Más de ocho millones de venezolanos votaron por la Constituyente

Más de 140 mil personas hicieron dos horas de cola en el Poliedro de Caracas para emitir su voto. Foto izquierda: AVN

Maduro salió fortalecido por la altísima participación electoral. Ahora comienza un debate a fondo por el futuro del país. La oposición, derrotada, apela como nunca a la presión internacional.

“Es la votación más grande que ha sacado la Revolución Bolivariana en toda la historia electoral de estos 18 años”. Apoyado en los 8.089.320 votos de venezolanos que eligieron candidatos para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Nicolás Maduro salió en las primeras horas del 31 de julio a celebrar el masivo apoyo popular obtenido en las urnas.
La imponente fuerza del chavismo llegó en el momento más crítico, cuando muchos dentro y fuera del país creían haberlo derrotado. Luego de 120 días de protestas violentas, múltiples cortes de calles, amenazas, linchamientos, quema de personas, innumerables destrozos y un llamado de la oposición a impedir el voto (ver Hitos…), una verdadera marea de personas llenó los centros de votación y dio un fenomenal respaldo a la iniciativa presidencial.
La participación del 41,53% del electorado en apoyo a la ANC significó una sólida recuperación electoral de la fuerza gobernante. En diciembre de 2015, la coalición opositora de la MUD había ganado las elecciones legislativas con un apoyo de 7,7 millones de votantes (56% de los que participaron), claramente superior a los 5,6 millones de sufragios (41%) alcanzados por la coalición oficialista. Poco más de un año y medio después, más de ocho millones de personas marcaron el resurgimiento del chavismo desde las bases y la derrota de la estrategia opositora.
Además del número inapelable, la votación tuvo esta vez un tono épico por las adversidades que tuvieron que afrontar miles de votantes: “La Constituyente llegó de la mano de un pueblo, de la mano de la conciencia, ocho millones largos en medio de las amenazas; hubo Estados del país donde la gente salió retando las balas de los paramilitares, cruzaron ríos, en el Táchira cruzaron montañas, pero votaron. ¡Honor y gloria al pueblo de Venezuela!”, celebró Maduro ante la multitud que se congregó a esperar los resultados en la Plaza Bolívar de Caracas. “No sólo tiene la fuerza constituyente nacional, sino que tiene la fuerza de la legitimidad, la fuerza moral de un pueblo que de manera heroica, en condiciones de guerra, salió a votar, a decir: ‘queremos paz’”, reafirmó el presidente venezolano sobre la elección del 30 de julio (ver discurso completo en pág. 17).
Las afirmaciones no fueron exageradas. Unos 200 centros de votación fueron atacados en todo el país con el objetivo de impedir la elección o amedrentar a los votantes, en hechos que provocaron heridas de armas de fuego a 21 efectivos de las fuerzas de seguridad y la muerte de uno de ellos, mientras cumplían labores para garantizar la seguridad de los electores, según informó el Ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López.
Fue muy significativa la masiva afluencia de votantes en el centro de contingencia montado en el Poliedro de Caracas. Allí emitieron su voto alrededor de 140 mil electores que viven en el este de la capital y en otras urbanizaciones de la ciudad afectadas por la violencia, donde los habitantes son mayoritariamente opositores. Debido a los ataques contra centros electorales y las gravísimas amenazas, muchos decidieron trasladarse a este centro montado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), donde tuvieron que hacer varias horas de fila para poder emitir su voto.
“Esta ha sido una elección extraordinaria, inusual, distinta. El balance es extremadamente positivo, porque ganó la paz, ganó Venezuela. A pesar de la violencia, a pesar de las amenazas, los venezolanos pudieron expresarse”, celebró desde la sede del CNE la presidente del organismo, Tibisay Lucena. Garantizar el derecho al ejercicio del voto de ocho millones de personas en semejantes condiciones fue un desafío monumental y exitoso para todas las personas que conforman el poder electoral.

