Resurge la disputa política en torno al Tipnis en Bolivia

El 13 de agosto en Trinidad, Beni, Evo Morales junto al goberrnador Alex Ferrier promulgó la nueva Ley de Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del Tipnis. Foto: ABI

El Gobierno construirá la ruta a través del Tipnis para romper el monopolio comercial de Santa Cruz. La oposición se une a las ONG financiadas por la CIA para frenar el proyecto y movilizarse.

Evo Morales promulgó el domingo 13 de agosto la ley que puso fin a la intangibilidad del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). El objetivo del Presidente boliviano es construir una carretera que atraviese el parque y una al departamento de Beni con el occidente del país.
El Tipnis es un área natural protegida de 1,2 millones de hectáreas, situada geográficamente entre la provincia de Moxos en el departamento del Beni y la del Chapare en Cochabamba. Un millón son Tierras Comunitarias de Origen (TCO) donde viven unas 69 comunidades indígenas de yurakares, trinitarios, mojeños y chimanes, aproximadamente unas 12 mil personas. Las otras 200 mil hectáreas se encuentran ocupadas por unas 20 mil familias de campesinos colonizadores.
La construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos enfrenta al Gobierno y a la oposición en torno a una discusión donde no sólo se debate el futuro de esta importante obra, sino también la preservación del medio ambiente. Pero en el conflicto colisionan diferentes intereses.

