Delincuencia sin límites en la cúpula del poder político y económico brasileño

No tiene ningún apoyo popular y camina por la cornisa cada semana. Sin embargo, Temer prolonga por ahora su estadía en Planalto con dinero, chantaje y presiones. Hipocresía en América Latina.

Michel Temer salió victorioso en la noche del 2 de agosto. La Cámara de Diputados votó a favor de archivar un proceso de impeachment en su contra en otra jornada que transformó al Congreso en un triste circo carente de representación social entre las mayorías. Fueron 263 los votos a favor de impedir la investigación judicial del presidente ilegítimo para sostenerlo en el cargo; otros 227 votaron en contra y hubo 19 ausencias y dos abstenciones.
Antes de que comenzara la votación, diputados opositores entraron con una valija al recinto desde donde salieron cientos de billetes verdes con el rostro de Temer, para denunciar la compra de votos y acuerdos espurios del mandatario para permanecer en el cargo. Otro diputado afín al gobierno exhibió un falso tatuaje con la palabra Temer en su hombro izquierdo y llevó un muñeco inflable que mostraba a Lula con ropa de presidiario.
“Vi diputados hablando con los ministros y diciendo: ‘Vi la Gaceta Oficial pero todavía no vi mi cargo’. Y los ministros respondiendo: ‘Registre su presencia en el recinto para votar, que los cargos van a salir’. Esto se ha convertido en un mercado persa”, declaró a la prensa el segundo líder de la bancada opositora, Sílvio Costa, del Partido Trabalhista (PTdoB). Entre los diputados estaba el Secretario de Gobierno Antônio Imbassahy, presente en la Cámara para negociar votos incluso durante la instalación de la sesión plenaria.
Según describe la prensa brasileña, Imbassahy utilizó las llamadas enmiendas parlamentarias para presionar a los diputados. Estas enmiendas son agregados al presupuesto nacional que hacen los legisladores para garantizar fondos en los territorios donde son electos. Temer liberó más de 4 mil millones de reales (más de 1.300 millones de dólares) en enmiendas para comprar los votos de los diputados. Otros periodistas suman a esa cifra partidas destinadas para gobiernos y alcaldías y ubican el “costo de salvación” de Temer en más de 17 mil millones de reales (casi 5.500 millones de dólares). El problema es que para sostener estos gastos, el gobierno debió aumentar impuestos, como el de los combustibles, generando el rechazo del gran empresariado brasileño, sector donde tiene sus últimos apoyos.
Quince meses atrás, los mismos diputados habían decidido apartar a Dilma Rousseff de la Presidencia por el delito administrativo denominado “pedaleada fiscal”, practicado por todos los gobiernos anteriores sin problema alguno. Muchos de ellos votaron aquella vez a favor del impeachment, tras dar brevísimos discursos en los que mencionaron a sus hijos, familiares y a Dios. Esos mismos diputados rechazaron mayoritariamente el 2 de agosto una denuncia mucho más grave contra Temer por corrupción pasiva, presentada por la Fiscalía General. Esta vez lo hicieron mayoritariamente en nombre de la economía, aunque los desocupados aumentaron en un año de 11,6 a 13,5 millones y la recesión entre mayo de 2016 y el mismo mes de este año fue de -2,23%.
Tampoco pesó en el Congreso la opinión de la población expuesta en diferentes encuestas públicas. Según Vox Populi, el 93% está a favor del impeachment, mientras que Ibope registró que sólo un 5% apoya a Temer y el 70% calificó su gobierno de “pésimo”. Otras consultoras afirman que más del 80% de la población quiere elecciones directas anticipadas.

