Debut electoral de las Farc y tramposa dispersión de la derecha

Marta Lucía Ramírez, Iván Duque Márquez y Germán Vargas Lleras. Tres candidatos de derecha lideran las encuestas.

La oligarquía colombiana reactiva sus peores herramientas para mantenerse en el poder. Los resultados electorales marcarán la suerte de la pacificación que trasciende los acuerdos de La Habana.

En Colombia a Juan Manuel Santos ya se lo llama “Presidente saliente”. Por izquierda y por derecha lo hacen de manera peyorativa para reafirmar que poco o nada cambiará en los próximos meses en este país que el 27 de mayo votará a su sucesor. Propuestas económicas, obras públicas, empleo y generalidades como “lucha contra la corrupción”, “salir de la pobreza” o “nuevas fuentes de trabajo” dominan la campaña en medio de incertidumbres sobre la pacificación del país. El primer pulso político será el 11 de marzo con las legislativas.

Colombia llega a este proceso con la clásica estrategia de la oligarquía: mostrar seguridad y mano dura; prometer obras; cuestionar al “terrorismo” (en referencia a las guerrillas); financiar las campañas con dinero de procedencia oscura y una férrea alianza con los medios de comunicación.
Pero hay un escenario particular esta vez marcado por la emergencia de las Farc como partido político y su representación en el Congreso –acordado en las conversaciones de paz– y por una derecha que llevará varios candidatos entre más de una decena de postulantes. El sufragio en Colombia, con 36 millones de electores potencialmente habilitados, no es obligatorio y, según las estadísticas, el país tiene uno de los índices de abstención más altos de América.
Los medios hegemónicos repiten que ningún candidato ganará en primera vuelta. Aseguran que los dos que disputarán la segunda vuelta el 17 de junio serán de derecha. El vicepresidente de Santos, Germán Vargas Lleras (con un partido que lleva su nombre acompañado de Cambio Radical); Iván Duque Márquez (Centro Democrático, uribismo) y la conservadora Marta Lucía Ramírez son garantes con matices del poder oligárquico colombiano. Hay otros aspirantes de este espacio pero sin estructuras políticas y financieras sólidas. Alejado de la élite reaccionaria aparece Humberto de La Calle, jefe de las negociaciones de paz en la Habana, ungido en internas como candidato del Partido Liberal.
Los movimientos sociales y la izquierda creen, en cambio, que al menos uno de los contendientes para la segunda vuelta surgirá de sus filas. Allí aparecen, entre otros, Rodrigo Londoño, de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc, el partido de emergió de la guerrilla desmovilizada) con apoyo de Unión Patriótica; Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá; Sergio Fajardo, del socialdemócrata Polo Democrático y la ex senadora Piedad Córdoba, que el 17 de enero confirmó que el Estado avaló las más de 800 mil firmas presentadas para legalizar su candidatura.

Símbolos de paz
Para la izquierda y los sectores progresistas estos tiempos electorales sirven, además, para reafirmar ante el mundo los graves problemas que horadan los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Santos y las Farc, firmados el 24 de noviembre de 2016. Al incumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo se suma la violencia contra campesinos, indígenas y líderes sociales; la creciente presencia de grupos paramilitares y las violentas disputas del negocio de la cocaína. Todos asuntos que tienen una misma raíz.
A comienzos de año se realizó en Cartagena de Indias un encuentro entre líderes de las Farc desmovilizadas, el presidente Santos, representantes de la ONU (garante de los acuerdos) y veedores internacionales. Los ex guerrilleros denunciaron el boicot del Estado a la Jurisdicción Especial de Paz, instrumento que debía juzgar bajo el principio de igualdad a todos los responsables de la violencia armada incluyendo guerrilla, fuerzas del Estado y paramilitares.
También denunciaron al Congreso por rechazar la reforma política; inexistencia de circunscripciones territoriales especiales, incumplimiento de la erradicación de cultivos ilícitos, falta de fondos para proyectos productivos y Reforma Rural con restitución de tierras a los campesinos desplazados.
Este diagnóstico explica la presencia en Colombia, unos días después, del secretario general de la ONU, Antonio Guterres quien se reunió en forma privada con Santos y luego con delegados de la nueva fuerza política legal que reemplazó a la guerrilla. También visitó a miembros de las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica, organizaciones no gubernamentales de paz y la Misión de Verificación del proceso de paz de la ONU en Colombia.
También visitó la zona de Capacitación y Reincorporación de ex miembros de las Farc en Buenavista donde advirtió que el acuerdo de paz no consiste sólo en el desarme ya que el Estado debe estar presente con “educación, salud, infraestructura y garantías de acceso a los mercados para los productores agrícolas”. Insistió en que debe haber “un diálogo permanente entre el sistema político y las comunidades” y en especial con lo que llamó la “Colombia periférica”, en referencia a las áreas rurales del interior del país donde la situación es crítica.
En este contexto las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla de Colombia, aparecen extemporáneas frente a un Presidente saliente. Si la derecha militarista gana la Presidencia el tiempo para estas conversaciones, que fueron suspendidas a comienzos de enero, se agotará el 7 de agosto cuando Santos entregue el mando.

