Trabajadores de la tierra en Paraguay piden condonación de deudas para subsistir

La deuda de cada familia es, en promedio, de 2 mil dólares. Está en riesgo la producción de alimentos para el mercado interno.

Durante varias semanas, unas cinco mil personas en representación de 17 mil familias acamparon en el centro de Asunción. El intenso frío provocó la muerte de uno de los manifestantes.

Unas 17 mil familias campesinas de Paraguay reclamaron con movilizaciones y un acampe en Asunción la condonación de una deuda que en promedio alcanza a 2 mil dólares por cada una para seguir subsistiendo en sus fincas. También pidieron la aprobación de una ley que declare la emergencia nacional campesina y la aprobación de un subsidio para reactivar la agricultura familiar.
Luego de tres semanas de presencia en la Plaza de Armas del Congreso lograron que el Senado, presidido por Fernando Lugo, aprobara y enviara a la Cámara de Diputados una iniciativa de condonación de deudas y otra que declara la emergencia de la Agricultura Familiar Campesina (AFC).
El proyecto de ley aprobado el 27 de julio por el Senado condona la deuda de los 17 mil campesinos por unos 35 millones de dólares. La iniciativa deberá ser tratada ahora por la Cámara de Diputados donde la suerte del proyecto puede cambiar debido a la mayoría del oficialismo que responde al presidente Horacio Cartes. El mandatario rechaza la condonación y plantea a cambio una “renegociación” de las deudas.
La pretensión del oficialismo rechazada por los campesinos plantea que el banco estatal de Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), que atiende específicamente el sector, reestructure las deudas de los labriegos con quita de intereses y nuevos vencimientos a 10 años de plazo y dos de gracia, a una tasa anual del 8%.
Sin embargo los 30 senadores que aprobaron la ley establecieron que se subsidie a los agricultores. El nombre que eligieron para la norma es Ley de Rehabilitación Financiera de los Pequeños Productores de la Agricultura Familiar Campesina.
El artículo 3 de la inicativa del Senado establece que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través del Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf), con las organizaciones de bases municipales, departamentales y nacionales, elevará al Ministerio de Hacienda y a la Contraloría General de la República la nómina completa de los beneficiarios.
Establece también que las deudas que no estén relacionadas a la producción agropecuaria no serán reconocidas por el Gobierno. Los beneficiarios de la medida serán los pequeños productores con fincas menores a 30 hectáreas.
La Cámara Alta también dio media sanción a un proyecto que declara en emergencia a la Agricultura Familiar Campesina (AFC) en todo el territorio nacional, un elemento nunca admitido por el poder que sustenta el agronegocio y la ganadería, principalmente. Sólo el 6% de las tierras cultivables están en poder de la AFC y allí se produce el 60% de las frutas, verduras y hortalizas que el país consume.

Rechazo y propuesta
Mientras se extendía la protesta campesina el presidente Horacio Cartes rechazó desembolsar los casi 35 mil dólares de subsidios que demandan los campesinos y ofreció a cambio un refinanciamiento de las deudas. La Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) rechazó la propuesta y forzó al Senado a sentarse a debatir sus proyectos. La consigna de los labriegos es “no retroceder ni un punto en las reivindicaciones”.
Los campesinos afirman que no pueden pagar sus deudas vencidas debido a las pérdidas económicas sufridas por factores climáticos y el bajo precio de los productos que venden, esencialmente alimentos. El representante de CNI, Luis Aguayo, alertó que si cae la producción de alimenos “el gobierno de Horacio Cartes está expuesto a una hambruna grande que puede traer un desborde social, porque hay carencia”.
Unos cinco mil labriegos que acamparon frente a las plazas del Congreso durante varias semanas fueron maltratados por los medios de comunicación empresariales que los acusaron de causar “caos vehicular” con sus marchas. También incitaron a la represión policial que finalmente se evitó gracias al número de movilizados y la solidaridad de organizaciones.

