Abierta ruptura entre Correa y Lenín Moreno en Ecuador

Reunión de la directiva nacional del movimiento oficialista. Foto: Agencia Andes

El rápido quiebre de la relación entre el ex y el nuevo presidente puso a la fuerza política ante un gran desafío. El Vicepresidente rompió públicamente con Lenín Moreno, que le retiró sus funciones.

Rafael Correa tomó el avión rumbo a Bélgica el 10 de julio con la satisfacción de haber logrado el triunfo electoral de Alianza País (AP), pero con públicas diferencias respecto del nuevo gobierno de Lenín Moreno, que para entonces llevaba apenas 47 días como presidente de Ecuador. “Es obvio que el 2 de abril derrotamos a la oposición, (pero) no estoy seguro si venció la Revolución Ciudadana”, fue lo último que declaró el ex mandatario antes de partir hacia Europa, donde vivirá los próximos años junto a su familia.
Desde el Palacio de Carondelet la respuesta llegó al día siguiente: “Ahora se respira libertad y eso es maravilloso. De a poco toda la gente va a ir abandonando su comportamiento ovejuno”, disparó Lenín Moreno en una sorprendente declaración junto a los miembros del llamado Frente de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Este espacio institucional, creado por el presidente días después de asumir, había generado una de las primeras críticas públicas de Correa. “Me preocupa el frente interno donde, por torpeza o deslealtad, se habla de marcar distancia con mi gobierno”, cuestionó entonces el ex Presidente.
Entre los motivos que había mencionado públicamente Correa para radicarse en Bélgica –además del familiar– estaba la voluntad de “no perturbar” ni hacerle sombra a Moreno. Sin embargo, antes de que pasaran dos semanas las críticas públicas contra las decisiones del nuevo gobierno comenzaron a escalar.
El nuevo presidente, por su parte, convocó a principios de julio al bloque de legisladores oficialistas para rebajar tensiones, luego que las críticas por los diálogos y negociaciones entablados con sectores opositores se expandieran entre los miembros de la Asamblea Nacional. “Este presidente es de la Revolución Ciudadana, que quede bien claro”, les aseguró a sus compañeros del movimiento político Alianza País.
Las principales molestias internas surgieron por el amplio proceso de diálogo iniciado por Moreno con fuerzas políticas y sociales opositoras, que ya incluyeron algunas concesiones, públicamente repudiadas por Correa y algunos legisladores. “Muchos asambleístas tenemos la preocupación de que los diálogos crucen ciertas líneas rojas que nuestro proyecto político no puede cruzar”, advirtió por ejemplo la asambleísta Doris Soliz, al rechazar posibles “acuerdos con la derecha para retroceder en avances que el país ya ha tenido”.
Soliz fue la secretaria ejecutiva de AP hasta mayo, cuando la reemplazó la ex presidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira. “El proyecto ganador tiene una agenda totalmente antagónica al bucaramato (en referencia al partido de Abdalá Bucaram), al socialcristiano y en ese sentido vamos a mantener nuestra postura”, afirmó Rivadeneira al llegar a la reunión convocada por Moreno. “Esta revolución ciudadana va a seguir precautelando todas las conquistas y las luchas de la mayoría del pueblo”, agregó.
Distintos legisladores y el propio Correa acusaron al Presidente de dar a la familia Bucaram la administración de la Corporación Nacional de Electricidad (Cnel), la segunda empresa pública que más factura. “El pacto con los Bucaram es impresentable, es intolerable. Ojalá se corrija para no regresar al antiguo país”, aseguró el ex mandatario durante una entrevista televisiva. Tras las críticas afirmó que él también pretendía “dejar muy claro” su voluntad de diferenciarse del rumbo tomado por la actual gestión.
Por el otro lado, Moreno también lanzó un cuestionamiento sobre la situación económica al día siguiente de la partida de Correa a Bélgica. La calificó de “sumamente difícil” y consideró que el gobierno de Correa debió haber sido “un poquito más mesurado al momento de dejar cuentas en mejores condiciones”. “Una cosa es lo que se dice y otra lo que se da”, lamentó.

