Venezuela define su futuro

Constituyente y salida pacífica de la crisis o ascenso de la espiral de violencia. Tras el fracaso de la OEA, el 30 de julio habrá elecciones para revitalizar el camino popular y socialista.

Venezuela vivió en junio la ratificación de los únicos dos caminos que hoy son posibles para su futuro: avance hacia la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) impulsada por el gobierno o aumento de la violencia para desestabilizarlo, como pretende la oposición. La primera opción abre las urnas para intentar canalizar las diferencias y críticas mediante la vía participativa y electoral, mientras que la segunda conduce al callejón sin salida de los enfrentamientos internos, con riesgo de terminar en guerra civil.
Es cierto que en este cuadro de polarización y tensión extrema, sectores que formaron parte del gobierno y se reivindican como chavistas intentan anunciar la formación de un tercer espacio, pero sin tomar definiciones político-ideológicas ni económicas. Su punto de encuentro es el rechazo a la ANC, para lo cual lanzaron el grupo Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, alrededor de la fiscal Luisa Ortega.
Sin embargo, no existe por el momento esa tercera vía. Los escasos posicionamientos de este grupo no difieren de los de la coalición opositora de la derecha (MUD). Ambos califican la convocatoria constituyente hecha por Maduro como “inconstitucional”, porque no llamó a una consulta popular previa, pese a que el artículo 348 establece que: “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros”.
Lo que está detrás de estas críticas superficiales es el temor a una radicalización del proceso revolucionario, expresada en las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Diego Padrón: “En Venezuela vamos hacia el comunismo con la constituyente de Maduro”, denunció. Llamativamente sectores autodenominados de izquierda se suman a esta posición.

Retorno a las bases
Maduro explicó en mayo que la ANC fue convocada “para buscar la paz y derrotar a los violentos y fascistas, y cambiar todo lo que se tenga que cambiar; para renovar la revolución y para enfrentar la corrupción, el burocratismo, el atraso y todo lo que está mal hecho”. Argumentó que ante la negativa al diálogo de los partidos opositores, la única salida a la crisis es darle “más poder al pueblo” y el instrumento que lo permite es la constituyente.
Pese a la enorme presión internacional ejercida para que diera marcha atrás con la iniciativa, el Gobierno pisó el acelerador a fondo para garantizar el proceso constituyente y frenó la operación montada desde la OEA (ver Cronología…). Al regreso de la cumbre de Cancún, y luego de otra enorme victoria diplomática, Delcy Rodríguez dejó la Cancillería para ser candidata a la ANC.
También dejaron sus cargos para postularse el ministro de Trabajo Francisco Torrealba y la ministra de la Presidencia Carmen Meléndez, que acompañarán al vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, al ex constituyente y ex vicepresidente Aristóbulo Istúriz, Adán Chávez y Cilia Flores, esposa de Maduro y militante revolucionaria de la primera hora, entre otros candidatos. Los nombres demuestran que la apuesta política por la constituyente es total.
Entre los objetivos de base planteados para la ANC se destacan: reafirmar los derechos sociales, educativos y culturales alcanzados; ampliar el sistema económico; constitucionalizar las misiones, comunas y consejos comunales; reformar el sistema judicial y penitenciario; defender la soberanía y ganar la paz. Una vez electos los constituyentes, el propio debate y su apoyo popular determinarán el grado de profundidad de las transformaciones propuestas, especialmente en lo que respecta al Estado y la economía, desde donde los empresarios atacan con virulencia al grueso de la población (ver pág. 38).
El 21 de junio el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó la admisión de 6.120 candidaturas, de las cuales 3.546 corresponden al ámbito territorial y 2.574 a postulantes por alguno de los ocho sectores sociales. Ninguno de ellos puede ejercer un cargo público mientras dure la ANC, que estará formada por 545 miembros.
Las elecciones del próximo 30 de julio son inéditas en el país por la cantidad de candidatos presentados y, sobre todo, porque quienes se postulan son en su gran mayoría personas avaladas por sus vecinos, compañeros de trabajo o estudio, desconocidos a nivel nacional pero verdaderamente representativos de la población (ver Los protagonistas…).

