Daños por 80 mil millones de dólares para un presupuesto anual de 9.500

Se estima que los daños causados por los huracanes Irma y María ascienden a 80 mil millones de dólares

Los huracanes Irma y María destrozaron la infraestructura y terminaron de detonar las finanzas puertorriqueñas. Ásperas relaciones entre San Juan y Washington. 

Tres semanas después del paso a fines de septiembre del huracán María, el 64% de la población de Puerto Rico todavía carecía de agua potable. Alrededor de seis mil personas seguían viviendo en refugios y el 87% del país permanecía sin electricidad. La isla fue seriamente afectada a principios del mismo mes por otro huracán, Irma.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó San Juan a principios de octubre, la capital de esta nación caribeña bajo estatus de “Estado Libre Asociado” del país del Norte. “Sólo escuchamos palabras de agradecimiento”, declaró a los medios entonces. Pero apenas unas semanas después afirmó que la ayuda brindada por Washington se retiraría a la brevedad, aun cuando el desastre humanitario continúa.
“No podemos mantener para siempre a la Fema (la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias), a los militares y a los socorristas, que han sido extraordinarios bajo las circunstancias más difíciles, en Puerto Rico”, sostuvo. Luego, por Twitter Trump criticó que “la red eléctrica y toda la infraestructura ya eran un desastre antes del paso de los huracanes”.
Las respuestas no tardaron en llegar. Carmen Yulín Cruz, la alcaldesa de San Juan, afirmó: “Sus comentarios sobre Puerto Rico son impropios de un Comandante en Jefe, parece más bien que provienen de un Odiador en Jefe”. Y agregó: “No es que usted no entienda; es que es incapaz de cumplir el imperativo moral de ayudar al pueblo de Puerto Rico”.
También el gobernador del “Estado Libre Asociado”, Ricardo Rosselló Nevares, criticó al presidente Trump y sostuvo que los habitantes de la isla merecen “los derechos que les corresponden a los ciudadanos de nuestra nación”.
Los daños causados por el paso de los huracanes se estiman en alrededor de 80 mil millones de dólares. Puerto Rico no sólo no cuenta con ese monto en las arcas –su presupuesto para todo el corriente año es de 9.500 millones– sino que está ahogado por una deuda externa que representa aproximadamente el 99% de su Producto Interno Bruto (PIB).
En medio del desastre, Washington amagó con eliminar la deuda. El propio Trump lo había afirmado públicamente, lo que llevó el precio de los bonos a un piso histórico. Pero pronto el director del presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, sostuvo que la isla tiene que arreglar la situación “por su cuenta”. “No vamos a pagar esas deudas. No vamos a rescatar a esos bonistas”, afirmó.
El presidente se desdijo a los pocos días de sus declaraciones. Aprovechó su visita a la isla para cuestionar la administración local y reafirmar: “Puerto Rico ha lanzado nuestro presupuesto fuera de control por todo el dinero que hemos gastado aquí”.

