Venezuela elige sus 23 gobernadores el 15 de octubre

Será otra elección clave: la número 22 en menos de 19 años de Revolución Bolivariana. El Gobierno llega con sólo dos derrotas y 19 victorias. La última de ellas fue aplastante y forzó a la oposición a retomar la senda electoral, tras cuatro meses de un intento de insurrección violenta que se terminó de apagar cuando más de ocho millones de venezolanos votaron a favor de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
El contundente apoyo a la iniciativa del presidente Nicolás Maduro registrado el 30 de julio obligó a un viraje total del conjunto de las fuerzas opositoras que conforman la MUD. Tras graves enfrentamientos internos, todos los partidos reconocidos decidieron ajustarse al calendario electoral legal, que comenzará con las elecciones regionales de este 15 de octubre, seguirá con la votación de alcaldes en el primer semestre del año próximo y concluirá con la elección presidencial de diciembre de 2018. También será sometida a la voluntad popular la reforma constitucional que presente la ANC.
El 16 de julio la MUD había organizado una consulta popular por fuera de la legalidad para lanzar una agenda de tres puntos: anulación de la votación para la ANC; conformación de un gobierno paralelo; exigencia a las Fuerzas Armadas de un golpe de Estado bajo el eufemismo de “restaurar el orden constitucional”. El triple fracaso posterior llevó a la oposición a retomar la vía electoral y abrir un diálogo con el Gobierno. Ambas decisiones fueron interpretadas como una traición por las bases antichavistas y por los jóvenes que fueron lanzados a enfrentarse con la Guardia Nacional Bolivariana en un intento por generar focos de guerra civil que justificaran una intervención estadounidense.
Pese al giro de la MUD, el gobierno estadounidense prosiguió su arremetida con amenazas, sanciones económicas y un decreto migratorio que restringe la entrada de venezolanos al país (ver “Trump responde…”). Rápidamente la oposición tomó distancia del diálogo.

Gobernaciones en disputa
“Venezuela ha construido una revolución democrática, constitucional, socialista, que se fundamenta en procesos electorales. El país ha realizado 22 elecciones mientras Trump amasaba sus fortunas”, respondió el canciller Jorge Arreaza a las amenazas lanzadas por el mandatario estadounidense durante la Asamblea General de la ONU.
En medio de esta confrontación y bajo un complejo cuadro económico, agravado por la escalada inflacionaria, los venezolanos elegirán el 15 de octubre a los gobernadores de los 23 Estados del país. El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) acordó sus candidatos sin mayores problemas, mientras que los partidos de la MUD se enfrentaron en elecciones internas en 19 Estados, luego de alcanzar un consenso en apenas cuatro distritos.
En un marco de baja participación, enfrentamientos internos y denuncias de fraude, la elección organizada por la MUD dejó como gran ganador al partido tradicional Acción Democrática (AD), de tendencia socialdemócrata. AD tendrá 11 candidatos propios y apoyó en alianza a otros postulantes vencedores en las primarias. La contracara es el partido de Leopoldo López, Voluntad Popular (de extrema derecha), que sólo ganó en el estado de Barinas tras promover las acciones más violentas en las calles.
Lejos de representar una renovación, entre los candidatos opositores hay viejos ex gobernadores de Estados como Amazonas, Apure, Bolívar, Cojedes y Monagas, cuyos primeros mandatos datan de la década de 1980 o de 1990.
Por el lado del Psuv, que actualmente gobierna en 20 de los 23 Estados, 11 candidatos son gobernadores que buscarán la reelección. “El partido llama a toda su militancia y estructuras a no dar un día de descanso y a conquistar las gobernaciones para la paz”, anunció Héctor Rodríguez, candidato para el Estado Miranda. El objetivo durante la campaña es concentrarse “en los problemas concretos de la gente”, afirmó.
Los candidatos de la Revolución Bolivariana reflejan la unión cívico militar (10 postulados son militares) y combinan a cuadros experimentados e históricos, como Aristóbulo Istúriz, con jóvenes formados en el movimiento estudiantil.
Desde el 23 de septiembre masivas concentraciones y movilizaciones acompañan a los candidatos del Psuv, cuyos dirigentes llamaron a la población a votar contra la violencia opositora, como el pasado 30 de julio. La decisión final está en manos de los 18.094.065 ciudadanos venezolanos habilitados para votar.

