Masivo rechazo al gobierno peruano tras un pacto espurio

El presidente evitó su destitución en el Congreso gracias al acuerdo con la extrema derecha que derivó en el indulto a Alberto Fujimori. La medida generó el repudio generalizado de la población.

Fue una estafa electoral de gran magnitud. Tras lograr apenas un 21% de los votos en la primera vuelta, el empresario Pedro Pablo Kuczynski, de 79 años, prometió que no iba a indultar a Alberto Fujimori y se apoyó en el masivo rechazo nacional al fujimorismo para ganar en el balotaje con 50,4%. Las elecciones le habían dado la mayoría parlamentaria al partido del ex dictador, Fuerza Popular, comandado por su hija Keiko, derrotada en las urnas.
“No nos dejaremos pisar por una mayoría en el Congreso que ganó la primera vuelta, pero no la segunda”, afirmó Kuczynski al asumir y ratificó que no iba a indultar al ex dictador condenado por múltiples violaciones a los derechos humanos. “Los indultos no se negocian”, aseguró entonces. Un año y medio después le otorgó a Fujimori el perdón presidencial a espaldas de la población, a pocas horas de la Navidad y tres días después de evitar su destitución en el Congreso. Además de sus condenas, lo libró de “todos los procesos penales que a la fecha se encuentren vigentes”.

Corrupción e hipocresía
El Presidente había quedado en la picota por sus vínculos con la compañía Odebrecht, en el marco de la causa judicial que tuvo derivaciones en casi todos los países de América Latina. El ex director de la constructora brasileña, Marcelo Odebrecht, declaró ante los fiscales peruanos que había contratado a Kuczynski como consultor “para curar heridas”, luego de que se opusiera al proyecto de la carretera interoceánica. También dio a entender que financió su campaña presidencial en 2011 con fondos no declarados.
El mandatario primero negó haber tenido vínculos con la compañía, pero el 13 de diciembre se develó que una empresa unipersonal suya, Westfield Capital, recibió 782 mil dólares de Odebrecht entre 2004 y 2007 por supuestas consultorías vinculadas a los proyectos Olmos e Iirsa Norte, cuando ocupaba los cargos de ministro de Economía (2004-2005) y presidente del Consejo de Ministros (2005-2006).
La exposición pública de esta información que había ocultado lo obligó a comparecer ante el Congreso el 21 de diciembre, en una prolongada sesión que duró 12 horas. Allí congresistas de distintas bancadas habían reunido los votos suficientes –una mayoría de dos tercios– para aprobar una moción de vacancia del cargo por inmoralidad, que hubiera significado su destitución. Sin embargo, un grupo de 10 diputados del bloque fujimorista, comandado por el hijo menor del ex dictador, Kenji, retiró sus votos y salvó a Kuczynski.
“Peruanos, mañana empieza un nuevo capítulo en nuestra historia: reconciliación y reconstrucción de nuestro país. Una sola fuerza, un solo Perú”, celebró el presidente por Twitter esa misma noche y menos de 72 horas después concedió un “indulto humanitario”, por motivos de salud, a Alberto Fujimori.
El ex dictador estaba condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y esperaba una nueva sentencia en su contra por el caso Pativilca (municipio de Lima), en el que está acusado de ser el responsable de la matanza de seis personas en 1992. Su única posibilidad de pasar a un arresto domiciliario era a través de un indulto humanitario presidencial, que sólo puede ser otorgado a presos con enfermedades graves en riesgo de empeorar por las condiciones de reclusión.

