Diversidad de candidatos y ninguna salida para Costa Rica

Según sondeos, Juan Diego Castro, Rodolfo Piza y Antonio Álvarez son los mejores posicionados pero ninguno supera el 20%.

Trece candidaturas se presentaron para la primera vuelta del 4 de febrero. Prima el descontento, la apatía y el rechazo a la dirigencia política tras cuatro años de reformismo sin reformas.

No hubo cambio alguno. Cuatro años después del rutilante triunfo en segunda vuelta de Luis Guillermo Solís, socialdemócrata del Partido Acción Ciudadana (PAC), en Costa Rica prima el descontento con el Gobierno y la política nacional.
Solís llegó al poder con un histórico 78% de votos en el balotaje, tras prometer un giro reformista a la política económica liberal y la disminución de la dependencia de Estados Unidos. También aseguró en campaña que reduciría la pobreza extrema y la desigualdad social; daría más participación a la población en las decisiones de gobierno; haría una reforma tributaria; aumentaría las inversiones en infraestructura, salud y educación.
“Tengo la más absoluta claridad de que el mandato de la gente es no repetir las mismas prácticas del pasado y si algo habrá de defender este gobierno, es ese mandato”, dijo a poco de haber ganado las elecciones.
Sin embargo, la expectativa generada en un sector de la población (el 43% no fue a votar en la segunda vuelta) dio paso rápidamente al desencanto social, al comprobarse que el grueso de la política económica liberal no fue modificado, como tampoco la desigualdad social.
Desempleo, dificultades económicas, corrupción y seguridad ciudadana siguen siendo los temas que más preocupan a los costarricenses según las encuestas de las universidades nacionales. La desocupación supera el 9% y la informalidad laboral es de 46%. Además, el déficit fiscal es muy elevado y provoca un rápido aumento del endeudamiento.
Las cifras demuestran el fracaso para Costa Rica del Tratado de Libre Comercio (TLC) de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos, que cumplió 10 años de vigencia en 2017.

Cuadro electoral
Trece candidaturas distintas se presentaron para las elecciones del 4 de febrero, marcadas por el alto número de indecisos en los días previos, según mostraron las encuestas. A eso se suma el elevado nivel de abstencionismo, ya crónico.
Según los sondeos, con grandes chances de pasar a segunda vuelta llegaba el ex ministro de Seguridad (1994-98) Juan Diego Castro, con un discurso populista de “mano dura” contra la corrupción política y la delincuencia. Fue postulado por el Partido Integración Nacional, que apenas tiene un diputado en el Congreso.
Los otros dos aspirantes al balotaje mejor posicionados son Rodolfo Piza (Partido Unidad Social Cristiana) y Antonio Álvarez (Partido Liberación Nacional), candidatos del histórico bipartidismo nacional. Ninguna candidatura superaba el 20% de los votos en las encuestas.
El candidato del oficialismo, Carlos Alvarado, aparecía con una intención de voto en torno al 5%, como resultado de un rechazo al gobierno del 47% y una aprobación de sólo 27% según la encuesta de la Universidad de Costa Rica.

Corrupción endémica
El distanciamiento de la población con los partidos y dirigentes políticos está apoyado además en la percepción de que hay una corrupción generalizada.
La campaña electoral, lejos de apoyarse en el debate político y programático, está atravesada por la trama de corrupción conocida como “cementazo”, que involucra a miembros del poder judicial –entre ellos al Fiscal General y un miembro de la Corte Suprema, diputados nacionales, ministros y asesores del Gobierno, dirigentes políticos de oposición y empresarios.
El caso se basa en el tráfico de influencias y otras operaciones realizadas para favorecer al empresario Juan Carlos Bolaños, importador de cemento chino, que recibió créditos millonarios de la banca pública de manera irregular.
Para otorgar los préstamos se cambiaron reglamentos del Banco de Costa Rica y el Ministerio de Economía, y hay grandes sospechas de que parte de ese dinero se destinó al pago de sobornos.
Detrás está además el duopolio del cemento en el país, compuesto por la mexicana Cemex y la suiza Holcim, que se vio afectado por la importación desde China de cemento más barato.