Estado “Libre” Asociado
Puerto Rico cuenta con 3,5 millones de habitantes que, a pesar de ser ciudadanos estadounidenses, no tienen representación en el gobierno (no tienen derecho a voz y voto en el Congreso ni en las elecciones federales). Además, desde la sanción en el Congreso estadounidense de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica (“Promesa”, por sus siglas en inglés) en 2016, tampoco posee control de su economía, dado que la normativa puso las finanzas en manos de una Junta de Control Fiscal, con siete miembros designados por el Parlamento estadounidense.
Esta Junta estableció un plan de austeridad con el fin de equilibrar las cuentas fiscales para que la isla pueda cumplir con sus compromisos de deuda a costa de un intenso ajuste en el gasto social. Desde entonces, más de 100 escuelas públicas y decenas de hospitales han cerrado.
Su condición de “Estado Libre Asociado” le impide además declararse en bancarrota como han hecho otros territorios estadounidenses, como la ciudad de Detroit, lo que le permitiría negociar una reestructuración de su deuda externa.
“¿A qué fue el presidente Trump a Puerto Rico?”, se pregunta en un artículo del periódico Claridad el abogado independentista Rafael Rodríguez Cruz. “Pues a lo mismo que vinieron los representantes del National Bank of North America el 19 de agosto de 1899, en medio de la devastación del ciclón San Ciriaco. Vino a facilitarle un billete fácil a los bancos y especuladores de bienes raíces estadounidenses, a expensas del sufrimiento del pueblo puertorriqueño”, responde. “La diferencia es que ahora nuestra isla no está solamente devastada material y socialmente como en 1899, sino que sobre nuestras cabezas se mece, como si fuera la espada de Damocles, una deuda ficticia de $71 mil millones. Y la van a cobrar; disfrazada, por supuesto de ‘ayuda humanitaria’”.
Al mismo tiempo Rodríguez Cruz asegura que los huracanes le asestaron “un golpe mortal al anexionismo puertorriqueño”. Es que el actual gobernador, Rosselló Nevares, es uno de los principales impulsores de que la isla se convierta en la estrella 51 de la bandera estadounidense. “El gran capital financiero estadounidense va a buscar el modo de cobrar la deuda, aunque le tenga que romper el espinazo a la debilitada economía de la colonia”, argumenta.
Vale mencionar que sistemáticamente el Comité Especial de Descolonización de la ONU demanda la autodeterminación y la independencia de Puerto Rico, reiterando su carácter latinoamericano y caribeño. El año pasado lo hizo por trigésimo quinta vez.
Negocio de contratistas privados
El periódico Claridad, histórico semanario independentista, publicó una investigación en la que da cuenta de que varias de las tradicionales empresas ligadas a los negocios bélicos ya fueron contactadas por Washington y se encontraban a la espera de la autorización puertorriqueña para desembarcar con sus servicios de seguridad –y militarización privada– mientras dure la reconstrucción.
Una de ellas es Academi, más conocida por su nombre previo, Blackwater, una de las más beneficiadas por el negocio de la invasión estadounidense a Irak en 2003 y del paso del huracán Katrina por Nueva Orleans. Desde su matriz, Constellis, confirmaron que estaban a la espera de la aprobación del gobierno de Puerto Rico para brindar servicios de seguridad en el transporte acuático. La empresa ya arribó a las caribeñas Dominica y San Martín luego de los huracanes.
En este contexto, la tragedia que causó al menos 45 muertos podría tanto atar aún más los destinos de la isla a los deseos de Washington como profundizar deseos independentistas.

Julia de Titto

Oscar López Rivera: “El colonialismo es un crimen contra la humanidad” 

El líder independentista Oscar López Rivera, que recobró su libertad plena en mayo de este año tras una condena considerada ilegal e ilegítima, se refirió a la situación luego del huracán y criticó al presidente de Estados Unidos y a las élites puertorriqueñas. Entre otras cuestiones advirtió que fue impedido el ingreso a la isla de médicos cubanos y una donación de petróleo que Venezuela había ofrecido porque las empresas estadounidenses “quieren mantener un monopolio”. “Nunca permitieron que creciera el mercado interno de Puerto Rico”, afirmó y destacó la solidaridad del pueblo y sus esfuerzos para “volver a la normalidad”. Aunque como colonia de Estados Unidos “nunca podremos ser normales”.
López Rivera es considerado el preso político más antiguo del mundo y fue llamado “el Mandela latinoamericano. En una visita a Filadelfia en septiembre fue homenajeado por su lucha, ocasión en que volvió a arremeter contra el colonialismo, al que calificó como “crimen contra la humanidad”, a la vez que remarcó su esperanza en la juventud puertorriqueña. “Cuando se lucha por una causa noble, siempre se gana”, aseguró.
López Rivera integró las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de su país y en 1981 fue capturado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) acusado de “conspiración sediciosa” para derrocar el poder de Estados Unidos en Puerto Rico.
Permaneció prisionero en Estados Unidos entre 1981 y principios de 2017, cuando Barack Obama conmutó su pena en los últimos días de gobierno. En febrero se dispuso su prisión domiciliaria y desde mayo se encuentra en libertad. Trump cuestionó la decisión de su predecesor y se refirió al dirigente como un “peligroso criminal”.