Negocios violentos
Los Acuerdos de La Habana abordaron también el narcotráfico, desde producción y tráfico hasta el consumo de drogas. El Estado colombiano se comprometió a sustituir el cultivo ilegal de coca por otros productos. El debate puso sobre la mesa la complejidad de una tragedia que dejó más de 25 mil muertos en las últimas cinco décadas sólo por hechos relacionados con las drogas.
La “guerra contra el narcotráfico” financiada por Estados Unidos desde los años 1990 potenció disputas por territorios y rutas que involucran a narcos, paramilitares, guerrilleros, fuerzas regulares, funcionarios gubernamentales y legisladores. En los últimos 20 años han sido descabezados los grandes carteles de la droga y las Farc ya no operan pero el país sigue siendo el principal productor de cocaína del planeta.
A comienzos de este año se movilizaron dos mil soldados hacia Tumaco, ciudad de la costa Pacífica donde el narcotráfico tiene una de sus principales centros de operaciones. Las autoridades admiten que por allí salen toneladas de cocaína cada año con dirección a Centroamérica y México y desde allí a Estados Unidos. La zona posee el 16% de las 146 mil hectáreas cultivadas con coca en todo el país, según la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito (Unodc).
El 5 de octubre pasado fueron asesinados en Tumaco siete campesinos cocaleros que protestaban en la zona rural. La Fiscalía comprobó lo que denunciaron los lugareños: Policía y Ejército estuvieron detrás de esa matanza. La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó el 8 de enero que “en tan solo seis días se registraron 14 homicidios, la mayoría de personas jóvenes”. El territorio es disputado por la guerrilla del ELN, grupos disidentes de las Farc, paramilitares y grupos de delincuencia organizada. Con todo, la matanza de campesinos en octubre fue a manos de las fuerzas regulares del Estado colombiano.

Vivir bajo amenaza
La ONU y el propio Gobierno de Santos afirman que las Farc cumplieron con sus compromisos asumidos en los Acuerdos de La Habana, entre ellos abandonar las tierras ocupadas como parte del conflicto de más de 50 años. De la misma manera, la ONU y organizaciones no gubernamentales denuncian que los territorios que dejó libre la guerrilla al desmovilizarse son ocupados por paramilitares, brazo armado de la oligarquía.
Esto explica –advierten– el incremento de la violencia contra las comunidades, organizaciones sociales y ex guerrilleros. El 17 de enero fueron asesinados Wilman Asprilla Allim y Ansel Montoya Ibarra, desmovilizados de las Farc que participaban en actividades electorales en el municipio de Peque, departamento de Antioquia. En diciembre último se reportaron oficialmente al menos 12 asesinatos además de atentados con heridos, amenazas y seguimientos intimidatorios.
El poder oculta entre otras cosas que la Corte Suprema de Justicia procesó casi medio centenar de legisladores derechistas por su relación en tiempos de Álvaro Uribe (2002-2010) con grupos paramilitares o por haber tomado dinero sucio para sus campañas electorales.
Nada parece cambiar en las prácticas electorales de las élites colombianas, dispuestas en apariencia a compartir democráticamente el poder entre sus diferentes facciones, peligrosa estrategia que esconde una histórica concentración de poder. La izquierda colombiana en todas sus variantes tendrá su mayor desafío electoral y pondrá a prueba su capacidad de movilización a las urnas.