El triunfo en el referendo, denunciado por ilegal por la oposición, fortaleció al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Su gobierno avanzó en varios frentes de conflicto como las depuraciones internas, detenciones, ataques a los kurdos, bombardeos en Siria y desafíos a la Unión Europea.
Apenas conocido el resultado oficial de la consulta del 16 de abril por la reforma constitucional, en la que la propuesta del Ejecutivo logró el 51,4% de los votos, el Gobierno anunció profundos cambios hasta 2019.
El Partido Republicano del Pueblo (CHP, socialdemócrata), el segundo en representación parlamentaria, denunció sin suerte irregularidades ante la Junta Suprema Electoral. También anunció que impugnará la elección ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Tedh).
El resultado también fue cuestionado por la misión de observadores de la Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa (Osce) y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (Pace). “Que digan lo que quieran”, respondió el presidente turco.
Erdogan puso en duda la continuidad de las negociaciones para acceder a la Unión Europea y reiteró la promesa de analizar la aplicación de la pena de muerte.
Los 11 diputados del partido de Erdogan ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa anunciaron el 26 de abril su decisión de abandonar las actividades parlamentarias de esta institución “hasta nueva orden”, disgustados por la decisión de la Cámara de analizar el “grave deterioro” de las instituciones democráticas turcas.
El “grave deterioro” de las instituciones turcas se refiere no solamente a las dudas sobre el resultado del referendo sino también a la persecución a opositores y a las purgas dentro del Estado como represalia al intento de golpe de julio pasado.
A fines de abril el Gobierno anunció la suspensión de sus funciones de 9.103 agentes de policía por supuestos vínculos con “la Organización Terrorista de Fethullah Gülen”, en referencia al clérigo islamista a quien Ankara acusa de organizar aquel alzamiento civil y militar. Unos 2.500 suspendidos estaban destinados en Estambul, otros 1.350 en Ankara y el resto en otras provincias del país.
Esta nueva purga, que se suma a más de 100 mil detenciones en los últimos ocho meses, se tomó gracias al “estado de emergencia” establecido tras el intento de golpe. Antes de este desplazamiento del 26 de abril fueron detenidos al menos 1.120 personas, en su mayoría policías y otros agentes de las fuerzas de seguridad. Entre las más de 40 mil personas detenidas que esperan juicio hay unos 10 mil policías, siete mil soldados, unos 170 generales, dos mil jueces y fiscales. Por la misma razón Erdogan también suspendió mediante decreto a unos 140 mil empleados públicos.
También se incrementaron los ataques del Ejército turco a las milicias kurdas en el norte de Siria, una acción que supuso nuevas incursiones militares de Turquía en territorio sirio, tal como lo denunció el gobierno de Damasco.