Sin apoyos
Desde el 25 de diciembre se realizan marchas en Perú en repudio al indulto y al gobierno de Kuczynski. El 18 y 19 de enero, incluso los dirigentes de pueblos quechuas y aimaras del interior del país marcharon por las calles de Lima para pedir la renuncia presidencial y la convocatoria a nuevas elecciones generales. “Los pueblos originarios ya hemos declarado su vacancia en el cargo. Tenemos que ir a nuevas elecciones y conformar la Asamblea Constituyente, encargada de elaborar la nueva Constitución”, declaró el dirigente aimara Jorge Calisaya tras una Asamblea Nacional de los Pueblos realizada en Cusco.
El ascendente rechazo popular fue reflejado también por las encuestas. A mediados de enero los diarios difundieron que el nivel de aprobación de Kuczynski cayó al 20% y la desaprobación de su gestión subió al 75%, apenas un año y medio después de asumir el poder.
Las consultoras de opinión reflejan un gran malestar por la falta de obras, el indulto a Fujimori, las denuncias de corrupción y la gran contradicción entre las promesas de campaña y los hechos. Kenji Fujimori (35%) y Keiko Fujimori (28%), hijos del ex dictador, tienen mayor aprobación que el Presidente.
El dato más relevante publicado en los medios es que casi el 80% de la población considera que el indulto fue el resultado de un acuerdo político mediante el cual Kuczynski evitó su destitución en el Congreso.
Dentro del Gobierno, el indulto provocó la renuncia de otros tres ministros (Cultura, Defensa y Agricultura) y tres diputados de la exigua bancada oficialista de 18 legisladores. Ahora el oficialismo tiene apenas 15 congresistas propios sobre 130.
Tampoco se hicieron esperar los pronunciamientos de personalidades influyentes que hasta hace poco apoyaban entusiastas al empresario, como el escritor Mario Vargas Llosa, que definió el indulto como una “verdadera tragedia”, fruto de la negociación de un “sucio cambalache” y lo calificó al Presidente de “traidor” y “pequeño Maquiavelo”.
El único apoyo serio con el que cuenta Kuczynski para gobernar es el fujimorismo, que ahora tiene nuevamente a su líder en la conducción tras el indulto que lo llevó a una “prisión domiciliaria” de 1.900 metros cuadrados, con cinco dormitorios, baños con jacuzzi, piscina y estacionamientos para cuatro vehículos en un condominio cerrado de Lima. Más que un apoyo, el Presidente en realidad depende totalmente de la voluntad de quienes perdieron el balotaje y ahora prometen garantizar la “gobernabilidad” de un gobierno masivamente repudiado.

Intentos infructuosos
Kuczynski apeló a un discurso público de “reconciliación nacional” desde su primer mensaje tras el indulto, en el que calificó los crímenes de lesa humanidad como “errores y excesos”. Las palabras utilizadas caldearon más los ánimos y mostraron una desagradable sintonía con el discurso que adoptó el propio Alberto Fujimori, que pidió perdón a los peruanos que había “decepcionado”.
El rechazo popular escaló y la juramentación de siete nuevos ministros tras el anuncio de conformación de un “gabinete ministerial de reconciliación” no despertó entusiasmo alguno. En apenas 18 meses, el Gobierno ya realizó 19 cambios de ministros.
Con el arribo del Papa Francisco el 18 de enero, el Presidente intentó recuperar aire e insistir en la necesidad de una reconciliación nacional. Horas antes de su llegada a Lima presentó la maqueta de un hospital que llevará el nombre del pontífice y será construido en Manchay, al sur de Lima.
Sin embargo, Kuczynski no pudo dar vuelta la página del indulto y dentro y fuera del país los pedidos para revertir la decisión siguen en aumento. El nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, ratificó que el organismo tiene facultad para revisar el indulto, tras asumir el cargo en enero. “En el Estado constitucional no hay ningún acto irrevisable cuando se amenazan o lesionan derechos fundamentales o cuando este acto viola la Constitución”, declaró. Agregó que el indulto presidencial no está “liberado de control” ni “librado a una absoluta arbitrariedad”.
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) criticó el indulto al manifestar que “no cumple con requisitos legales fundamentales, como tampoco con elementos del debido proceso legal e independencia y transparencia de la junta de evaluación técnica”. Entre otros puntos, condenó “la participación del médico particular del sentenciado en la Junta Médica que realizó el informe que aconseja el indulto”, hecho que “viola flagrantemente el requisito de independencia y objetividad de esta junta”.
Rápidamente desde el gobierno nacional respondieron que, si bien son respetuosos de los pronunciamientos de la Cidh, el indulto presidencial es un derecho constitucional y el organismo internacional no puede intervenir. Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, respondió que se debe aceptar la decisión que tome la Corte Interamericana, que tenía prevista una audiencia sobre el indulto el 2 de febrero. “Es un órgano de justicia supranacional y el Estado peruano tiene que acatar”, aseguró tajante.
Con un largo historial de manipulación en función de las políticas dictadas por Washington a la OEA, la Cidh tiene formalmente competencia para emitir una resolución en el marco de las sentencias contra Fujimori por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Barrios Altos y La Cantuta, ya que participó en esos procesos penales, por los que el ex dictador tiene condenas a cadena perpetua.
En este contexto Kuczynski debe afrontar los tres años y medio de mandato que le restan. En todo ese tiempo, si no es destituido como casi ocurre en diciembre, estará a merced del fujimorismo.

Ignacio Díaz