforma, Temer dejó en manos de gobernaciones y alcaldías la posibilidad de hacer más cambios en sus distritos.

Golpe a los trabajadores

El problema es que la suavización de la reforma previsional no dejó conformes a organizaciones patronales como la Federación de las Industrias de San Pablo (Fiesp) y grandes empresas extranjeras que presionan por mayores beneficios para invertir en el país y apoyaron el impeachment. Tras la primera enmienda constitucional aprobada en diciembre, que congelará el gasto público por 20 años (con impacto a largo plazo para la educación y salud públicas), la agenda impuesta al Congreso tenía como segundo gran punto la reforma de las jubilaciones y pensiones, y como tercer proyecto fundamental la reforma laboral.
Pero ante la imposibilidad de sostener el conjunto de la reforma previsional, el Congreso quedó fuertemente debilitado. Para el Gobierno y los empresarios se hizo evidente que los diputados y senadores no podrían sostener un largo debate parlamentario para aprobar una nueva legislación laboral con carácter de proyecto de enmienda constitucional (PEC) y ante la encerrona tuvo lugar uno de las capítulos más vergonzosos de la historia política de Brasil.
Aunque había un proyecto de tercerización laboral con media sanción de diputados desde 2015 y estaba en discusión el conjunto de la legislación del trabajo, la Cámara de Diputados desempolvó un proyecto presentado por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso en 1998, votado por el Senado y encajonado desde entonces. De todas las opciones, el proyecto de ley 4.302 de hace 19 años era el que habilitaba la tercerización laboral (subcontratación de trabajadores) a mayor escala y el que más avanzaba contra derechos laborales vigentes al dar –entre otras cosas– grandes facilidades a las empresas para hacer contratos de empleo temporal.
De la noche a la mañana, con 233 votos a favor y 188 en contra, los diputados dieron luz verde a la contratación de trabajadores por vía indirecta en todos los rubros de la economía, que impacta en salarios, indemnizaciones y otros derechos laborales como el aguinaldo y vacaciones. Esta puñalada por la espalda contra los trabajadores en general, y contra aquellos sindicatos y centrales obreras que negociaban proyectos de reforma del trabajo en particular se produjo cuando la cifra de desocupados asciende a 12,6% de la población (casi 13 millones de personas).
Con un gobierno y un congreso que ya carecen ostensiblemente de legitimidad y representación social, quedó al desnudo la agenda del gran capital que impulsó el impeachment y la ausencia de democracia representativa en el país. La incógnita es cómo responderá la población, y en particular los sindicatos, a este tipo de maniobras.

Corrupción y fracaso
Temer fue puesto en la presidencia del país con dos objetivos claros: avanzar en reformas estructurales y estabilizar los índices macroeconómicos, tarea personificada en el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles.
A la fecha, Brasil arrastra una severa recesión económica: en 2015 el PIB cayó 3,8% y el año pasado otro 3,6%. En el último trimestre de 2016 la tendencia todavía continuaba, con -0.9% respecto al trimestre anterior. Otros números reflejan la magnitud de la debacle en 2016: el PIB per cápita cayó 4,4%, el sector agropecuario 6,6% y la industria 3,8%.
Para este año, la única expectativa es frenar la caída de la economía o a lo sumo mostrar un crecimiento de 0,5%, ínfimo en comparación al derrumbe de los últimos dos años. En cualquier caso, la única certeza es que el programa de ajustes lanzado por Temer todavía no dio ningún resultado y el déficit fiscal sigue fuera de control pese a los fuertes recortes del gasto público.
Mientras esto sucede en el terreno económico, el partido del Presidente (el Pmdb) se hunde cada vez más en la corrupción. A fines de marzo, el Fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, solicitó al Supremo Tribunal Federal de Brasil que investigue a nueve ministros del gabinete acusados de cobrar y pedir sobornos en las declaraciones de ex directivos del grupo Odebrecht. Entre ellos, el nuevo Canciller y los ministros de Presidencia y Agricultura. Más de 80 políticos amparados por fueros deberán ser investigados y juzgados por el máximo tribunal.
En una carta dirigida a los fiscales, tras las confesiones de 77 ex directivos de Odebrecht, Janot calificó el nivel de corrupción como “jamás imaginado” y ordenó la apertura de 320 investigaciones. La prensa brasileña dio a conocer que los ejecutivos de la constructora develaron las listas de políticos de todos los partidos a los que se les pagó sobornos a cambio de adjudicaciones de contratos de obra pública. Entre los investigados figuran los ex presidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff; el senador Aécio Neves y el ex canciller José Serra (ambos fueron candidatos presidenciales por el Psdb); el presidente del Senado, Eunicio Oliveira, y el de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, además de numerosos altos dirigentes del Pmdb.
En paralelo a esta enorme causa, el Tribunal Supremo Electoral investiga otra demanda por supuesto abuso de poder y financiamiento ilegal de la candidatura Dilma Rousseff-Michel Temer en la campaña presidencial de 2014. La causa podría determinar la anulación inmediata del mandato que ahora ocupa Temer y el llamado a elecciones anticipadas. Si esto ocurriera, el Gobierno ya adelantó que interpondrá recursos ante la corte electoral y el Supremo Tribunal Federal para postergar una definición del caso hasta 2018.

Ignacio Díaz