Diálogo a medias
Sin salida, la oposición debió aceptar entablar un diálogo político con el gobierno de Nicolás Maduro el 13 y 14 de septiembre. Las reuniones tuvieron lugar en República Dominicana y recogieron el apoyo público –en muchos casos también obligado– de los gobiernos de América Latina, incluyendo a los que se habían sumado a la última ofensiva de Washington contra la Revolución Bolivariana.
El presidente dominicano, Danilo Medina, y el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero fueron los mediadores de las largas reuniones a puertas cerradas en Santo Domingo, que contaron con apoyo de delegados de la ONU y respaldo público de Rusia y China, entre otros países.
El primer punto de las discusiones lo impuso Maduro: para alcanzar acuerdos la oposición debe respetar la soberanía nacional y rechazar las acciones intervencionistas que afectan a la población. El segundo punto plantea la definición del cronograma electoral y el análisis de las garantías electorales que reclama la oposición. Otro tema fundamental es la Comisión para la Verdad, Justicia, Paz y Tranquilidad Pública instalada por la Asamblea Nacional Constituyente para evitar la impunidad sobre los graves delitos y hechos de violencia desatados entre abril y julio en el país.
El equilibrio de los Poderes Públicos, aspectos económicos y sociales, el bloqueo financiero impuesto por Estados Unidos fueron otros temas puestos en la mesa, son otros temas que están en la mesa.
Por el lado del Gobierno participaron la presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, y el diplomático Roy Chaderton. En representación de la oposición estuvieron el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y los dirigentes Timoteo Zambrano, Luis Florido, Manuel Rosales, Eudoro González y Vicente Díaz.
“Creo en el debate de las ideas, en la libertad de expresión, en la política como ejercicio de expresión de ideas, siento que sólo el diálogo es el camino para abordar las diferencias”, ratificó Maduro apenas se conoció la invitación al diálogo desde República Dominicana. “Persistimos en nuestra posición optimista y queda demostrado que después de haber utilizado vías que no generaron tranquilidad al pueblo venezolano, lo que realmente crea convergencia y acuerdo es el diálogo”, agregó desde Santo Domingo Jorge Rodríguez al término de los primeros dos días de reuniones.
Sin embargo, un día antes de retomar las conversaciones formales en República Dominicana, fijadas para el 27 de septiembre, cuatro de los principales partidos de la MUD acordaron no asistir al encuentro por supuesta falta de condiciones y rompieron -al menos por el momento- el diálogo bilateral.
El coordinar político de la MUD, Ángel Oropeza, declaró que “la oposición gana al no asistir porque no sigue prestándose para su juego”. Pero Delcy Rodríguez -representante del Gobierno para el diálogo y presidenta de la Asamblea Constituyente- aseguró que la decisión responde a que los dirigentes opositores “están atendiendo las órdenes” de Estados Unidos.
Pese a la negativa de la MUD, la delegación gubernamental viajó a Santo Domingo. “Dijimos que nos íbamos a ver el 27 septiembre en República Dominicana y aquí estamos cumpliendo con nuestra palabra de manera responsable”, declaró Jorge Rodríguez, también representante oficial para el diálogo, en un mensaje dirigido a la comunidad internacional.