Mensaje de paz
Aunque extraordinaria en números y contexto, la victoria electoral no resuelve por sí misma la extrema polarización social fomentada principalmente por la oposición, en el marco de su fallido plan golpista. Por eso, la dirigencia política de la Revolución tomó como bandera para el debate constituyente tres consignas apenas se conocieron los resultados positivos: justicia, paz y diálogo.
La propuesta de diálogo con la MUD seguirá en la mesa, con vistas a lograr una reconciliación y pacificación social, pero no habrá impunidad ante los graves crímenes cometidos durante los últimos cuatro meses. Por eso una de las principales iniciativas que discutirán los representantes electos es la creación por ley de una Comisión Nacional de la Verdad y la Justicia y un plan de asistencia a las víctimas de la violencia.
En conferencia de prensa al día siguiente de la elección, la ex canciller y diputada constituyente electa, Delcy Rodríguez, pidió la investigación de “los crímenes de odio, espantosos”, en alusión a la quema y linchamiento de ciudadanos. Grupos fascistas atacaron personas “por su color de piel o por su pensamiento político”, denunció. “Para poder preservar la paz debemos definitivamente aplicar justicia a quien sea responsable de estos hechos de violencia”, subrayó al explicar el rol que cumplirá la comisión de investigación ante la inacción de la Fiscal General frente a muchos de los delitos ocurridos en abril, mayo, junio y julio.
También en línea con el mensaje de paz expresado por Maduro, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), invitó “a todos los venezolanos, de cualquier signo político, a que se sumen a la Asamblea Nacional Constituyente, así no hayan votado”. El Presidente había presentado la ANC como un espacio de diálogo y encuentro “de todos los venezolanos, de la gente honesta y sincera que quiera paz”. Pero aclaró a su vez que “esta es una Constituyente para poner orden, hacer justicia”.
Los tribunales judiciales recibieron rápidamente el mensaje y revocaron los beneficios de “casa por cárcel” otorgados al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y al dirigente de extrema derecha Leopoldo López. Este último está condenado a 13 años y nueve meses de prisión por liderar una insurrección golpista fallida en 2014, que se prolongó durante tres meses con un saldo de 43 muertes.
Pese a estar inhabilitados políticamente y tener prohibida la realización de acciones proselitistas –como condición para permanecer fuera de los centros de reclusión– ambos se lanzaron los días previos a la elección constituyente a convocar protestas durante la jornada de votación e incluso enviar mensajes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb). López había recibido el beneficio de la prisión domiciliaria el 8 de julio, por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que había generado una gran indignación en el chavismo.
El 2 de junio, el juez que había ratificado la condena a prisión de López fue asesinado a tiros cuando intentaba evadir una barricada con su vehículo personal, en un hecho en el que se investiga presunto sicariato.
Millones de venezolanos reclaman justicia por las personas quemadas vivas y linchadas en plena vía pública, los destrozos de centros educativos y de salud, la quema de miles de toneladas de alimentos interceptados en las rutas del país o incendiados directamente en depósitos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y la destrucción indiscriminada de todo tipo de bienes y servicios públicos.