Campañas del Estado
Los campesinos exigieron puntualmente la condonación de deudas generadas en campañas agrícolas promovidas por el Estado paraguayo a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en las que se prometieron precios que finalmente nunca se dieron. Un caso es la promoción del cultivo de chía, luego de que el Gobierno insistiera en que los campesinos se volcaran al rubro pero luego las cosechas quedaron sin mercado. Una situación similar a la que ya había provocado una movilización en abril de 2016.
Los campesinos denuncian que el Estado además les vendió semillas de mala calidad y que el acuerdo de compra de deudas y refinanciación de parte del Banco Nacional de Fomento (BNF) acordado el año pasado no fue cumplido por el Gobierno. Recordaron a su vez los bajos precios de la caña dulce y la yerba mate por lo que requirieron la habilitación de un seguro agrícola que les permita superar la grave situación desatada en la presente temporada por las fuertes heladas que se dieron y que ponen en peligro la economía del sector.
El acampe fue alcanzado por una ola de frío intenso que le provocó la muerte a un labriego de 39 años, víctima de neumonía mientras esperaba junto a sus compañeros una solución para intentar revertir en parte tanta desolación. Ángel Cardozo, de 39 años, era oriundo del distrito de Resquin, en el departamento de San Pedro. Había ingresado a un hospital de las afueras de Asunción después de mostrar síntomas mientras acampaba. Murió el 26 de julio, un día antes de la sesión en el Senado.

Para unos sí, para otros no
Durante las marchas, los campesinos recordaron los millonarios subsidios y condonaciones de deudas concedidos a empresarios privados del transporte, unos 87 millones de dólares y de los empresarios del agronegocio que tienen el gasoil subsidiado por sólo citar dos casos evidentes.
El ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja, expuso la negativa del gobierno al pedido señalando que se habían cumplido los acuerdos del año pasado. Afirmó también que se dieron 10 mil millones de guaraníes a unas 10 mil familias y que otros 4.426 productores recibieron más de 6 mil millones de la moneda nacional a fines del año pasado. También aseguró que el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) estructuró la deuda a 12.688 clientes a un plazo de 12 años con dos años de gracia.
En el mismo sentido el ministro de Industria y Comercio (MIC), Gustavo Leite, señaló que “la actitud del Gobierno es una postura con fundamentos” y advirtió que “la condonación es un precedente siniestro”. Agregó que seguían ofreciendo la oportunidad de negociar caso por caso, una situación algo dificil de operativizar.
“Mirá vos si fuéramos a condonar deudas de gente a que ni sabemos quiénes son, ni cuántos son, ni a quiénes le deben, ni si (sus deudas) son por celulares, motos o alguna crisis de otros sentidos que no tenga que ver con la agricultura familiar”, concluyó el ministro Leite.

Desde Asunción,
Jorge Zárate

Persecución a periodistas

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) repudió la persecusión sindical registrada en Paraguay. En un comunicado reportó que “el pasado 6 de julio, en un hecho de manifiesta persecución sindical, los periodistas Héctor Rodríguez, Alberto Núñez, así como la periodista Carmen Ruiz, fueron despedidos de forma injustificada de Unicanal, propiedad de JBB, grupo sospechado de tener fuertes lazos con las más altas esferas de la política paraguaya”.
Agregó el texto que “en las últimas semanas, Rodríguez y Ruiz se habían presentado como candidatos para las elecciones de delegados sindicales del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), en lo que sería la conformación inicial de la organización gremial en el medio. Núñez, por su parte, había participado de una manifestación en la puerta del canal”. Noelia Diaz Esquivel, secretaria general del SPP reclamó: “El derecho al trabajo digno debe ser respetado así como también el derecho de los y las trabajadoras a organizarse libremente y sin represalias”.

Juegos del Comando Sur

Paraguay recibió entre el 23 y el 26 de julio la segunda edición de la competencia marcial de Fuerzas Comando organizada por el Comando Sur de Estados Unidos. Durante esos días unos 160 militares de 18 países de América compitieron en modalidades de equipos de asalto y de francotiradores. El mayor Luis Apezteguía, encargado de Relaciones Públicas de la prueba, señaló que “el objetivo es confraternizar, un acercamiento de todas las fuerzas comando de la región, más que nada para hacer frente a amenazas comunes”.
Las naciones participantes fueron Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y Uruguay. Para apoyar esta competencia la Fuerza Aérea de los Estados Unidos envió un avión de transporte militar, el Lockheed C-5 Galaxy, debidamente equipado para esta ocasión.