El contexto y las muertes
Desde el primer día de abril, la MUD mantiene llamados prácticamente diarios a marchar, protestar y desconocer al Gobierno hasta “acabar con la dictadura”. Durante los últimos tres meses casi todas estas manifestaciones culminaron con hechos violentos, destrucción de infraestructura pública, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y ataques a personas señaladas como “chavistas” o que simplemente no responden a sus directrices.
En base a diversas fuentes, se pueden contabilizar hasta 92 muertes desde el 6 de abril hasta el 22 de junio, vinculadas al contexto general en el que se desarrollan las protestas violentas y distintos enfrentamientos.
Según el recuento llevado adelante en el portal Alba Ciudad por Luigino Bracci Roa, en base al entrecruzamiento de información proveniente de los medios de comunicación, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Comunicación, se puede concluir que: 18 fallecidos transitaban cerca de manifestaciones de las que no participaban; 14 murieron en el marco de saqueos –ocho de ellos electrocutados en una panadería; seis en accidentes de tránsito provocados por barricadas; cuatro asesinados tras pasar o intentar pasar barricadas en vehículos; dos arrollados mientras bloqueaban vías; tres asesinados por disparos y dos en linchamientos –uno quemado vivo– por ser “chavistas”; tres militantes chavistas por presunto sicariato; dos manifestantes murieron mientras manipulaban explosivos; uno durante una riña interna de manifestantes opositores.
Hasta ahora, los casos donde han sido identificados como responsables de la muerte de manifestantes miembros de los cuerpos de seguridad son al menos nueve (en dos casos no eran manifestantes), por los cuales hay 34 efectivos procesados, detenidos o solicitados. También fueron asesinados por disparos cinco efectivos policiales.
Sobre los otros 25 casos hay controversias o falta de información. Prácticamente en todos ellos la oposición denuncia que las víctimas fueron provocadas por la represión policial o por supuestos grupos armados vinculados al chavismo. Sin embargo, se sabe que en al menos cinco de estos casos las muertes fueron causadas por esferas metálicas o metras disparadas por armas caseras, que fueron utilizadas en reiteradas ocasiones por los manifestantes opositores.
En medio de la escalada violenta, Maduro nombró el 20 de junio a un nuevo comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), nuevos comandantes del Ejército, la Armada y el Comando Estratégico Operacional y ratificó al general Vladimir Padrino López como ministro de Defensa. El traspaso de mandos se hizo en un acto orgánico que demostró la unidad de los altos mandos militares y su subordinación al gobierno constitucional de Maduro.