Estrepitoso fracaso opositor
La MUD intentó sostener durante cuatro meses una violenta ofensiva que prometió a los ciudadanos opositores y a los grupos especialmente organizados para ir al choque contra las fuerzas de seguridad –en su mayoría compuestos por jóvenes– que pondría fin al gobierno de Maduro. La etapa final del plan preveía un paro general de 48 horas el 26 y 27 de julio y luego movilizaciones masivas y levantamientos insurreccionales que culminarían con el fracaso de la elección constituyente.
El resultado fue que la huelga no logró ningún efecto en las fábricas ni en el centro de Caracas y la movilización convocada desde el 28 de junio bajo las consignas “la toma de Venezuela” y la “toma de Caracas” completó el mayor fracaso de la MUD en los últimos años. Ni siquiera las bases opositoras más duras salieron a las calles, en gran medida indignadas porque los dirigentes no cumplieron con la instalación del “gobierno de transición” paralelo prometido el 16 de julio, luego de la consulta organizada en Venezuela y varias ciudades de otros países. Los otros dos puntos fijados esa fecha: impedir la elección e instalación de la Asamblea Constituyente y lograr que la Fuerza Armada “reestablezca el orden constitucional” (eufemismo para pedir un golpe de Estado militar), quedaron también sepultados.
La consigna de vaciar las calles con una huelga y llenarlas luego con grandes concentraciones hasta el mismo domingo de la votación quedó expuesta como una gran farsa. Muchos jóvenes que formaron los grupos violentos de choque quedaron indignados y abandonados, mientras que el grueso de los ciudadanos que se oponen al gobierno de Maduro en las urbanizaciones históricamente antichavistas terminó hastiado de la violencia, delincuencia, destrozos y cortes de vías montados principalmente en sus propios barrios sin otro resultado que el de afectar notablemente su vida cotidiana.
Tras algunas manifestaciones nutridas en momentos puntuales de las primeras semanas de protestas, lanzadas desde el 1 de abril, los simpatizantes de la oposición fueron progresivamente abandonando las calles. Ante la imposibilidad evidente de sostener una movilización social permanente y sin capacidad de superar la movilización de masas del chavismo, los grupos opositores multiplicaron la violencia, que llegó al extremo de rociar con combustible a personas, prenderlas fuego en plena vía pública y difundir las imágenes o videos por las redes sociales. Alrededor de 30 personas sufrieron quemaduras de gravedad en gran parte del cuerpo y muchas murieron en distintos ataques de tinte fascista.
A la luz de estos hechos y con el correr de las semanas, la estrategia opositora de “calle sin retorno” hasta “derrocar a la dictadura” quedó reducida a la extrema violencia de pequeños focos organizados en algunas ciudades del país. Su contracara fue el despliegue nacional de una campaña constituyente, con actos públicos en todos los Estados, que culminó con ocho millones de personas en los centros de votación. Muchos de ellos lo hicieron con la esperanza de que la Asamblea Nacional Constituyente permita dar una salida a los problemas económicos, acabar con la violencia e ir dando solución a las dificultades cotidianas.
Casi como una premonición, una semana antes de la elección constituyente la encuestadora Datanálisis advertía que el 53% de los venezolanos reivindicaba los gobiernos de Chávez, reconociendo a su manera que la mayoría de la población es chavista. La fuente es clave, porque se trata de la principal consultora vinculada a la oposición y la más utilizada por la prensa internacional que ataca a la Revolución Bolivariana.

Negación y amenaza guerrerista
Sin embargo, la oposición venezolana no se resigna a aceptar la realidad, sentarse a dialogar y aceptar el cronograma electoral legalmente establecido. Para ello se apoya en la gran campaña mediática internacional y la presión que continúan ejerciendo gobiernos del continente que pretenden ignorar la voluntad de más de ocho millones de venezolanos (ver “Burdo…”).
Bastó ver las tapas de los diarios tradicionales de América Latina del lunes 31 de julio para entender que la voz de las grandes mayorías en Venezuela no será jamás tenida en cuenta. Para esta prensa, la elección constituyente se redujo a otra jornada de “sangrienta represión”. En efecto, hubo graves hechos de violencia, enfrentamientos de grupos armados con fuerzas de seguridad y una dura respuesta policial en algunos puntos del interior del país, con un saldo de 10 muertes que investiga el Ministerio Público. Las víctimas fatales se registraron en los Estados Táchira (4), Mérida (3), Lara, Sucre y Zulia.
El caso más impactante fue el atentado con bomba perpetrado en la plaza Altamira de Caracas –centro de la organización de las protestas violentas desde abril– donde ocho policías motorizados fueron heridos por la explosión de una bomba, con quemaduras de primer, segundo y tercer grado. Insólitamente, la impactante fotografía de la explosión fue utilizada por numerosos portales y tapas de diarios de América Latina y el mundo como si hubiera sido utilizada por el Gobierno, con títulos como “Maduro baña en sangre Venezuela”, de La República de Perú.
Sobre ese apoyo internacional, varios dirigentes opositores se lanzaron a denunciar fraude y los más audaces insistieron en que “la dictadura” de Maduro está por terminar. El ex presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, dijo que votaron menos de 2,5 millones de personas (el 12% del padrón), aunque no se animó a explicar cómo habría ocurrido semejante fraude con el voto electrónico (el mismo sistema con el cual la oposición fue proclamada vencedora en diciembre de 2015).
Las sanciones de Estados Unidos contra Maduro al día siguiente también marcaron que la intención es prolongar la ofensiva. Pero ahora el chavismo, la Fuerza Armada, el Partido y su Gobierno están más fortalecidos ante las amenazas intervencionistas.

