Ajuste gubernamental y resistencia popular en Estados Unidos

Crecen las protestas contra el presidente bajo la consigna “No es mi presidente”

Movilizaciones sectoriales buscan confluir el 1 de mayo en una huelga impulsada por trabajadores migrantes. Trump recorta el gasto social y aumenta el presupuesto militar. Amenaza de impeachment.

Una congresista demócrata dijo en voz alta lo que muchos apenas mencionaban como rumor. Maxine Waters, activista afroamericana e integrante de la Cámara de Representantes, amenazó a Donald Trump con iniciarle un impeachment a raíz de los supuestos vínculos con Rusia durante la campaña electoral. Por su parte, Dianne Feinstein, senadora desde 1992 e integrante del Comité Judicial del Senado, afirmó que el Presidente se verá obligado a renunciar y que ni siquiera llegará a ser investigado. Este es uno de los principales focos de conflicto de la coyuntura estadounidense actual. Más allá de que el juicio político se concrete o no, desde las entrañas de Washington analizan estrategias para detener la relativa reorientación geopolítica y económica que impulsa el presidente republicano.
Por debajo, la sociedad estadounidense también muestra señales de hartazgo. Contra el recorte de fondos públicos, las políticas xenófobas, racistas y machistas, por temas ambientales y vinculados a los recursos naturales, distintos sectores llevan adelante un proceso de organización a nivel nacional, pero sobre todo en el plano local y apoyado en campañas a través de las redes digitales.
Si bien en Estados Unidos es difícil encontrar grandes movimientos sociales u organizaciones políticas de masas que expresen una alternativa integral al modelo económico, político y social hegemónico, también es cierto que en los últimos años colectivos como Black Lives Matter o anteriormente Occupy Wall Street pusieron en tela de discusión la apatía reinante. Es así como, desde la elección de Trump, florecieron distintas experiencias y movimientos en todo el país.
“It’s not my president” (“No es mi presidente”) fue la consigna que eligieron principalmente estudiantes universitarios apenas concluida la elección presidencial para salir a la calle. El 16 de febrero se llevó a cabo el “día sin inmigrantes”, un paro de actividades que intentó poner en cuestión la política de fronteras de Trump. Al día siguiente de su asunción, un millón de mujeres se hizo presente en Washington –y otro tanto en varios puntos del país– para repudiar sus posiciones misóginas y contrarias a los derechos humanos en general.
Para retomar el hilo de aquellas manifestaciones, el 15 de abril se realizará una movilización en reclamo por la difusión de la declaración de impuestos del Presidente. Ese mismo día vence la fecha de entrega para toda la ciudadanía y se llevará a cabo una marcha contra “la absoluta injusticia de que un hombre que es un presidente multimillonario podría estar evadiendo impuestos mientras los trabajadores pagamos nuestra parte”, según dijo Gwen Snyder, una de las organizadoras.
Una semana después será el turno de la ciencia. El gobierno de Trump ha sostenido, consistentemente con los intereses de los sectores de la industria petrolera y minera que integran su gobierno, que el cambio climático no es un hecho científico, y desmanteló por decreto las medidas promovidas por Obama para reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. La Marcha por la Ciencia se realizará el 22 de abril en Washington. “Será una demostración del apoyo popular al método científico y el uso de esas bases para que nuestros líderes tomen buenas decisiones”, expresó Jonathan Berman, científico y estudiante posdoctoral de la Universidad de Texas. Días después llegará a Washington la protesta anual en demanda de mayores medidas contra el cambio climático.
Por su parte, la comunidad migrante estadounidense, una de las más afectadas por las políticas de Trump, se movilizará el 1 de mayo a la capital y realizará un cese de actividades en el marco del Día Internacional de los Trabajadores. Por las llamadas redes sociales confirmaron su participación alrededor de 150 mil personas de todo el país y múltiples voces plantean convertir esa fecha en una acción unificada de protesta contra el Gobierno.
Incluso se ha llegado a mencionar la posibilidad de una convocatoria a una huelga general. Algunas seccionales de la Unión Internacional de Empleados de Servicios (que reúne a dos millones de trabajadores en Estados Unidos), por ejemplo, han planteado la adhesión a la medida de fuerza. David Huerta, titular de la sección de California, sostuvo que si bien son conscientes del “riesgo” que genera llevar a cabo una acción semejante, están dispuestos a correrlo “para ser capaces de avanzar en este momento, mientras los sectores más marginados están en las antípodas de esta administración”. De acuerdo al portal Buzzfeed, 300 mil trabajadores del rubro alimentario y 40 mil del área de servicios ya anticiparon a través de su representación gremial la adhesión al paro, aunque confían que serán más con el apoyo de los que no están sindicalizados.