Golpismo
Los últimos planes develados mostraron que, mientras esperaba declaraciones condenatorias contra el gobierno venezolano desde la OEA –que sesionó del 19 al 21 de junio– la MUD mantenía acciones violentas dentro del país y pretendía lograr el 24 de junio pronunciamientos de altos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) contra Maduro y la constituyente.
Por eso varios dirigentes opositores hicieron llamados públicos a la desobediencia civil y militar. “El actual régimen se ha puesto al margen de la Constitución y en consecuencia su autoridad y decisiones son inconstitucionales y no pueden ser reconocidas ni obedecidas por nadie”, afirmó Julio Borges, de Primero Justicia, en un mensaje dirigido a la Fuerza Armada, en el que prometió la presentación de “un gran Acuerdo Nacional para la Gobernabilidad y Rescate de Venezuela”.
Al cierre de esta edición, la única manifestación golpista dentro de los organismos de seguridad –por fuera de la Fuerza Armada– ocurrió en la tarde del 27 de junio, cuando un inspector adscrito a la división de transporte aéreo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), robó un helicóptero en Caracas y atacó las sedes del Ministerio de Interior, Justicia y Paz y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En el primer caso, disparó contra el edificio mientras se desarrollaba en la terraza un agasajo con motivo de la celebración del Día Nacional del Periodista, al que concurrieron 80 personas. En el segundo caso, fueron efectuados disparos y lanzadas granadas de origen colombiano y fabricación israelí, dos de las cuales explotaron en el jardín y una no estalló. El atacante grabó además un video para llamar al desconocimiento del gobierno constitucional y es investigado por sus vínculos con la CIA y el ex ministro del Interior Rodríguez Torres, de quien fue su piloto.
Dos días antes se habían organizado movilizaciones hacia las sedes militares de Caracas y varios Estados del país. El anuncio se hizo bajo la fachada de solicitar a la Fuerza Armada que “defienda al pueblo” y “baje sus armas”. Sin embargo, las protestas fueron en realidad ataques organizados que tuvieron como eje la base militar de La Carlota. Grupos encapuchados –muchos de los cuales están formados por mercenarios equipados y bien pagos– rompieron los barrotes que rodean el predio e ingresaron con bombas molotovs, morteros y explosivos caseros para atacar al personal militar. Quienes organizan estas acciones sólo pueden querer una cosa ante semejante provocación: un baño de sangre. Decenas de ataques a cuarteles militares y policiales tuvieron lugar desde abril en todo el país.
A esto se suman los destrozos e incendios diarios de edificios públicos de todo tipo, escuelas, centros de salud, transportes, ministerios, locales partidarios, saqueos de comercios, urbanizaciones sociales y otras infraestructuras. También hubo intentos de mantener territorios bajo control armado insurreccional, intercepción y destrucción de camiones con alimentos y en distintos puntos del país fueron denunciados ataques de bandas paramilitares, que luego de golpear se trasladan a otras ciudades o poblados.
Como parte del mismo plan, la noche del 21 de junio fue detectado un centro de operaciones de la oposición montado para penetrar la plataforma informática del Consejo Nacional Electoral (CNE), con complicidad de algunos trabajadores del ente. El objetivo era sabotear las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente del próximo 30 de julio.
Frenar este proceso es hoy la principal meta de la MUD, que anunció “un plan de desconocimiento activo”. “No vamos a permitir que los centros electorales sean utilizados como instrumentos del fraude constituyente”, amenazó el dirigente Freddy Guevara. Para ello pidió sostener jornadas de protestas permanentes y simultáneas en todos los sitios, “hasta hacer inviable” el proceso electoral.
Conscientes de que las marchas opositoras cada vez son menos convocantes, sus dirigentes buscan radicalizarlas y generar miedo para que muchos venezolanos no vayan a votar el 30 de julio.
“¿Es constitucional aceptar que líderes de una fracción del país llamen a un golpe de Estado para acabar con un Gobierno e imponer a un gobierno que nadie eligió?”, preguntó Maduro al Poder Ciudadano, que integran el Defensor del Pueblo, la Fiscal General y el Contralor General. Y se respondió: “Con los nuevos métodos de combate que he ordenado neutralizaremos, capturaremos y derrotaremos definitivamente todos los focos fascistas de la derecha, estén donde estén, para garantizar la paz duradera (…) Venezuela tiene que seguir su rumbo y su funcionamiento”.
La participación e impulso del proceso constituyente serán claves para el futuro de Venezuela. El 30 de julio es una fecha decisiva: socialismo o barbarie parecen ser las únicas alternativas.

Con informes de Roxana Martínez desde Caracas

Los protagonistas de la Constituyente

En las elecciones del próximo 30 de julio serán elegidos 545 constituyentes en los ámbitos territorial y sectorial, a través del voto universal, directo y secreto. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) quedará conformada por 364 constituyentes territoriales y 181 sectoriales. Este último ámbito comprende a ocho grupos: trabajadores (79 constituyentes); campesinos y pescadores (ocho); estudiantes (24); personas con discapacidad (cinco); indígenas (ocho); pensionados (28); empresarios (cinco), comunas y consejos comunales (24).
La inmediata activación de estos sectores abrió un importante debate nacional, que evidenció la voluntad mayoritaria de alcanzar la paz en medio de las actuales circunstancias sociales, políticas y económicas del país.
A lo largo del proceso se observó un importante acompañamiento a los precandidatos y fueron activadas multiplicidad de asambleas en calles, plazas, urbanizaciones, colegios, instituciones, universidades y otros espacios. “La constituyente va” es la consigna que prevalece entre los venezolanos que apoyan la iniciativa.

