Un conflicto que adelantó la campaña electoral en Uruguay

Banderas uruguayas, maquinarias y modernos vehículos salieron de pronto a la vera de las rutas. Reclama un sector al que no le fue mal con el gobierno frenteamplista. Exige mayor rentabilidad.

Las aguas bajaban calmas en diciembre, con el gobierno celebrando el inicio de una temporada turística excepcional. Había terminado en la interna frenteamplista el tema Sendic, con su renuncia a la Vicepresidencia de la República, aunque el asunto sigue en la esfera judicial. El oficialismo también había recuperado la mayoría en el Parlamento, las encuestas mejoraban y se resolvía el problema de los “cincuentones” atrapados en las Administradoras de Fondos Previsionales (Afap) creadas en la década de 1990. El clima favorable quedó reflejado en el almuerzo con el que el presidente Tabaré Vázquez y la bancada parlamentaria del Frente Amplio cerraron el año, en la Residencia de Suárez. Paralelamente, se ventilaban problemas en el principal partido opositor, el Nacional.
Sin embargo, contra todo pronóstico, con la llegada de enero y las vacaciones el ambiente político se calentó. Los productores rurales, un tanto inorgánicamente, salieron a protestar por la baja rentabilidad que dicen percibir y aseguraron estar agobiados por el peso del Estado.
El descontento se incrementó debido a que las gremiales del sector habían solicitado en noviembre pasado una reunión con el Presidente que no se concretó, y fueron recibidos tras las movilizaciones de enero. Los intereses agrarios movilizados son variopintos, aunque hay tres reclamos claros: medidas para mejorar la rentabilidad, devaluación de la moneda y financiamiento para productores endeudados.
Un sector con severas dificultades es el lechero, que se tecnificó en un corto período tomando deuda y luego se vio afectado por la caída de precios internacionales y de algunos negocios con países de la región. Es el caso, por ejemplo, de la empresa láctea Pili, de Paysandú.

Del lobby a las calles
El agronegocio, con ancla en capitales financieros internacionales, controla buena parte de la producción en distintos rubros: frigoríficos, plantas de celulosa, molinos y acopiado, donde produjo cambios significativos. Entre ellos, la acentuación de la desaparición de pequeños labriegos y problemas ambientales.
En estos años el valor de la tierra se multiplicó por siete y aumentó su demanda y concentración. Algunos datos señalan que el agronegocio controla el 50% de la tierra utilizable y unas 4 mil empresas manejan la superficie productiva nacional. Esto demuestra que las medidas de los gobiernos frenteamplistas no modificaron la matriz productiva.
Más temprano que tarde, los partidos de la oposición -sin agenda y a la espera de errores o desaciertos del oficialismo- salieron a respaldar los reclamos de los productores, que insinúan una plataforma reivindicativa. Algunos sectores del campo expresaron públicamente cierto desprecio de clase y llegaron a tildar a los gobernantes de “comunistas de mierda”. Legisladores cercanos al sector del ministro de Economía, Danilo Astori, otro de los flancos de los productores más furibundos, han expresado que toda la movida es un ataque al gobierno.
En su pugna por la renta, los sectores más beligerantes habían amenazado con cortar rutas y hasta desabastecer Montevideo y las zonas balnearias y, para mostrar la veta reaccionaria, aseguraron que hay que revisar los planes estatales de protección social. El gobierno ha expresado que impedirá el corte de rutas y el tema quedó abierto.
Sobre este problema emergente comenzó a moverse el conjunto del sistema político. El Presidente, en audiencia con distintas organizaciones de referencia, planteó la constitución de una comisión de trabajo para analizar la situación sector por sector, pero los reclamantes quieren medidas globales y algunos sectores promueven una escalada de la conflictividad.

