Debate electoral repetido para un problema que se agrava

Con elecciones presidenciales en julio, México afronta elevadísimos índices de asesinatos, impunidad, desapariciones, violencia contra la mujer, fosas comunes, trata de personas y homicidios de periodistas.

Más allá de la oportunidad en la que se manifiestanas las propuestas de amnistía, tregua, diálogo o más militarización contra el narcotráfico discutidas por los políticos en campaña electoral marcan la magnitud del problema que hoy pone a este país al tope de los índices de criminalidad en América Latina.

El debate no es nuevo frente a un problema que se agrava. México tuvo en 2017 su año más violento desde que, una década antes, el entonces presidente Felipe Calderón declarara con ayuda de Estados Unidos “la guerra al narcotráfico y al terrorismo” desplegando militares y policías federales en todo el territorio nacional.
Cerca de 70 mil militares y policías se involucraron en un “combate frontal” que escondió violaciones a los derechos humanos; asesinatos de personas ajenas al negocio de las drogas; utilización de menores y jóvenes como eslabones de la cadena de distribución; atentados y desapariciones.
Una década después el negocio sigue pujante pero a un costo en vidas humanas sin precedentes: decenas de miles de mexicanos han muerto y más de 30 mil han desaparecido.
El país, con más de 120 millones de habitantes, se ubica entre los de mayores índices de violencia armada, impunidad, desapariciones y trata de personas. Lidera, además, las estadísticas de asesinatos de periodistas.
El Informe Mundial 2016 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (organismo de la ONU) señala, con datos de 2014, que el 87% de la cocaína que se introduce en Estados Unidos, principal consumidor mundial, transita por Centroamérica y luego por México. El restante 13% llega a América del Norte a través del Caribe.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señaló que en México casi el 44% de la población vive en la pobreza según datos del 2016 aunque se estima que la inflación y los aumentos de precios de 2017 empujarán al alza esa cifra y la acercará a índices similares a los de hace cinco años cuando era del 50%.
El salario mínimo en México es actualmente menor a 5 dólares diarios y sigue siendo uno de los más bajos de América Latina. Los salarios por encima de ese piso no llegan a equipararse a la inflación y, por el contrario, tienen aumentos extremadamente bajos con respecto al costo de los precios.
En este ámbito se mueve una decena de cárteles de la droga que disputan territorios y rutas por negocios varias veces multimillonarios. El investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) de México, Ramón García Gibson, sostuvo en diversos trabajos que anualmente ingresan a México entre 25 mil y 40 mil millones de dólares generados por el narcotráfico, una cifra similar o superior al PIB de varios países latinoamericanos.
Semejante volumen de dinero activa un mercado oscuro que penetra instituciones, empresas privadas, partidos políticos, fuerzas de seguridad y oficinas gubernamentales federales, estaduales y municipales.