Voces de las calles
Jóvenes, artistas, cultores, deportistas, pensionados, comuneros, trabajadores de la industria, administración pública, construcción, comercio, banca, petróleo y minería, de la salud, periodistas, transportistas, han sumado voces y propuestas al debate. Muchos de ellos afirman que no se trata únicamente de la redacción de un nuevo texto constitucional, sino de la transformación del Estado, en virtud de las principales demandas de los sectores del país.
Apoyar el llamado del presidente Maduro e impulsar la participación popular fue lo que motivó a Virginia Rivero a postularse como candidata por los Consejos Comunales en la Parroquia Antímano de Caracas. Algo similar ocurrió con las personas con discapacidad que se han sumado a este proceso de carácter inclusivo. Entre las propuestas presentadas por el sector está elevar a nivel constitucional la Ley Especial para las Personas con Discapacidad.
Aníbal Coltat, candidato por el Distrito Capital, con discapacidad auditiva, ha propuesto la imperiosa necesidad de masificar el lenguaje de señas y su posible inclusión en el currículo escolar de los distintos niveles de educación. “Es una oportunidad importante para este sector… se nos da participación política y debemos mostrar que somos capaces, con discapacidad pero con mil capacidades”, expresó durante una asamblea en Caracas Soraida Ramírez, presidenta del Consejo Nacional para las personas con discapacidad.
Desde el sector estudiantil, que tendrá una importante representación con 24 constituyentes, una de las propuestas centrales presentadas es garantizar la gratuidad en todos los niveles educativos y defender la calidad de la educación pública.
Campesinos y pescadores coinciden en el necesario fortalecimiento de la soberanía alimentaria, que se apoya en los sectores agrícola, ganadero y pesquero. Como el resto de los sectores, los campesinos quieren reactivar, impulsar y fortalecer las distintas fuerzas productivas del país, a partir del aprovechamiento de las tierras fértiles.
Hasta ahora el esfuerzo estuvo puesto en explicar la necesidad e importancia de abrir un proceso constituyente en la actual coyuntura venezolana. El debate político y económico de fondo tomará mayor impulso una vez electos los miembros de la ANC.

Desde Caracas, Roxana Martínez

Las dos caras de Caracas 

De un lado, el rostro racista, xenófobo y lleno de odio de una oposición que se esconde detrás de jóvenes que forman la “primera línea” de las manifestaciones para enfrentarse contra funcionarios del orden público. Aquellos que atacan instituciones de todo tipo, servicios públicos, bases militares; que secuestran y queman camiones y unidades de transporte, saquean entidades públicas; que se hacen llamar “libertadores” mientras invocan la intervención de potencias extranjeras en su país; que han llamado irresponsablemente a la desobediencia de la ley y la autoridad, invocando los artículos 350 y 333 de la Constitución.
Del otro lado, hay un sector de la población volcado al debate constituyente, ante la imperiosa necesidad de avanzar en la reivindicación de los derechos fundamentales adquiridos en los últimos 18 años. Se trata de quienes siguen siendo fieles y leales al proceso revolucionario iniciado por el presidente Hugo Chávez; quienes en medio de las complejidades que ha atravesado el país durante los últimos años se mantienen “rodilla en tierra”, apostando al diálogo, a la paz y la estabilidad. Este sector, sin dejar sus demandas sociales, políticas o económicas a un lado, busca formar parte de la solución a la crisis actual, para superar el conflicto y el caos que se pretenden sembrar a diario en el país.
Durante los últimos tres meses la división se ha profundizado en Caracas. La ciudad del Este quedó envuelta en caos, llamas, violencia, gases lacrimógenos y vías trancadas. Allí hay puntos focales desde donde los grupos radicales pretenden obligar a otros a ser parte de su ofensiva. Otra cara muestra la Caracas del Oeste. A excepción de algunas zonas o urbanizaciones específicas que se han sumado a las protestas violentas, la tranquilidad reina en esta parte de la ciudad.
Sin embargo, en estas dos partes de la misma ciudad, al igual que en todo el territorio nacional, la población busca alternativas para llevar con la mayor normalidad posible su día a día. Son ciudadanos que transitan llenos de sueños, preocupaciones y aspiraciones comunes, al margen de la violencia.
El llamado opositor al desconocimiento de las normas y autoridades no ha tenido mayor repercusión. Los propios militantes de la MUD demandan más acciones para reimpulsar las protestas, que ya evidencian un marcado agotamiento. En las marchas ya no confluye la misma cantidad de gente, aunque conforme pasan los días se incrementa la violencia. “No podemos dejar que la calle se enfríe”, es común escuchar decir a opositores. Todo indica que para lograr sus objetivos necesitan un mayor derramamiento de sangre en las calles.
En este cuadro, la amenaza que comienza a penetrar psicológicamente en la población, ante las denuncias de supuesta crisis institucional, humanitaria, ruptura del orden democrático e ingobernabilidad, es que Venezuela avanza hacia una guerra civil. Se sientan las bases del “caos insostenible” para la “intervención inevitable” desde el exterior.
América Latina y el mundo entero deben mirar más allá de los grandes titulares del aparataje mediático internacional, al servicio de intereses imperiales.

