Alianza circunstancial entre el oficialismo paraguayo y el Frente Guasu

Un modesto impuesto a la soya, utilizado políticamente por algunos legisladores y resistido por el Gobierno y las clases dominantes, marcó el debut del ex obispo como presidente del Senado.  

El Senado paraguayo, presidido por Fernando Lugo desde el 1 de julio pasado, aprobó en general la aplicación de un impuesto a la exportación de soya en granos, un antiguo anhelo de las fuerzas progresistas que reivindican el tributo como un elemento de equidad ante el avance destructivo del agronegocio en el país.
La votación que arrojó 24 por la aprobación, 17 de rechazo, tres legisladores ausentes y una abstención, demandó tres horas de acalorado debate. El impuesto del 10% a la exportación de soya en estado natural fue aprobado en general y se pasó el tratamiento en particular para julio por una disputa procedimental entre los senadores que votaron a favor y los que lo hicieron en contra sobre cómo se abordaría la norma artículo por artículo.
El proyecto de la concertación Frente Guasu (FG) llegó a buen puerto gracias al apoyo del sector oficialista del Partido Colorado, disidentes del Partido Liberal y la Unión de Ciudadanos Éticos (Unace).
Originalmente el documento establecía un gravamen a la exportación de granos en estado natural de un 15%. Con las modificaciones introducidas durante el debate en el recinto quedó limitado a un 10% y sólo aplicable a la exportación de soya en estado natural. Fuera de la carga impositiva quedaron maíz y trigo, otros rubros importantes que se producen en el país. Además, lo recaudado deberá invertirse en salud, infraestructura y mantenimiento vial y a la reforma agraria integral.
Este paso importante todavía debe superar la aprobación de la Cámara de Diputados donde se hace difícil que pueda prosperar por la relación más directa de los legisladores de los partidos tradicionales con los soyeros de los departamentos donde se cultiva.
También la ministra de Hacienda, Lea Giménez, adelantó la posición del gobierno: “estamos comunicando que la posición del Poder Ejecutivo es que si se llega a aprobar este proyecto se vetará tal propuesta por ser dañina para la economía en su conjunto y nefasta para pequeños y medianos productores. Cualquier gravamen debe considerar que todo impuesto en el sector será trasladado al productor. Segundo, los ingresos al fisco del sector agro se han triplicado desde el 2013 y dada la generación de riquezas es un hecho que ellos pueden aportar más”, dijo.
Durante el tratamiento del proyecto en la Cámara alta los soyeros realizaron un “tractorazo” y llegaron a cerrar de manera intermitente algunas rutas principales, entre ellas un corte en el kilómetro 25 de la Supercarretera de Hernandarias, departamento de Alto Paraná. Camioneros que hacen fletes a los silos y transportadores de ganado se sumaron a la protesta.

Injusticia tributaria
Aún si fuera aprobado este impuesto del 10% a las exportaciones de soya natural, el complejo soyero pagaría unos 200 millones de dólares cada año. Cómo se verá, es una ínfima parte de los 11 mil millones de dólares que insume el escuálido presupuesto anual del Estado paraguayo.
Economistas, analistas, organizaciones sociales y políticas de todo el país recordaron durante el debate público que si bien la presión fiscal en el país es del 12% promedio, para los soyeros por diferentes privilegios normados es de sólo un 2%. Advirtieron también que de 3,4 millones de hectáreas de cultivos, 3,2 millones son de soya (88% de la superficie cultivada). De ese total 83% pertenece a 4.300 empresarios de la soya que constantemente presionan y desplazan a las comunidades indígenas y campesinas, talando bosques a pesar de la vigencia de una normativa que prohíbe expresamente hacerlo en la Región Oriental del país.
En total unos 30 mil productores de soya se expanden en los departamento de Alto Paraná, Canindeju e Itapúa, donde los movimientos campesinos denuncian las fumigaciones con glifosato para permitir el desarrollo de los plantíos que se hacen con alrededor de 20 especies transgénicas, algunas de ellas prohibidas en la gran mayoría de países del mundo.
Otra cuestión clave en este problema es que cinco multinacionales, ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus y Noble, manejan el 80% de las exportaciones de la soya que se produce en el país y hasta los grandes propietarios del agronegocio exhiben su malestar con esta situación.