Cifras incontrastables

En los primeros once meses de 2017 fueron registrados 23.101 casos de homicidios dolosos, cifra que superó la de todos los años anteriores en las últimas dos décadas. Investigaciones iniciadas y casos denunciados llevaron la tasa de homicidios a 18,7 personas cada 100 mil habitantes. En octubre y noviembre últimos, los meses con más homicidios, fueron denunciados más de 73 casos por día ante el Ministerio Público. Los casos aumentaron un 22% en relación a 2016 y crecieron por tercer año consecutivo.
Relacionado con estos mismos delitos también aumentaron los casos de violencia contra las mujeres. El último año se registraron 914 femicidios aunque muchos asesinatos de mujeres no son investigados bajo esa figura. El Instituto de Estadística y Geografía (Inegi) reveló en noviembre pasado que el 66% de las mujeres mayores de 15 años enfrentó violencia de cualquier tipo alguna vez en su vida y que entre 2007 y 2016 los femicidios aumentaron 152%.
Casi el 60% de los crímenes de mujeres en la región ocurren en México. Las cifras surgen de un informe del Observatorio de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), respaldadas en México por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Cndh).
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía mexicano indica que entre 2015 y 2016 fueron asesinadas en el país 5.118 mujeres aunque la justicia sólo realizó sólo 700 averiguaciones por feminicidio.
Según organizaciones de mujeres, el año pasado se denunciaron más de tres mil desapariciones. El hecho de que se trate principalmente de menores de 18 años presupone un incremento de la trata de personas. La Cndh advirtió sobre un informe que sitúa a este país entre las 20 naciones con más víctimas de trata de personas.
La mencionada Comisión Nacional de los Derechos Humanos aseguró que las desapariciones subsisten en el país debido a la impunidad judicial. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas contabilizó a principios de marzo del año pasado 30.942 casos, 4.814 casos más que en diciembre de 2015. Sin embargo, algunas organizaciones estiman que sólo el 20% de los casos de desapariciones se denuncian oficialmente por falta de garantías y seguridad.
En julio de 2017 se conoció un informe según el cual en la última década fueron encontradas al menos 1.075 fosas clandestinas en México. El trabajo fue realizado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana en base a datos de las fiscalías de 19 estados del país, con 2.014 cuerpos exhumados. Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua son los estados con mayor número de fosas halladas en los últimos 10 años.

El lugar de Peña Nieto

En este contexto el 1 de julio los mexicanos elegirán presidente, 500 diputados federales, 128 senadores y autoridades locales en 30 de los 32 Estados del país. Enrique Peña Nieto, de las entrañas de la élite del histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI), dejará la presidencia en diciembre a manos de su sucesor.

Peña Nieto pasará a la historia, entre otras cosas, porque durante su Presidencia México tuvo el año (2017) más violento de las dos últimas décadas, con más de 23 mil homicidios dolosos. Estadísticas oficiales de una tragedia que no descansa: en el primer fin de semana de 2018 los enfrentamientos entre cárteles de las drogas y las fuerzas de seguridad se cobraron la vida de más de medio centenar de personas.
Peña Nieto deja, además, el vacío sobre lo que sucedió con los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. La versión oficial –de la Fiscalía General y del Gobierno– es que las víctimas fueron asesinadas, quemadas y arrojadas a una fosa común. Pero la falta de evidencias generó cuestionamiento internacional además del rechazo de familiares de aquellos jóvenes secuestrados y desaparecidos en Iguala, Estado de Guerrero. Precisamente, Guerrero, Colima, Chihuahua, Veracruz, entre otros, son los Estados con mayores índices de violencia.

Primeros nombres
Las candidaturas para julio próximo se definieron o se definirán de acuerdo a las modalidades de cada uno de los nueve partidos nacionales con registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE). La ley permite, además, la presentación de candidatos independientes que previamente hayan logrado firmas de adhesión y tengan representatividad en 17 de los 32 Estados del país. El 29 de marzo se realizará la aprobación de candidaturas por parte del INE.
Como parte de este proceso el derechista Partido Acción Nacional (PAN) y los denominados progresistas Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) registraron un acuerdo de alianza electoral. Las tres agrupaciones se convirtieron en la coalición “Por México al Frente” según la inscripción ante el INE.
Los máximos representantes de los tres partidos explicaron que su objetivo de desplazar al gobernante PRI pero a su vez fortalecerse frente al líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, a quien calificaron como representante de “ideas viejas y fracasadas”.
Al final del proceso de designaciones de candidatos se medirá, previsiblemente, con el ex funcionario de Peña Nieto José Antonio Meade, precandidato del PRI, y tal vez Ricardo Anaya, del PAN en representación del frente opositor compuesto también por el PRD y MC.
Fue López Obrador quien precisamente lanzó su propuesta de promover una ley de amnistía a miembros del crimen organizado que previamente será sometida a consulta, principalmente con los familiares de las víctimas. Defendió su idea en el objetivo de “explorar todas las posibilidades para detener la violencia”.
Más allá de las réplicas que generó entre sus posibles competidores, México agota su tiempo e ingresa en un período que pone a prueba el verdadero ejercicio del poder.

Adrián Fernández