Desde Caracas, R.M.

Cronología de una derrota histórica de Washington

Balance de la 47ª Asamblea General de la OEA

La magnitud del fracaso de Estados Unidos en la reunión de la OEA en Cancún fue reconstruida con claridad por la ahora ex canciller venezolana Delcy Rodríguez, cuando el 22 de junio realizó un balance de las intensas jornadas: Washington quiso engañar a los países caribeños haciéndoles creer que había cambiado el texto de su dura declaración contra Venezuela por uno más suave, cuando en verdad sólo se trataba de un maquillaje en sus intenciones intervencionistas.
Sobre los tres días de actividades (19, 20 y 21 de junio), Rodríguez afirmó que el primer día Washington había juntado votos “mintiendo”. Explicó que “habían engañado a países”, ya que difundían que iban a presentar una resolución con “mecanismos para apoyar y ayudar a Venezuela y no por la intervención”. Pero “una vez que los países se dieron cuenta retiraron el apoyo” y por eso el lunes (19) el proyecto contra Caracas obtuvo 20 de los 23 votos necesarios.
El segundo día –prosiguió la ex canciller– el representante estadounidense dijo: “Rogamos a esta Asamblea General para que se haga algo contra Venezuela”. Pero no juntaron apoyos para emitir una declaración. “El tercer día intentaron una última maniobra, que era incorporar toda la ofensiva contra Venezuela en un párrafo en la resolución sobre derechos humanos. Para esto se necesitaban 18 votos y tampoco los tuvieron”, concluyó.

¿Cómo se gestó la trampa fallida?
La cronología de aquellos días en Cancún resulta determinante para quienes aún dudan que las estrategias políticas hacia Venezuela se cocinan en Washington. El fin de semana previo a la Asamblea General el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló de la situación en Venezuela con al menos dos de sus socios suramericanos: el presidente de Perú, Pedro Kuczynski, y el de Panamá, Juan Carlos Varela, a quien recibió en Washington el 19 de junio. Ya lo había hecho en el último mes con el argentino Mauricio Macri y el colombiano Juan Manuel Santos.
Por esas horas, la agencia oficial de noticias de Argentina, Télam, dejó trascender que el nuevo canciller de Macri, Jorge Faurie, buscaba alcanzar “un nuevo consenso para destrabar la crisis en Venezuela”. De hecho –señaló la agencia el 18 de junio– Faurie estaba trabajando en la creación de una especie de Grupo de Amigos de Venezuela, integrado por la mayor cantidad posible de países “con tendencia balanceada”. Esta estrategia “balanceada”, que según Télam contaba con el acuerdo de Brasil, Chile y Uruguay, planteaba entre otras cosas “la suspensión del llamado a una asamblea constituyente”. Horas antes, su antecesora Susana Malcorra admitió que Macri y su círculo íntimo “tienen una posición muy, muy dura” sobre Venezuela.
La misma posición “balanceada” (que, como luego reveló Delcy Rodríguez, nunca existió) también fue esgrimida en las mismas horas por el representante de Estados Unidos ante la OEA, Kevin Sullivan: “Esperamos que se logre un cómodo punto medio” y “tener el consenso necesario para aprobar una declaración que va a expresar nuestras preocupaciones colectivas y va a llamar a todas las partes a desistir de la violencia”.