La composición de la Asamblea Constituyente

Según una investigación periodística del Ministerio de Comunicación e Información (Minci), que incorpora los datos ofrecidos por el Ministerio Público (MP) y reportes de medios de comunicación, entre el 6 de abril y el 28 de julio hubo 137 muertes enmarcadas en el contexto de violencia política que sacude al país.
De ese total, 109 casos figuran en el listado del MP y otros 28 surgen de noticias publicadas en la prensa. A estas cifras se le deben agregar otras 15 muertes ocurridas entre el 29 y 30 de julio, en circunstancias aún no aclaradas al cierre de esta edición.
Si se toman las investigaciones formales del MP, conducido por la fiscal Luisa Ortega Díaz, en 14 casos hubo imputaciones, detenciones u órdenes de aprehensión sobre 50 funcionarios del orden público. Esa cantidad de víctimas fatales es la que puede hasta el momento adjudicarse a la represión de las fuerzas de seguridad, en investigaciones registradas hasta el 28 de julio. También se imputó, detuvo o se ordenó la detención de 28 civiles en relación con otros 12 casos.
Entre las 137 víctimas fatales mencionadas, 43 de ellas estaban participando de manifestaciones contra el Gobierno, según el balance del MP (31% de los casos). Las restantes 94 no eran parte activa de las protestas, según se desprende de la información del MP y testimonios de familiares o testigos publicados en medios de comunicación.
Dentro de este grupo de víctimas (que corresponde al 69% del total de los casos), hay múltiples causantes de las muertes. Entre ellas están 17 personas que perdieron la vida producto de las barricadas (en accidentes, intentos de sobrepasarlas o asesinadas al intentar liberar las vías). Otras nueve murieron electrocutadas en dos saqueos.
También forman parte de esa lista 10 miembros de organismos de seguridad del Estado y cinco militantes chavistas víctimas de sicariato (dos estudiantes asesinados durante una asamblea universitaria, un joven obrero secuestrado, torturado y quemado en el Estado Lara, un candidato sectorial a la Asamblea Nacional Constituyente). Otros tres militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) fueron asesinados por disparos en un ataque en Mérida; dos personas más perdieron la vida al ser quemadas vivas, señaladas como “chavistas”, y una tercera fue linchada también por grupos opositores.
Prácticamente ningún medio de comunicación fuera de Venezuela ha intentado investigar los casos de las víctimas fatales ocurridas en el contexto de la violencia desatada en abril, mayo, junio y julio en el país. Peor aún, muchos de ellos ubican las víctimas de un solo lado e intentan presentarlas en su totalidad como muertes por represión del Estado.

