Gobierno ecuatoriano y oposición buscan ganar la iniciativa

Medios y opositores intentan presionar a Lenín Moreno a raíz del caso Odebrecht. El presidente respondió a las presiones con nuevos anuncios. Rafael Correa subrayó que esa lucha no comenzó ahora.

En el primer mes de mandato del presidente Lenín Moreno la corrupción tomó la delantera como el principal tema del debate político nacional. Tanto el Gobierno como la oposición buscan tener la iniciativa y lanzan acusaciones cruzadas al respecto.
Al igual que en otros países de América Latina, la red de sobornos y corrupción alrededor de obras públicas montada con eje en la constructora brasileña Odebrecht tiene su capítulo local en Ecuador. La información dada por el Departamento de Justicia estadounidense reveló en diciembre que en el caso de este país el pago de coimas habría alcanzado los 33,5 millones de dólares entre 2007 y 2016 y le habría significado a la empresa brasileña beneficios por 116 millones de dólares. El período elegido no es casual: Rafael Correa asumió la presidencia de Ecuador en 2007 y es uno de los gobiernos de la región más atacados por Washington.
Durante la campaña electoral, la prensa opositora machacó con el supuesto ocultamiento por parte del Gobierno de una presunta lista de quienes habrían cobrado sobornos de Odebrecht en el país. Aunque se sabía que las delaciones de los directivos corruptos de la empresa sólo iban a darse a conocer el 1 de junio, por un acuerdo de confidencialidad firmado entre las autoridades judiciales de Brasil y los delatores, la oposición embistió contra el oficialismo y tomó la lucha contra la corrupción como bandera.
En la madrugada del 2 de junio la justicia realizó las primeras cinco detenciones y allanamientos de empresas que “formaban parte de la trama de crimen organizado que involucró y tuvo como eje a la empresa Odebretch”, según declaró el Fiscal General de Ecuador, Carlos Baca Mancheno, que lleva adelante el caso.
En una comparecencia ante la Asamblea Nacional, el fiscal informó que hay más de 60 mil documentos que forman el proceso de indagatoria, ocho personas procesadas –seis presas– y 18 allanamientos realizados. El caso más resonante hasta ahora es el de Carlos Pólit, Contralor General del Estado, que se encuentra en Estados Unidos y con pedido de juicio político dentro de la Asamblea Nacional. Los delitos que se investigan son tres: concusión, lavado de activos y asociación ilícita.
El órgano legislativo, de mayoría oficialista, ya solicitó la anulación de los contratos que el Estado mantiene con Odebrecht y la expulsión de la constructora brasileña del país.

Respuesta gubernamental
Apenas 12 días después de haber asumido, el presidente Lenín Moreno puso en marcha, a través de un decreto, un Frente de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción formado por nueve personas sobre 13 que habían sido convocadas por el mandatario. No acudieron al llamado el arzobispo de Quito y ex presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Fausto Trávez; los abogados y académicos Julio César Trujillo y Fabián Corral; y el embajador del país en Estados Unidos, Francisco Borja.
Entre sus miembros hay tres funcionarios de gobierno: la ministra de Justicia, Rosana Alvarado; la canciller, María Fernanda Espinosa y el titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Andrés Mideros. Los otros seis, presentados como miembros destacados de la sociedad civil, son: Xavier Zavala Egas, abogado y profesor universitario; Pablo Vanegas, Rector de la Universidad de Cuenca; Pablo Dávila, ex presidente de la Cámara de Industrias y Producción; Tatiana Hidrovo, historiadora y ex constituyente por Alianza País (AP); el periodista Carlos Rabascall y la artista Larissa Marangoni.
Moreno encabezó el acto de constitución del frente y anunció: “Nuestra lucha contra la corrupción será implacable”. Desde el Palacio de Carondelet destacó la diversidad ideológica de sus miembros y la asesoría permanente que tendrá desde las Naciones Unidas (ONU). “No vamos a permitir que ningún acto corrupción quede bajo la impunidad. Con este frente queremos instaurar un ente legítimo y necesario en el que el gobierno y sociedad civil unan sus fuerzas para construir un país más honesto, transparente”, señaló.
El frente fue dotado de autonomía y permiso para solicitar información pública a todas las instituciones del Estado. Entre sus funciones genéricas le corresponde: proponer al presidente “estrategias y mecanismos para la prevención de la corrupción en el sector público y privado”; exhortar a las entidades correspondientes activar y aplicar los mecanismos de control e investigaciones; proponer iniciativas de educación que promuevan una cultura de transparencia y presentar propuestas de políticas y normas para la lucha contra la corrupción.
La estrategia gubernamental se completó con el viaje de la canciller a la sede de Naciones Unidas, donde se reunió con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para contar con apoyo y asesoramiento en la materia.

