Gobierno y pueblo revolucionario de Venezuela reafirmaron su estrategia de enfrentar las dificultades con otro poderoso contraataque político y electoral. El adelanto del llamado a elecciones es la respuesta a la nueva escalada interna y externa.
La aprobación de la convocatoria electoral por parte de la Asamblea nacional Constituyente (ANC) responde a la decisión de la derecha de suspender el diálogo con el Gobierno; a las presiones de Washington para dinamitar cualquier acercamiento con el Ejecutivo, a las nuevas sanciones aplicadas por la Unión Europea a funcionarios chavistas y a una situación económica interna aún irresuelta.
No es la primera vez que el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y las demás fuerzas revolucionarias adoptan esta estrategia frente a los intentos de ahogar el proceso venezolano. Sucedió el año pasado con las elecciones para la ANC en julio; para gobernador en octubre y las municipales en diciembre. Fue la respuesta democrática que terminó revalidando la legalidad y legitimidad cuestionada por una derecha local y continental cada vez más torpe y desarticulada.
La misma sesión de la ANC del 23 de enero que votó a favor de adelantar la convocatoria electoral proclamó al presidente Nicolás Maduro como “único candidato del pueblo revolucionario”, en palabras del constituyente Diosdado Cabello, autor de la iniciativa.
La oposición, extraviada entre profundas diferencias internas y priorizando dinamitar su acercamiento al Ejecutivo, quedó una vez más perpleja y presa de sus contradicciones. Las banderas que con mentiras pedían a gritos elecciones fueron escondidas y desde entonces todo vale para sostener el objetivo de desestabilización y golpe.
Resta ver cómo se reacomodan Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), Partido Unión y Entendimiento (Puente) y la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), las cinco organizaciones opositoras convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para renovar su validación legal luego de que decidieran no participar de las municipales de diciembre. En poco tiempo, pero dentro de los plazos legales, deberán acordar candidaturas y eventuales alianzas o, una vez más, negarse a participar.
Algunos de estos partidos aceptaron en septiembre la invitación del Gobierno venezolano para establecer una mesa de diálogo en República Dominicana. Ese paso, calificado sin disimulo como “traición” por los sectores contrarrevolucionarios de Washington y Miami, generó una carga adicional de presión que desarticuló la estrategia opositora. Está visto, la derecha continental tiene otra agenda bien diferente para Venezuela.
En esta parodia se inscribe el comunicado del auodenominado Grupo de Lima, resabio fascista de la histórica derrota en la OEA. Este “Grupo” se apresuró a invalidar la convocatoria electoral de la ANC bajo el argumento de que no ofrece garantías. Una nueva torpeza política y diplomática de 14 gobiernos que decidieron aislarse de los 20 restantes de la región.
El Grupo argumenta que “esta decisión imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, conforme a estándares internacionales y contradice los principios democráticos y de buena fe para el diálogo entre el Gobierno y la oposición”.
La nota fue firmada por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Brasil, Costa Rica y Guayana. La torpeza mayúscula es que tres de esos países firmantes, Chile, México y Paraguay, son garantes del diálogo que desde septiembre pasado se retomó en República Dominicana entre el Gobierno y la oposición. Ninguna revelación más contundente sobre quiénes boicotean la paz en la República bolivariana.
En la misma declaración del 23 de enero, los 14 gobiernos reaccionarios sumaron sin demasiada convicción un pedido para que se investigue el operativo mediante el cual fue desmantelado el grupo armado del fallecido Óscar Pérez. Sin mencionarlo, el Grupo de Lima se limitó a demandar “una investigación imparcial sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales”.
La muerte de Pérez, hasta el 15 de enero prófugo de la Justicia y de las fuerzas de seguridad desde que en julio robó un helicóptero y atacó las sedes del Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo de Justicia, fue el último y más futil argumento político y propagandístico de la derecha.
Las próximas elecciones presidenciales en Venezuela son una muestra de confianza de la ANC y de las fuerzas gobernantes hacia el pueblo revolucionario. Será el conjunto de la población venezolana quien legitime a través del voto la continuidad de Maduro y de la revolución chavista.

24 de enero de 2018
(Más información en página 9)