Burdo desconocimiento a la voluntad popular

Como lo demuestran los hechos, las diferentes fases del intento golpista interno en Venezuela fueron acompañadas de manera coordinada por acciones externas. Desde la OEA, Luis Almagro intentó ejecutar un plan que, tras su debilitamiento político producto de continuos fracasos, fue recogido por algunos gobiernos de la región. Los mismos países que buscaron infructuosamente durante los últimos cuatro meses liquidar a la Revolución Bolivariana, desconocieron al unísono la voluntad de los venezolanos que el 30 de julio votaron a favor de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Al día siguiente de esta elección, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones individuales contra el presidente Nicolás Maduro. En sintonía con Washington, los gobiernos de Colombia, Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Honduras, Perú, Panamá, México y Paraguay rechazaron la votación en Venezuela, antes incluso de que se conocieran los resultados del 30 de julio.
El colombiano Juan Manuel Santos denunció “la instalación por la fuerza de una ilegítima Asamblea Constituyente”. Desde Buenos Aires, un comunicado del gobierno de Mauricio Macri señaló que “Argentina no reconocerá el resultado de esa elección ilegal”. Perú convocó a una reunión de cancilleres latinoamericanos, mientras que el presidente de Paraguay, Horario Cartes, manifestó “desconocer la ilegal convocatoria” de la Constituyente. Por su parte, el gobierno chileno denunció que la elección fue “ilegítima” y “sin las más mínimas garantías para una votación universal y democrática”.

Origen de la última ofensiva
Al poco tiempo de asumir como presidente de Estados Unidos, Donald Trump recibió a Lilian Tintori en Washington y pidió liberar “inmediatamente” a su esposo, Leopoldo López. La primera medida de su gobierno había sido sancionar sin pruebas al vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, para vincularlo insólitamente con el narcotráfico.
Tras este primer paso, Trump habló telefónicamente con Macri y también con los presidentes de Colombia y de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Los tres fueron los primeros pilares de las líneas estratégicas que preparó este año Washington contra Venezuela, a las que luego se sumaron otros gobiernos.
Uno de ellos es el de Brasil, cuyo canciller, Aloysio Nunes, asumió el 7 de marzo en reemplazo de José Serra, otro consagrado a la causa intervencionista. “Venezuela es una dictadura”, definió Nunes. Y en mayo, el presidente no electo –Michel Temer– recibió a la esposa de Leopoldo López. Junto a ella se animó a declarar que “el pueblo venezolano exige democracia”, mientras la enorme mayoría de los brasileños demanda elecciones directas y le pide a él su inmediata salida del poder usurpado.

Derrota en la OEA
Con estos apoyos, a mediados de marzo Luis Almagro presentó uno de sus tantos informes sobre la situación en Venezuela que, en este caso, pretendía servir como disparador de una ofensiva mayor. Sin embargo, a fines de ese mes sólo 14 de los 34 países de la OEA adhirieron a los postulados del Secretario General contra el presidente Nicolás Maduro.
De derrota en derrota, Almagro fue asistido por México. El gobierno de Enrique Peña Nieto pasó a liderar una fase que acabaría en otro fracaso en la Asamblea General de la OEA en Cancún, en junio. El anuncio lo hizo el canciller mexicano, Luis Videgaray, que había asumido en enero. De estrecho vínculo con Trump, Videgaray fijó en marzo que “el tema que le atañe a México y al resto del continente americano es una violación sistemática a los principios de la democracia” en Venezuela.
El siguiente intento de lograr un cerco de la región contra el gobierno de Maduro desde la OEA tuvo lugar el 28 de marzo, durante una sesión especial convocada para analizar la situación en Venezuela. Ese día se evidenció, como pocas veces antes, la estrecha coordinación de la ofensiva con la prensa internacional. Estados Unidos hizo trascender a través de medios de comunicación un falso “debilitamiento” del gobierno bolivariano dentro del sistema interamericano. Amparado en esa mentira, el senador de los Estados Unidos Marco Rubio amenazó a través de la prensa afín a República Dominicana, El Salvador y Haití antes de la votación en la OEA. El objetivo era quebrar el respaldo del Caribe a Venezuela. Pero el 3 de abril, apenas 17 de los 34 países de la OEA aprobaron una declaración que afirma que en Venezuela hay una “grave alteración inconstitucional del orden democrático”.