Economía como clave
El gobierno venezolano delegó en la Asamblea Nacional Constituyente la sanción de nuevas leyes que ayuden al mejoramiento de la situación económica. A comienzos de septiembre Maduro presentó sus propuestas ante los 545 constituyentes. Una de esas iniciativas, la Ley del Plan 50, que busca acordar con los sectores productivos precios de alimentos básicos, comenzó a ser aplicada por el Ejecutivo ante la urgencia de enfrentar la inflación inducida y la guerra económica.
Dos semanas después de que el presidente Maduro presentara sus proyectos ante la ANC, el Gobierno y los sectores productivos grandes, medianos y pequeños acordaron precios de venta para el maíz blanco y amarillo, arroz, azúcar y café. “Los precios acordados no son precios impuestos; se establecieron mecanismos claros de estructura de costos y la ganancia justa para nuestros sectores productivos, un mecanismo que garantiza plena producción para todos los sectores”, explicó el 22 de septiembre el vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami.
La responsabilidad técnica de concretar la decisión política del Plan 50 para bienes, productos y servicios esenciales para las familias venezolanas recayó en el Ministerio para la Agricultura Productiva y Tierras y en la Gran Misión Abastecimiento Soberano. La propuesta fue denominada Ley de Abastecimiento Soberano y Precios Acordados.
El Presidente ordenó que el Consejo Nacional de Economía Productiva y los miembros de la Gran Misión Abastecimiento Soberano articulen mecanismos para trabajar cuanto antes con las industrias y agroindustrias del país. Maduro explicó que los distintos sectores de la economía nacional, a través del diálogo, buscarán el consenso para acordar los precios.
Una vez activado este sistema de precios acordados, será supervisado por un equipo integrado por fiscales, miembros de consejos comunales, movimientos sociales y Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Maduro adelantó que progresivamente se deberán incorporar a este sistema la leche líquida pasteurizada y en polvo, sardina enlatada, mayonesa, margarina, mortadela, aceites, jamón de cerdo, pasta, atún, pollo, pescado fresco, queso blanco duro, jabón de panela y de baño, entre otros rubros.
“Reconozco que se han agotado los mecanismos de regulación y control de precios”, expresó el presidente venezolano. Y agregó: “Si nosotros no transformamos profundamente el Estado y los ministerios, viceministerios y los órganos del Estado, ninguna política o medida anunciada tendrá efecto favorable al pueblo”.
Días después, Maduro insistió en este punto en el acto de cierre de la jornada internacional Todos Somos Venezuela, realizada en solidaridad con la Revolución Bolivariana. “Los peores y más peligrosos enemigos que tiene el futuro de Venezuela son la burocracia, la corrupción y la indolencia… los bandidos que están al frente de cargos públicos y no le cumplen al pueblo”, condenó el jefe de Estado frente a la multitud que se concentró en las afueras del Palacio de Miraflores. En un fuerte discurso público, llamó a la población a “ir a una batalla inclemente contra ellos (funcionarios públicos corruptos)” y aseguró que “hay que hacer una gran revolución ética, política y moral”.
“Habrá que construir cárceles y ponerlos a trabajar en el campo con grilletes puestos; a producir caraotas y arroz al que haya robado al pueblo; al que haya saboteado las empresas públicas”, sentenció el Presidente para dejar claro que irá a fondo en la lucha contra la corrupción estatal.
Los circuitos ilegales de venta y distribución de productos, su compra y reventa (bachaqueo) y su contrabando interno y hacia Colombia y otros países limítrofes (ver pág. 13) sólo son posibles gracias a los nichos de corrupción que anidan en distintas estructuras estatales. Este esquema es uno de los principales causantes del desabastecimiento y el aumento irrisorio de los precios.
Ahora la Asamblea Constituyente tiene la responsabilidad de discutir, aprobar y aplicar los ocho proyectos presentados por el Gobierno el 7 de septiembre: la referida Ley de Abastecimiento; Ley de Casas de Cambio, para complementar el Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (Dicom); Ley de Minería, que incluye un nuevo régimen tributario para el desarrollo del denominado Arco Minero del Orinoco; Ley para la Promoción y Protección de la Inversión Extranjera; Ley para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y los Consejos Comunales para activar los fiscales que vigilarán los precios.
También fueron propuestas a la ANC: la Ley de Impuestos a las Grandes Fortunas y Patrimonios, que tiene como objetivo crear tributos para quienes lograron grandes ganancias durante los últimos años de guerra económica; Ley de Régimen Especial Tributario Para la Protección Social del Pueblo y Sanciones de los Delitos a la Economía, que comprende acciones punitivas a delitos de especulación y en particular el denominado bachaqueo, y la Ley que crea el Consorcio Agroalimentario del Sur para la producción de 20 rubros principales en el país.

Nuevos acuerdos
A fines de septiembre estaban en funcionamiento en toda Venezuela 32 mil Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). El Gobierno estima que entre todos ellos distribuyen más de 60 mil toneladas de alimentos cada semana a seis millones de familias. El jefe del Centro Nacional de Control de los Clap, Freddy Bernal, señaló que 14 mil de estos centros de organización popular también se han sumado a las tareas de producción agrícola, pecuaria, y piscícola. Bernal hizo referencia también a los proyectos económicos presentados por Maduro ante la ANC. Al cabo del proceso constituyente –dijo– los Clap adquirirán rango constitucional y se creará la figura del fiscal popular para combatir a los especuladores.
El mejoramiento de funciones de los Clap incluye la instalación de 86 Ferias del Pueblo Soberano para garantizar la distribución de alimentos. Estos comités –afirmó Bernal– están incorporados directamente al seguimiento, distribución y control de los productos, incluidos el pescado y los mariscos. Trabaja en él un equipo de los Ministerios para la Pesca; para Agricultura Urbana; para Agricultura y Tierras; para Alimentación y para las Comunas, además del Instituto Nacional de Nutrición. El funcionario estimó que luego de más de un año de ejecución de estas instancias se ha logrado vencer el bachaqueo y el acaparamiento de los alimentos.
En el mismo sentido se inserta el convenio suscripto con Rusia para la provisión mensual de trigo. En septiembre llegaron a puertos venezolanos dos buques para descargar las 60 mil toneladas de cereales comprometidas que son distrubuidas en centros de elaboración de pan de todo el país a través de los Clap. Según lo acordado después, hasta fin de año llegarán en total 600 mil toneladas de trigo desde Rusia.
También se concretó una alianza con India para impulsar el desarrollo farmacéutico en Venezuela, con el objetivo de incrementar la producción y cubrir la demanda nacional de medicamentos. El convenio contempla el suministro de medicamentos de alto costo para el tratamiento de enfermedades crónicas, pero también “el desarrollo de nuestros laboratorios y producir todos los medicamentos que necesita Venezuela”, señaló el vicepresidente El Aissami.
El funcionario informó además que el Ejecutivo venezolano entregó el 22 de septiembre más de 50 mil millones de bolívares a diversas empresas del sector productivo. Con este monto –dijo– se superan los 250 mil millones del Fondo Bicentenario aprobados por el presidente Nicolás Maduro durante este año.