Ni duros ni blandos
La delegación peruana sorprendió el 19 de junio cuando anunció que retiraba su propuesta “dura” contra el gobierno venezolano, en la que entre otras cosas pedía cancelar la Asamblea Constituyente. Públicamente la iniciativa fue acompañada por Estados Unidos, Canadá, México Panamá y Perú. A cambio –dejaron trascender– el Caribe retiraría su propia propuesta “conciliadora” con el chavismo y se intentaría elaborar una iniciativa común entre todos los países, buscando el supuesto “punto medio” del que antes había hablado el estadounidense Sullivan y la “estrategia balanceada” de la que habló el argentino Faurie.
El canciller de Guatemala, Carlos Raúl Morales, como presidente de la reunión previa a la 47ª Asamblea General de la OEA, adelantó a la prensa durante la jornada que “una nueva resolución sobre la crisis de Venezuela” tenía “apoyos suficientes para prosperar”. La declaración pedía al gobierno venezolano “reconsiderar la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, tal y como está concebida actualmente”, como lo reveló la prensa internacional alineada a Washington la misma noche del lunes 19. “Ya están los votos suficientes” repitió a los medios de comunicación el canciller guatemalteco. Pero un grupo de países, entre los que estaba El Salvador, pidió un receso tras conocer el documento que supuestamente iban a votar. Una hora más tarde, ya entrada la noche, se supo a través de la prensa que la propuesta fracasó.
El golpe se reflejó en la cara y en las declaraciones del gobierno mexicano, anfitrión de la Asamblea General. “No nos cancelemos la oportunidad en un tema tan importante y doloroso para quienes están en la calle”, imploró el canciller de México, Luis Videgaray. Pese al ruego mexicano, la reunión de consulta sobre Venezuela del 19 se suspendió tras cinco horas de discusiones, trampas y presiones.
Al día siguiente un grupo de países liderado por México intentó introducir un proyecto de resolución para aprobarlo en la Asamblea General. Allí se necesitan 18 votos favorables –mayoría simple– pero tampoco se consiguieron. Sólo 11 países suscribieron una declaración no oficial para expresar su decepción por la falta de consensos en torno a Venezuela: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, México, Paraguay y Perú.

Falsas amistades
Desenmascarada la mentira de un supuesto documento “más balanceado”, el martes 20 en el pleno de la Asamblea General surgió la otra parte de la estrategia: el llamado grupo de amigos. Fue el subsecretario de Estado de Estados Unidos, John Sullivan, quien propuso a la OEA “probar su relevancia”, porque “es lo mínimo que puede hacer”. Se refería a la formación de un supuesto “grupo equilibrado de naciones interesadas en contribuir a una resolución de la crisis de Venezuela”.
Delcy Rodríguez lo rechazó y calificó de “inútil e innecesario” y respondió que la única forma en que Estados Unidos podría imponer su voluntad sobre Venezuela sería por la vía militar. “Tendrán en Venezuela una respuesta contundente si se atreven a dar ese paso en falso en nuestra región”, desafió.
El canciller chileno, Heraldo Muñoz, volvió a la carga en nombre de los países intervencionistas: “Hay tareas pendientes para tender puentes y buscar que algunos de los países que se abstuvieron (el 19) esta vez voten a favor y se creen las condiciones para lo fundamental”. Nada de eso sucedió.
La ministra Delcy Rodríguez denunció desde Cancún: “En las últimas semanas un grupo de países liderado por Estados Unidos han extorsionado, han maniobrado, presionado a países para que atenten contra Venezuela”. En la plenaria de la Asamblea General, cara a cara con los representantes de todos los países, especificó: “Hoy rogaron que la OEA no podía salir sin nada contra Venezuela. Pedían histéricamente que se aprobara una resolución contra la Asamblea Constituyente, objetivo imperial”.
Con las últimas luces del último día, miércoles 21, el embajador mexicano en la OEA, Luis Alfonso de Alba, admitió: “Ya se cerró la resolución (de la Asamblea General) y no está incluido (el tema de Venezuela)”. En efecto, la Asamblea General de Cancún dejó a Washington y sus socios con las manos vacías y un enorme fracaso a cuestas para la oposición venezolana.

A.F.