A favor y en contra
La obra tiene entre sus detractores a organizaciones ambientalistas, algunas de las comunidades indígenas que habitan el parque y partidos políticos opositores al presidente Morales.
Los argumentos que esgrimen a la hora de negarse a la carretera pasan por los desequilibrios ambientales que pondrían en peligro a la flora y fauna silvestre del lugar. Asimismo, hace años que denuncian el ingreso y apropiación ilegal de tierras dentro de la reserva, por parte de colonizadores campesinos que plantan hoja de coca.
De esta manera, diputados opositores presentaron en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una acción de inconstitucionalidad contra la ley; y solicitaron la aplicación de una medida cautelar precautoria que deje en suspenso los efectos de la nueva normativa, entre tanto se emita la sentencia. A su vez, los sectores opositores junto a las 11 comunidades indígenas que se oponen a la carretera, preparan protestas y movilizaciones.
“Se han vulnerado los derechos humanos de los pueblos indígenas, los principios de la consulta previa y no se tomó en cuenta la preservación del medio ambiente, por eso vamos a agotar todas las instancias a nivel nacional e internacional”, indicó el diputado de Unidad Demócrata, Gonzalo Barrientos.
Por su parte, el representante de los transportistas, Isidro González, acusó al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, de estar detrás de las movilizaciones de protesta contra la anulación de la intangibilidad del Tipnis. Costas, acérrimo opositor a Morales, fue denunciado en 2009 por financiar al mercenario Eduardo Rózsa Flores en la insurrección separatista santacruceña.
Samuel Doria Molina, jefe de la opositora Unidad Nacional (UN) desafió a Morales para que se convoque a un referéndum por el Tipnis. Doria Molina fue ministro de Planeamiento en el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993) en plena etapa de privatizaciones. “Por semana vamos a privatizar una empresa”, afirmaba por entonces el jefe de UN.
Mientras tanto, Morales criticó el trabajo de algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que defienden la intangibilidad del Tipnis, al calificarlas como instrumentos del imperialismo que evitan el desarrollo de los pueblos indígenas.
Las principales ONG ambientalistas de Bolivia plantean posiciones muy similares. La Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), denuncia la explotación hidrocarburífera, la colonización y el loteo en el Tipnis. El Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), critica la colonización cocalera intensificada en el gobierno de Morales, al igual que la Fundación Tierra que alerta sobre posibles invasiones cocaleras.
Ya son varias las denuncias en torno a que muchas de estas ONG ambientalistas reciben financiamiento de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo (Usaid), brazo de la CIA. A modo de ejemplo, Lidema recibe financiación del programa PL-480 de Usaid y de la Fundación Konrad Adenauer, nacida durante la Guerra Fría y que frecuentemente financia acciones contra Cuba y otros países no alineados con Estados Unidos y Europa.
Los argumentos del Gobierno para continuar la construcción de esta carretera son que afianzará la integración dentro del país, acortando la distancia entre los departamentos de Cochabamba y Beni, además de impulsar el desarrollo económico de estas regiones, al ser parte de un corredor bioceánico que tiene como principal destino a Brasil.
Se ha anunciado que esta construcción de más de 306 kilómetros generará miles de empleos de forma directa e indirecta. Además, articulará derechos de los pueblos indígenas, como el derecho a la salud, educación, trabajo, electricidad, agua potable, que requieren de recursos y financiación, cuya generación pasa, entre otros aspectos, por el aprovechamiento de los recursos naturales, renovables o no.
El presidente del Comité Cívico del Beni, Guillermo Tineo, expresó su apoyo a la construcción de la carretera. Ahora los indígenas “se mueren por falta de salud porque tienen que salir a pie o en canoas a las ciudades buscando atención, eso no lo saben las personas que se oponen a la carretera”, apuntó.
Otro dato contundente es que la carretera facilitará el progreso regional de Cochabamba y Beni. Hasta ahora, los pequeños comerciantes benianos que quieren llevar sus productos al occidente del país deben recorrer 848 kilómetros, pues deben dar todo un rodeo por Santa Cruz para poder llegar a Cochabamba. Con la carretera, la distancia entre San Ignacio de Moxos y Villa Tunari pasara a ser de 306 kilómetros. Además, toda la producción beniana sale al resto de Bolivia vía Santa Cruz. Esto significa que son los dueños de los mataderos cruceños los que imponen los precios de la carne a todo el país. Beni es el primer productor de carne de Bolivia y, sin embargo, es el tercer departamento más pobre. La carretera significará romper el monopolio de Santa Cruz.
Con 58 de 69 comunidades indígenas a favor de la carretera, la ley prohíbe asentamientos humanos al margen de los ya existentes, la erradicación de cultivos de coca, la expulsión de los ‘colonos’ que hoy cultivan en esa zona y la observación de planes y medidas de protección de manera participativa con los pueblos indígenas, bajo la normativa ambiental vigente. Serán las propias comunidades las que decidirán el recorrido que tendrá la carretera dentro del parque.
Incluso la ONU reconoció la validez de revisar la intangibilidad del Tipnis, porque es un concepto que no está contemplado en la declaración de los derechos de los pueblos indígenas. Se establece así el derecho de los nativos a la toma de decisiones sobre su territorio y desarrollo, posición que va en contra de las acciones promovidas por la oposición boliviana y algunas ONG.
El senador del Movimiento al Socialismo (MAS) René Joaquino informó que “son 180 días para que se pueda tener una reglamentación (…) que se va a trabajar en consenso con todos los pueblos que habitan esa región”.
Ahora corre ese plazo para reglamentar la ley. Allí se verá el alcance de la afectación del Tipnis.

Graciela Pérez

Una polémica que no es nueva  

En 2011 una multitudinaria marcha cruzó el país durante más de 60 días y obligó al gobierno de Evo Morales a suspender la construcción de la carretera, cuando ya tenía todo listo para iniciar las obras (financiamiento y una empresa contratada).
La marcha estaba encabezada por la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y era apoyada por numerosas ONGs ambientalistas y políticos opositores.
La medida en defensa del Tipnis comenzó sin una plataforma de reivindicaciones clara. Una semana después se logró consolidar un pliego de 16 demandas entre las que sólo una de ellas hacía referencia al tramo 2 de la carretera que atravesaría el parque nacional.
Un aspecto llamativo era que el punto 4 estaba referido al cambio climático, planteando una defensa del Fondo Verde, una ONG que recibe apoyo de sectores privados y ha sido criticada por varios países por su carencia de compromisos. Esta posición de la dirigencia indígena de la Cidob era peligrosa, pues el Fondo Verde podía significar hipotecar bosques a favor de las transnacionales.