Política económica
Los problemas y disputas con el sector rural se insertan en un cuadro general que tiene varios puntos delicados por resolver. Uno de los aspectos centrales es el déficit fiscal, equivalente al 4% del PIB. La meta es bajarlo un punto porcentual, sin afectar gastos de impacto social. Otra necesidad es generar puestos de trabajo y evitar que aumenten los despidos. Con ese fin se otorgaron facilidades a inversores y el Estado renunció a ingresos fiscales significativos.
El caso emblemático es la instalación de una nueva papelera que, a su vez, reflota la pregunta sobre qué tipo de desarrollo promueve el Gobierno. La ley de inversiones también permitió la habilitación en el selecto balneario de Punta del Este –con severas críticas vinculadas al medioambiente y el ordenamiento territorial– de la construcción de varias torres con importantes exenciones impositivas. La excusa fue la creación de miles de puestos de trabajos directos e indirectos.
Otro aspecto clave es la fuerte inversión en materia de infraestructura, endeudamiento mediante, para reactivar parcialmente el tren de carga, desguazado en la década de 1980. En cambio, no se vislumbran mayores inversiones para la innovación científica, la enseñanza y las políticas públicas de vivienda. Por ejemplo, a las cooperativas de vivienda les asignaron en diciembre sólo 1.700 viviendas de las 2.800 solicitadas.
Mientras tanto, el país sigue buscando la ampliación de mercados para colocar productos de exportación y el Gobierno lamenta las trabas al acuerdo Mercosur-Unión Europea. Por eso hace tiempo puso el ojo en el continente africano y asiático, más allá de la potente China.

Capital y trabajo
Un tema que se abre, en relación con el anterior, tiene que ver con una nueva ronda de discusión salarial. Con un desempleo de 7%, aunque más alto entre las mujeres y jóvenes, y una pobreza relativamente baja pero elevada en la niñez, una meta principal es preservar las fuentes de trabajo. El movimiento sindical querrá, por lo menos, mantener el poder adquisitivo de los salarios y se presagia una ardua discusión, con algún desencuentro y movilizaciones obreras.
En ese marco, al Gobierno le resta además armar la rendición de cuentas para los dos últimos años de su ejercicio, y la resolución de otras cuestiones, como la reforma de la llamada “caja militar” que arrastra privilegios desde la época de la dictadura, pueden generar ciertos ruidos.
Será difícil para el oficialismo llegar al prometido 6% del PIB en presupuesto educativo, algo que es fuente de conflicto con parte de su base social. En la anterior gestión, la educación terciaria y universitaria tuvo una espectacular expansión territorial que fue posible, entre otras cosas, por la asignación presupuestal.
En su momento se sostuvo la tesis de que la gestión del Frente Amplio ya no entusiasmaba ni a propios ni a extraños, por falta de medidas concretas. Sin embargo, dos políticas lograron cierta aprobación en el último tiempo. Una es el Sistema Integrado de Cuidados, que atenderá, en un país envejecido, a la población de mayor y menor edad. Aunque tuvo recorte presupuestal, es un proyecto importantísimo que no termina de despegar y ser visibilizado. El otro tiene que ver con el suministro de recursos, en tiempo y forma, a los gobiernos departamentales. Esta política ha permitido cambios visibles en muchos territorios y jerarquizar –en algunos casos en clave turística– a varios de ellos.

Contexto regional negativo
Las dificultades y desafíos que tiene el gobierno uruguayo, al mando de un país de menor porte en el concierto regional, se incrementaron con la asunción de gobiernos de derecha en Suramérica y con cierta parálisis del Mercosur. A ello hay que agregarle la asunción y las políticas proteccionistas de Donald Trump en Estados Unidos.
Tampoco puede menospreciarse el daño provocado por el ascendente discurso de que todos los gobiernos progresistas de la región que acompañaron las políticas de integración fueron o son corruptos, con particular peso en Argentina y Brasil.
En este contexto Tabaré Vázquez comenzó un nuevo año de mandato, que tendrá además en la agenda la discusión de candidaturas para las elecciones de 2019. La oposición alimenta la esperanza de volver a tener las riendas del país y promueve una mayor conflictividad del sector rural.
El desenlace del primer gran conflicto del año será clave para lo que viene, con los partidos de derecha buscando protagonismo. Pero este es solo uno de los desafíos que tendrá por delante el Frente Amplio.

 Desde Montevideo,
Darío Rodríguez Techera