El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) de México rechazó investigar o pedir información al Gobierno de Enrique Peña Nieto sobre el uso del software Pegasus usado para espiar a periodistas, activistas y políticos opositores.

De seis integrantes de este flamante comité, creado en abril pasado, sólo votó a favor de investigar la presidenta de la Comisión Ciudadana, Jacqueline Peschard.

Los otros integrantes de este grupo, entre ellos varios funcionarios de diferentes áreas de Gobierno, argumentaron ante la prensa que «el espionaje no es un delito considerado dentro del catálogo de corrupción».

El Comité Coordinador está compuesto por la Presidenta del Comité de Participación Ciudadana; presidente de la Auditoría Superior de la Federación mexicana; titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; titular de la Secretaría de la Función Pública; un representante del Consejo de la Judicatura Federal; el Presidente del Instituto Nacional de Transparencia y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Esta institución nació el 4 de abril pasado con el objetivo de «diseñar, promover y evaluar las políticas públicas de combate a la corrupción». Las denuncias contra el presidente Peña Nieto fueron las primeras de envergadura que le tocó tramitar a sus integrantes.

Peschard, representante de la Comisión Ciudadana, lamentó esta decisión y contradijo la visión de los otros miembros. De confirmarse el espionaje, sería una violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos e incluso podría configurarse el delito de malversación de dinero público, señaló.

Para esta integrante del Comité, un voto favorable hubiera permitido que «las autoridades dieran información sobre el programa Pegasus. ¿Quiénes lo tienen? ¿Cuánto se ha gastado en él? ¿Cuál es el marco jurídico?».

La denuncia surgió luego de que el 19 de junio, el diario estadounidense The New York Times revelara que el programa Pegasus había sido utilizado para espiar a críticos del Gobierno mexicano.

Ante las denuncias el presidente Peña Nieto ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) iniciar una investigación luego de reconocer que el sistema Pegasus está en manos del Ejecutivo pero que sólo se utiliza de manera legal.