Capítulo abierto
El presidente ilegítimo no tiene, sin embargo, garantizada su permanencia en el poder tras esta votación. Las investigaciones judiciales apoyadas en las declaraciones y grabaciones hechas por el dueño de JBS, el mayor frigorífico de América Latina, siguen su marcha y avanzan contra el mandatario. Mientras los diputados definían la continuidad de Temer el 2 de agosto, el Procurador General, Rodrigo Janot, solicitaba al Supremo Tribunal Federal incluir a Temer y dos de sus ministros en otra causa de la Operación Lava Jato que investiga una asociación ilícita compuesta por 15 parlamentarios, ex legisladores y asesores del partido gobernante (Pmbd). También hay otra investigación en marcha por obstrucción de la justicia.
El resto del gobierno sufre el mismo problema. También el 2 de agosto se supo que el ministro de Minas y Energía, Fernando Bezerra hijo, recibió 3 millones de reales de coimas por parte de JBS, para él y su padre, que es senador, por favorecer a la compañía. Ya hay decenas de denuncias contra ministros y ex ministros por casos similares.
El problema es que el enorme descontento social con Temer, el Congreso, los partidos políticos y la situación económica, no se ha traducido en movilización social masiva, más allá de algunas jornadas puntuales y una exitosa huelga general. A sabiendas de que el 2 de agosto los diputados iban a rechazar el pedido de impeachment, pocos brasileños se concentraron fuera del recinto para presionar a los parlamentarios. Incluso la gran prensa registró ese día la suba de la bolsa y la interpretó como una señal positiva del mercado financiero, que espera ahora la sanción de la prometida Reforma Previsional defendida por Temer.
Cada vez más el Congreso queda expuesto como representante de una minoría que detenta el poder económico y muchos de sus miembros son vistos por la sociedad como individuos corruptos que votan en función del enriquecimiento personal. Otras personas se preguntan por qué bajo el gobierno del PT se conformó una alianza electoral –que logró la mayor bancada– desde la cual llegaron al Congreso tantos diputados de ideología reaccionaria y nula estatura moral.
Distintos dirigentes políticos y personalidades de izquierda analizan públicamente por qué tanto rechazo al gobierno de Temer no logra traducirse en protestas activas sostenidas y discuten cómo revertir la desesperanza que pesa sobre grandes sectores de la sociedad. Pese al duro impacto de la recesión económica, el aumento del desempleo, la aprobación de reformas legislativas regresivas y la disminución de la calidad de vida, aún no surge una fuerza organizada que pueda generar expectativas y convocar a millones de brasileños afectados por la actual situación política y económica.

Última avanzada
En este contexto, la figura del ex presidente Lula surge para millones de brasileños que recuerdan un mejor pasar económica durante sus gobiernos como la única salvación. Pero otros, también millones, radicalizaron su rechazo al PT, Lula y Rousseff durante los últimos años, empujados por la dirigencia de derecha del país que vio la posibilidad de poner fin a sus gobiernos mediante las denuncias de corrupción y el golpe parlamentario.
Esta ofensiva contra el PT tiene su último capítulo en la condena judicial de Lula, pero sólo estará culminada con la inhabilitación electoral del ex presidente. El dirigente metalúrgico que gobernó el país entre 2003 y 2010 lidera todas las encuestas de cara a las próximas presidenciales. Pero ahora tiene sobre sus espaldas una condena de nueve años y medio de prisión por supuesta corrupción y blanqueo de dinero. Además, fiscales pidieron aumentar esa condena y le exigen una multa de 87,6 millones de reales (28 millones de dólares), en vez de los 16 millones de reales (5,1 millones de dólares), definidos por el juez Sérgio Moro en su sentencia.
La convicción del empresariado y las fuerzas políticas de derecha, que llevan cuatro elecciones presidenciales consecutivas perdidas ante el PT, es que la inhabilitación de Lula liquidará las perspectivas electorales del Partido y las aspiraciones del conjunto de la izquierda y los movimientos sociales.
Muchos también creen que podrían sortear una eventual salida de Temer del poder sin llamar a elecciones anticipadas. La Constitución estipula que si los diputados habilitan el inicio de un proceso de impeachment en su contra y éste culmina con su destitución, el Congreso debe elegir un presidente temporal hasta el fin del mandato, que concluye el 1 de enero de 2019, con elecciones en octubre de 2018.
Semejantes maniobras contra la democracia brasileña no han sido registradas por las Cancillerías de la región, muchas de las cuales denuncian regularmente una “ruptura del orden constitucional en Venezuela”, donde el presidente Nicolás Maduro fue electo por el voto para el período 2013-2019.
Mientras tanto, un presidente no electo en Brasil, que avaló sobornos en conversaciones grabadas, cuyos cobros mediante valijas de dinero fueron filmados, celebra el silencio –y en algunos casos el apoyo– de los mismos presidentes que condenan al gobierno venezolano.