Maduro versus Macri
El 18 de abril, desde Caracas, el presidente Maduro denunció la ya inocultable “arremetida internacional encabezada por el Departamento de Estado de Estados Unidos”. Una semana más tarde, la canciller Delcy Rodríguez anunció que el país iniciaba el procedimiento formal para salir de la OEA, debido a la continuidad de las acciones “intrusivas, arbitrarias, ilícitas, desviadas y groseras contra la soberanía”.
A fines de abril los presidentes de Argentina y Estados Unidos expresaron su “fuerte preocupación por la deteriorada situación en Venezuela” y acordaron “trabajar estrechamente para preservar las instituciones democráticas en ese país”. Además de esta posición conjunta, Mauricio Macri aseguró en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, que Venezuela “no es una democracia”.
Envalentonado tras su reunión con Trump, el 11 de mayo Macri dijo durante el encuentro de líderes reaccionarios conocido como Círculo de Montevideo que en Venezuela la situación “es muy grave” y disparó: “No veo la salida”. Su afirmación coincidió con la escalada de la violencia en los focos de protesta organizados por la oposición.
Otro intento del presidente argentino por liderar una coalición de gobiernos contra Venezuela se produjo en la cumbre del G20 de principios de julio. “Venezuela no respeta a los derechos humanos y peligra la paz social que todos los que estamos acá pregonamos”, dijo en Alemania. Sólo Peña Nieto y el español Mariano Rajoy lo siguieron, aunque tibiamente.

Fase final
En junio, tal como el gobierno bolivariano había mostrado en sus denuncias, se realizó la última apuesta golpista desde el seno de la OEA, en el marco de la Asamblea General en Cancún, celebrada del 19 al 21 de junio. Unos días antes, Trump habló con el peruano Kuczynski y recibió en Washington al panameño Juan Carlos Varela. En esos tres días, la respuesta diplomática y política de Venezuela tumbó tres intentos de intervención.
Todas las maniobras fracasaron. Washington incluso intentó embaucar a los gobiernos más reticentes, sobre todo los caribeños y algunos del Alba, proponiendo documentos “menos duros”. También fracasó la idea de un “club de amigos” de Venezuela, inspirado en el caso nicaragüense. Pero ni siquiera el documento final de la Asamblea General pudo hacer referencia a Venezuela.
La derrota fue irremontable para la OEA, para los países intervencionistas y para los golpistas venezolanos, que por esas horas llegaron al extremo de quemar a personas, mientras multiplicaban las destrucciones de todo tipo de bienes y servicios públicos. El intento de montar un escenario de caos en Venezuela para pedir la “urgente” acción de la OEA fue desmantelado.
En estos meses intensos Venezuela contó con el apoyo determinante de los países del Alba, con Bolivia ocupando un rol imposible de soslayar, y los miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom).
Tras la salida de la OEA, en mayo se llevó a cabo una reunión extraordinaria de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para debatir la situación de Venezuela, convocada a pedido del propio presidente Maduro. “Llamamos a la comunidad internacional para ayudar a detener la violencia terrorista”, pidió la ministra Delcy Rodríguez al organismo compuesto por todos los países de América, a excepción de Estados Unidos y Canadá
Venezuela recibió a su vez un contundente apoyo del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), que reiteró “su firme apoyo y solidaridad para con el Pueblo y Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”. A través de varios comunicados, Rusia también hizo constantes llamamientos a respetar al gobierno constitucional encabezado por Maduro, dejar de fomentar la violencia desde el exterior y apoyar mecanismos de diálogo y entendimiento para la paz.
Cada intento de arremetida internacional tuvo eco al interior de las principales ciudades venezolanas y coincidió con el incremento de la violencia opositora. Pero la respuesta diplomática logró una notable movilización interna del chavismo, bajo la consigna: “Venezuela no negocia su libertad ni su soberanía”.