Realpolitik
Casualidades del calendario, el impuesto a la exportación de soya se aprobó en coincidencia con el quinto aniversario del juicio político express que derrocara al entonces presidente del Paraguay Fernando Lugo. Superado el episodio de la enmienda constitucional que sacudió a la política y a las instituciones paraguayas en los primeros meses de este año, el ex obispo fue electo titular del Poder Legislativo en una extraña alianza con quienes lo derrocaron en 2012.
Lugo llegó a la presidencia del Senado luego de que el gobernante Partido Colorado lograra quitar de las presidencias de Diputados y del Senado a opositores al presidente Horacio Cartes: Hugo Velázquez, colorado disidente, y Roberto Acevedo, del Partido Liberal en el Senado, respectivamente.
La maniobra del Frente Guasu (FG) de aliarse con Cartes para buscar la posibilidad de la reelección sigue siendo cuestionada por fuerzas que se escindieron del FG para crear Avanza País, el sector que erigió a Mario Ferreiro como intendente de Asunción. Sus dos senadores, Miguel López Perito, quien fuera jefe de gabinete de Lugo, y Adolfo Ferreiro, abogado defensor del ex obispo durante el juicio político, votaron en contra del impuesto aduciendo que perjudicaría a pequeños y medianos productores, entre otros puntos.
Desde su nueva posición se vislumbra la posibilidad de que Lugo busque volver a poner en discusión su derecho a candidatearse a la Presidencia de la república, una posibilidad remota por la oposición que tiene en el Tribunal de Justicia Electoral (Tsje) donde sus magistrados en reiteradas ocasiones han expresado que su interpretación de la norma no tiene razón. Se espera que Lugo entonces recurra a la Corte Suprema (CSJ), aunque fuentes del Palacio de Justicia aseguren que el pedido sería rechazado.
Quien corre con ventaja para las presidenciales de 2018 es el ministro de Hacienda, Santiago Peña, impulsado por el presidente Cartes. Una de las caras visibles de quien podría oponerse al oficialismo es Efraín Alegre, actual presidente del Partido Liberal. Pero nada es definitivo en los acuerdos entre cúpulas. La política paraguaya puede ofrecer nuevas e insólitas alianzas en un escenario de recesión económica, pobreza y un tremendo déficit en políticas sociales.

Desde Asunción, Jorge Zárate

Cinco años de la Masacre de Curuguaty

El 15 de junio se conmemoraron cinco años de la Masacre de Curuguaty, trágico evento utilizado por los representantes legislativos de las clases dominantes para expulsar mediante juicio político al entonces presidente Fernando Lugo. Un intento de desalojo de tierras públicas en Marina Kue, un distrito de la ciudad de Curuguaty, dejó 11 campesinos y seis policías muertos.
Además de la utilización política de aquella jornada se abrió una causa judicial que devino en un proceso insólito, denunciado internacionalmente. Jamás se investigaron las muertes de los campesinos que, en algunos casos, fueron ultimados a balazos por la policía mientras se encontraban heridos. Con parcialidad manifiesta, fueron condenados 11 de los ocupantes de las tierras públicas donde ocurrió la matanza.
Tras los actos de recordatorio de la masacre los abogados defensores de los condenados plantearon recursos de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de que la máxima instancia judicial revea las condenas que consideran a todas luces injustas. Entre otras pruebas desechadas por la investigación, los policías fueron asesinados por balas de fusiles automáticos y los campesinos sólo tenían escopetas rudimentarias, de fabricación casera, que sólo disparan cartuchos con perdigones.
Rubén Villalba fue castigado con 30 años de pena más cinco de medidas de seguridad por homicidio doloso acabado, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno. Le atribuyeron además el asesinato del subcomisario Erven Lovera, jefe del ilegal operativo de desalojo. También resultaron condenados Luis Olmedo Paredes, 20 años, y Arnaldo Quintana y Néstor Castro Benítez, 18 años, todos por homicidio doloso acabado, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal.
Lucía Agüero, María Fany Olmedo y Dolores López fueron condenadas a seis años de cárcel por complicidad en homicidio, asociación e invasión. Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Alcides Ramírez, Juan Tillería, a cuatro años de cárcel por asociación criminal e invasión de inmueble ajeno. Los últimos ya se encuentran en libertad tras cumplir la pena en arresto domiciliario.
Cinco años después, más de 100 familias continúan resistiendo en las tierras de Marina Kue, esperando que el Estado consolide el asentamiento, les brinde luz y agua. Allí funciona la Escuela Mártires de Marina Kue y siembran hortalizas y frutas.