Doble frente
Esta etapa de aplicación de nuevas medidas económicas busca contrarrestar los efectos de la guerra económica y a su vez hacer frente al cerco económico impuesto por el gobierno de Estado Unidos contra los bonos del Estado y Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Las acciones de Washington –unilaterales porque no contaron con el apoyo otros países, como quedó demostrado en la reciente Asamblea General de Naciones Unidas– generaron en el Ejecutivo bolivariano nuevas estrategias.
Venezuela implementará un nuevo sistema de pago internacional basado en una canasta de monedas que incluirá divisas como el yuan chino, el rublo ruso, las rupias indias y el euro. El Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (Dicom) debe ser adaptado a otra moneda que no sea el dólar y por esta razón el Ejecutivo pidió a los empresarios abrir cuentas en países de Europa y Asia que tengan monedas convertibles.
Un ejemplo de lo que se intenta sortear sucedió a fines de septiembre, cuando el vicepresidente El Aissami denunció que el banco alemán Deutsche Bank, con sede en Estados Unidos, congeló las divisas que debían ser liquidados a empresas y personas autorizadas por el Dicom. “Fueron paralizados, congelados los recursos y devueltos a Venezuela. Una clara acción de boicot y bloqueo financiero contra el país”, detalló.
En esos mismos días el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, se reunió con el embajador de China en Caracas, Zhao Bentang, para evaluar la posibilidad de comercialización en yuanes. “Ventas en yuanes y canasta de monedas enrumban horizontes”, adelantó en Twitter. Venezuela y China reafirmaron además su compromiso de inversión conjunta a través de Pdvsa y la petrolera estatal China National Petroleum Corporation (Cnpc) equivalente a unos 10 mil millones de dólares. El Ministerio de Petróleo de Venezuela informó que ambas compañías son socias en cuatro empresas mixtas (Petromiranda, Petrourica, Petrolera Sinovensa y Petrozumano) para desarrollar proyectos de producción en ambos países.
Como gesto hacia los inversores para “mantener la confianza”, el Gobierno venezolano pagó en los plazos previstos los intereses correspondiente al bono soberano Venz con vencimiento en 2027. “Se da a conocer a los acreedores que el pago del cupón Venz2027 (9,25%), se realizó en fecha valor a las Instituciones Financieras correspondientes”, informó la Oficina Nacional de Crédito Público el 22 de septiembre.
Lejos de arrodillarse, el gobierno venezolano respondió al bloqueo estadounidense nada menos que con un golpe a la supremacía comercial del dólar y una profundización de las relaciones comerciales con China.