Fricciones
Los movimientos de los nuevos funcionarios de gobierno generaron tensiones con la gestión de Rafael Correa y llevaron al propio ex presidente a pronunciarse públicamente ante distintos hechos.
En un editorial publicado el 6 de julio por el diario El Telégrafo, Correa se refirió al caso Odebrecht y entró de lleno en el debate sobre corrupción. “Creer que las detenciones y allanamientos de la madrugada del 2 de junio son fruto de poco más de una semana de trabajo –con feriado incluido, es ingenuidad extrema o abierta mala fe”, comenzó por remarcar. En el artículo describió las reuniones semanales que hace varios meses mantenían distintos entes dependientes del Poder Ejecutivo con la Fiscalía, así como los viajes de altos funcionarios a Estados Unidos, Brasil y Perú. “Molesta y ofende la falta de mención de todo este trabajo de meses, haciéndole el juego a la oposición sobre que se quiso ocultar algo”, agregó.
En una indirecta alusión al Frente lanzado por Moreno, Correa manifestó su sorpresa por el nombramiento oficial de “comisiones ad hoc” y “más aún que se pida ‘ayuda’ a organismos internacionales, claudicando en lo avanzado todos estos años en cuanto a institucionalidad y soberanía”. “La politización de la lucha anticorrupción y las respuestas fuera de la institucionalidad del Estado, no nos fortalecen, nos debilitan”, concluyó el ex mandatario tras enumerar toda una serie de triunfos contra la “corrupción institucionalizada” que existía antes de la llegada de la Revolución Ciudadana.
Días después, Correa cuestionó a través de las redes digitales que funcionarios de gobierno sigan “el discurso de la oposición, a la cual le importa un bledo la lucha anticorrupción”. “El frente externo no me preocupa, sí el interno, donde, por torpeza o deslealtad, se habla de marcar ‘distancia’ con mi gobierno. Mientras tanto, AP calla. Sólo se han escuchado voces valientes desde la Asamblea”, cuestionó.
En otro artículo, con fecha 16 de junio y titulado “Hablarle a la ciudadanía, no a los medios”, Correa alertó: “Pareciera que por un supuesto diálogo los que ganamos las elecciones las hubiéramos perdido. Que la oposición era la que tenía la razón. Que en nombre de la unidad hay que volver a someter al país a los agonizantes poderes fácticos”. Y agregó: “Se ordena informar a los medios, no a la ciudadanía, y les aseguro, después de una década de experiencia, que no es lo mismo. Grave error, gravísimo error”.
Los pronunciamientos públicos del ex presidente, cuando no había pasado todavía un mes de la asunción de Lenín Moreno, sorprendieron dentro y fuera de Ecuador. Tras prometer un perfil bajo, Correa busca sostener una línea dura ante la oposición y la prensa comercial, que contrasta con el perfil dialoguista del nuevo mandatario.

Historial de Odebrecht en el país

Odebrecht llegó a Ecuador en 1987 mediante un sistema de contratación ligado a préstamos del Banco de Desarrollo de Brasil (Bndes). Desde entonces firmó 40 contratos con instituciones públicas del país.
Las primeras irregularidades fueron detectadas por la comisión auditora de la deuda externa, conformada en el gobierno de Correa, que encontró anomalías en cuatro contratos firmados antes de 2008.
Uno de estos casos fue el de la Central Hidroeléctrica San Francisco, en Baños. Desde que la obra fue adjudicada en el año 2000, y hasta 2006, fueron firmados 10 contratos ampliatorios que elevaron su costo en 89 millones de dólares. La comisión auditora de la deuda externa exhibió acciones ilegales durante ese proceso y pidió anular la deuda contraída con el Bndes. La obra terminó en 2007, pero un año después se detectaron problemas estructurales en la construcción y en junio se paralizaron sus operaciones.
Por estos motivos, el 26 de septiembre del 2008 Correa firmó el decreto para la expulsión de Odebrecht del país, hecho que abrió un conflicto diplomático con Brasil, cuyo gobierno decidió retirar a su embajador en Quito. La empresa volvió a ser contratista del Estado dos años después, luego de pagar una indemnización y reparar la hidroeléctrica. Desde entonces ejecutó seis proyectos por más de 1.600 millones de dólares en total.