Contradicciones sindicales
Si bien desde que asumió Trump la Casa Blanca congeló la contratación estatal a nivel federal (salvo para las fuerzas de seguridad y defensa) y presentó un proyecto de ley (denominado “Derecho a trabajar”) que, en caso de ser aprobado, socavaría el ya limitado poder de los sindicatos, el malestar que expresan otros sectores sociales todavía no ha llegado con fuerza a las organizaciones tradicionales de la clase obrera. Es que aún muchos trabajadores tienen la expectativa de que las propuestas de reindustrialización y fomento al mercado interno prometidas por el Presidente tengan un impacto positivo en la economía y el empleo.
Pero el escepticismo va en aumento. La nominación de Andy Puzder al frente de la Secretaría de Trabajo, ex CEO de una cadena de comida rápida, contrario al salario mínimo, la regulación de las horas extras y exponente de la flexibilización laboral, marcó un antes y un después. Aunque finalmente se bajó de la carrera, Alexander Acosta, su posible sucesor, es un ex funcionario de George W. Bush cuyo principal antecedente en la materia (se desempeñó tanto en el Departamento de Justicia como en la Junta Nacional de Relaciones Laborales, una mesa de mediación gubernamental entre empresarios y trabajadores) es haber resuelto el despido de enfermeras en 2003 por haber comenzado una huelga cuatro horas más tarde que lo notificado. Acosta será el primer latino en sumarse al gabinete.
Richard Trumka, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (Afl-Cio, por sus siglas en inglés), afirmó en una columna en The New York Times que las políticas del gobierno no trataban a los trabajadores como seres humanos, aunque expresó su apoyo a la salida del Acuerdo Transpacífico (TPP) y a la mirada comercial de Trump. Por su parte, Sean McGarvey, del sindicato de la construcción, dijo tras un encuentro con el Presidente que había sido “la mejor reunión” que tuvo en Washington.

Ajuste presupuestario
Los reclamos y alertas encontraron su asidero material, por fuera de lo discursivo, en el borrador del presupuesto para 2018 presentado por la Casa Blanca. Los lineamientos englobados bajo el título America first plantean incrementos considerables en defensa y seguridad nacional y un fuerte ajuste en material social.
En el proyecto elaborado por la administración Trump sólo tres áreas estatales ven sus partidas aumentadas: Defensa (10%), Seguridad Nacional (6,8%) y atención a veteranos de guerra (5,9%). Dentro de ese incremento se incluyen 2.600 millones de dólares para la construcción del famoso muro en la frontera con México y 314 millones para reclutar, contratar y entrenar nuevas patrullas fronterizas y oficiales de migraciones.
Como contracara, los recortes suman 54 mil millones de dólares. El área más ajustada es la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), que disminuye su presupuesto en un 31,4%. Además, en caso de aprobarse en el Congreso la propuesta de Trump, se reducirá un 13,2% la partida del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano; un 12,7% la de Transporte; 16,2% la de Salud; 13,5% la de Educación; 20,7% la de Trabajo; 20,7% la de Agricultura y 15,7% la de Comercio.
Además, el presidente republicano pretende recortar en un 28% las partidas para el Departamento de Estado y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid), incluyendo el dinero destinado a las Naciones Unidas, entre otras cuestiones.

Julia de Titto