Trump responde a la paz con más sanciones

Luego de que más de ocho millones de venezolanos votaran la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente y lograran reestablecer un clima de paz en el país, el gobierno Estados Unidos puso en marcha un plan progresivo de sanciones económicas, financieras y políticas.
Apenas 10 días después de la elección constituyente del 30 de julio, Donald Trump amenazó públicamente con un ataque militar a Venezuela, aventura que fue rechazada por el resto de los gobiernos del continente.
Luego envió a su vicepresidente, Mike Pence, de gira por la región para medir la voluntad política en su ofensiva contra la Revolución Bolivariana. El resultado fue la suspensión de la “opción militar” y su reemplazo por la aplicación de sanciones económicas y financieras inéditas contra el Gobierno y la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
En pleno diálogo entre el Ejecutivo y la oposición, Trump reunió el 18 de septiembre en Nueva York a los presidentes de Colombia, Brasil, Panamá y a la vicepresidenta de Argentina, en un claro intento por boicotear el proceso de diálogo que se acababa de abrir en República Dominicana. No hubo consenso sobre la forma de atacar esta nueva etapa de la Revolución, pero una semana después el mandatario estadounidense incluyó a Venezuela en el listado de países cuyos ciudadanos tendrán impedido el ingreso al país.
El decreto firmado el 24 de septiembre entrará en vigencia el 18 de octubre. Según los argumentos, el gobierno de Venezuela “no coopera en verificar si sus ciudadanos representan amenazas para la seguridad nacional o la seguridad pública”. El texto aclara que las restricciones se centran en “funcionarios del gobierno de Venezuela que son responsables de las deficiencias identificadas” y sus familiares. Sin embargo, también agrega que otros venezolanos que posean visado “deben ser sujetos de medidas adicionales apropiadas para asegurar que la información de los viajeros se mantenga actualizada”.
Esta sucesión de hechos fue denunciada por el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, el 25 de septiembre ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU). Señaló que las medidas coercitivas y unilaterales son impuestas en franca violación de la Carta de las Naciones Unidas. Además, recordó que “el presidente Nicolás Maduro siempre ha estado abierto al diálogo con el presidente Trump y con cualquier presidente de este mundo, siempre que haya relaciones de respeto mutuo”. Sin embargo, dijo que ven “una agresión tras otra del Gobierno (estadounidense)”.
Arreaza aseguró que el decreto de Barack Obama de marzo de 2015 que califica a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional “abrió las puertas para que ahora este gobierno extremista ataque permanentemente a Venezuela”.
La Cancillería rechazó mediante un comunicado el decreto migratorio, ya que promueve acciones que “buscan estigmatizar a Venezuela con el pretexto de la lucha contra el terrorismo” y “constituyen en sí mismas una forma de terrorismo psicológico y político”.

Multimillonario desfalco

La Fiscalía General de Venezuela investiga lo que el fiscal Tarek William Saab calificó como uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos 30 a 50 años. Se trata de un multimillonario desfalco en contrataciones de Pdvsa. “Se otorgaron a dedo aproximadamente 41 mil contratos cuyo monto oscila en más de 35 mil millones de dólares”, dijo Saab el 22 de septiembre.
Como ejemplo y en plena investigación de la magnitud de los hechos, Saab afirmó que solamente en 10 contratos hechos por “la directiva de la Faja Petrolífera del Orinoco” se encontró un sobreprecio “de más del 230%” que causó un daño patrimonial por 200 millones de dólares. “Tenemos que ir hasta el final para que aparte de la incautación de bienes y la aprehensión de los presuntos responsables venga algo que para nosotros es un punto de honor, que es la repatriación del dinero presuntamente saqueado a la nación venezolana”, dijo. Esta repatriación se gestionará ante Estados Unidos, Panamá y República Dominicana.
“No hay intocables”, dijo el Fiscal General tras los allanamientos realizados a 17 empresas en el Estado Anzoátegui, que terminaron con la detención de uno de los propietarios de la Constructora Urbano Fermín (Cuferca), Carlos Esteban Urbano Fermín, acusado de presuntos delitos previstos en la Ley contra la Corrupción y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. En los procedimientos fueron confiscadas varias casas y mansiones, 653 vehículos y 229 maquinarias.
Saab confirmó que el empresario venezolano Roberto Rincón, detenido en Estados Unidos por hechos de corrupción, está involucrado en el caso de la Faja Petrolífera del Orinoco. Fue acusado por el Ministerio Público de pagar más de mil millones de dólares en sobornos a Pdvsa para la obtención de contratos entre 2008 y 2014. El Fiscal prometió que pedirá la repatriación de los millones de dólares que tiene depositados en bancos de aquel país. “Pareciera que hubo un plan con estos sobreprecios, con este ataque a la industria petrolera a través de la corrupción (…) para prácticamente descapitalizar nuestra riqueza, nuestra propia producción de consumo de bienes y trasegarlo a los Estados Unidos”, consideró Saab. La investigación incluye a otras filiales dentro de la industria petrolera, como Petropiar y Petrocedeño.
También se abrieron investigaciones de sabotaje en Petrozamora, por el que fueron detenidas nueve personas, y otras empresas mixtas.
Otra investigación importante es la de los casos de corrupción relacionados con las estafas que se hicieron al país a través de la desaparecida Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).