Nueva etapa, nuevas estrategias
Tras llegar al punto más alto de tensión, la noche del 11 de julio Moreno volvió a recibir a los asambleístas de Alianza País y aseguró que los roces con Correa eran un capítulo cerrado. “Las diferencias que puede haber entre dos compañeros, independiente de que sean los líderes de un movimiento, no pueden afectar al movimiento, (que) debe permanecer unido”, transmitió el presidente a sus compañeros de AP.
Horas antes, como cabeza de AP, Rivadeneira había respondido a las críticas presidenciales con un mensaje a los militantes: “Alianza País: construyamos movimiento y exijamos coherencia con el proyecto político vencedor en las urnas, que le ha devuelto la dignidad a millones de ecuatorianos y ecuatorianas”.
Esta tensión prevalece ahora al interior del movimiento oficialista. Por un lado, Moreno avanza a paso firme en su diálogo nacional con todos los sectores políticos y sociales, abre las puertas a personas que se habían alejado de AP y toma algunas decisiones –en muchos casos criticadas como “concesiones”– que son celebradas por empresarios y dirigentes de oposición. Por el otro, la dirigencia de AP inició jornadas de diálogos con la militancia en todo el país mediante la creación de comisiones especiales en todas las provincias. El objetivo es conformar un “Mandato militante 2017”, como resultado de los aportes que hagan todas las asambleas provinciales.
Por fuera de los partidos, el acercamiento más importante del gobierno de Lenín Moreno se produjo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), con cuyos representantes se reunió a principios de julio tras conceder seis de los 197 pedidos de indultos a personas detenidas o procesadas por distintos delitos. Además, les otorgó en comodato por 100 años dos edificios públicos en Quito.
La Conaie, por su parte, le entregó al mandatario el documento titulado “Mandato urgente para la implementación y construcción del Estado Plurinacional y la sociedad intercultural”, que solicita un conjunto de medidas en materia de territorios indígenas, transporte, educación, extractivismo, agua, democracia, derechos humanos, justicia y lucha contra la corrupción. “Hay apertura, hay pautas como para ir dando tratamiento a los puntos presentados”, declaró el presidente de la Conaie, Jorge Herrera, tras la primera reunión oficial en casi ocho años.
Otros sectores también presentaron su agenda y sus recomendaciones al gobierno de Moreno. Fue el caso del acalde opositor de Guayaquil, Jaime Nebot, que tras compartir una actividad pública con el Presidente, “quiso dar muchos consejos de lo que debía hacer el gobierno nacional”, declaró el consejero presidencial, Ricardo Patiño.
Sobre el diálogo nacional, Rivadeneira afirmó que el movimiento político oficialista apoya la voluntad de conversar con todos los sectores, pero marcó a su vez algunos puntos que no son negociables, como “la flexibilización laboral” que promueven los empresarios. En este contexto, recordó que AP instalará la Escuela de Formación Política para reafirmar los “principios ideológicos fundacionales”, como parte del plan para fortalecer la participación y el protagonismo de las bases militantes.
Desde el Gobierno, una de las principales articuladoras del diálogo es Paola Pabón Caranqui, secretaria de Gestión Política desde enero de 2016. Consultada sobre la estrategia del diálogo nacional con todos los sectores, respondió: “Creo que la apuesta del Presidente es ambiciosa porque pretende ampliar la base política de la Revolución Ciudadana”.
Moreno llegó a la presidencia tras un disputado balotaje, que mostró la necesidad de ensanchar su base de apoyo social. Su apuesta al diálogo nacional muestra que su prioridad es buscar consensos para la gobernabilidad, aunque sin excluir a ningún sector y con decisiones que provocaron fuertes reacciones al interior de AP. La última de ellas fue la designación como director del diario público El Telégrafo de Fernando Larenas, ex director general del diario opositor y de derecha El Comercio.
“Señores: ¡Permiso! Ganamos las elecciones, nuestro plan de gobierno venció a la propuesta del banquero Lasso. ¡Aquí hay un Movimiento firme y decidido a defender la victoria popular!”, respondió Rivadeneira a esta última decisión.
Pero Moreno también avanza en las propuestas programáticas de su gobierno. La segunda quincena de agosto será lanzada la Gran Minga Agropecuaria, plan de creación de 40 mil empleos rurales en la pequeña y mediana agricultura. El proyecto tiene un presupuesto tentativo de 1.300 millones dólares hasta 2021 y la meta de entregar 300 mil títulos de propiedad para campesinos y agricultores en cuatro años. También incluye el establecimiento de un fondo para compra de tierras y la entrega de créditos agrícolas a tasas preferenciales.
Otras medidas, como el reimpulso de la banca pública para créditos productivos y para el financiamiento del ambicioso plan de construcción de 325 mil viviendas Toda una Vida y de la Gran Minga Agropecuaria, marcan una línea de profundización de la Revolución Ciudadana. La pregunta es qué agenda de gobierno se impondrá.