Bolivia: alerta por otro intento separatista de la derecha
El gobierno de Bolivia alertó que la extrema derecha que controla el departamento de Santa Cruz está dando pasos hacia un nuevo intento separatista, como el ocurrido en 2008 que puso en grave riesgo al entonces presidente Evo Morales.
La advertencia del Ejecutivo boliviano se conoció luego que el gobierno de Santa Cruz, en manos del golpista Luis Fernando Camacho, sancionó una ley de designación de autoridades y decidió el retiro de una wiphala (bandera de los pueblos originarios) de un acto público.
El ministro de Justicia, Iván Lima, alertó que «la Asamblea Departamental de Santa Cruz ha sancionado una ley (de designación de autoridades) en una grave afrenta a la unidad del país, que constituye indicio de delito de separatismo. No puede ser admitido».
El ministro reveló que el jefe del Senado, el oficialista Andrónico Rodríguez, presentó ante el Tribunal Constitucional (TCP) una solicitud de medida cautelar para suspender esa norma «separatista» cruceña y evitar que el gobernador Camacho la promulgue.
Camacho es un exdirigente cívico que reclama autonomía regional. Fue una de las cabezas visibles del poder civil fascista, racista y violento que encabezó el golpe contra Evo Morales, en noviembre de 2019.
Lima explicó que, por la ley regional cuestionada, la Asamblea cruceña se asigna atribuciones para elaborar ternas de designación de autoridades como el fiscal departamental, representantes de la Defensoría, la Contraloría y la Procuraduría, vocales electorales y judiciales y un director anticorrupción.
«Esto es una grave afrenta a la unidad del país. La Asamblea Legislativa Plurinacional es la única instancia que puede regular en estas materias», sostuvo Lima,.
Advirtió que «ésta es una muestra de la actitud de Luis Fernando Camacho (que) quiere consolidar un golpe de Estado al país y ser reconocido como dictador; por eso el acto de promulgación de esta ley va a ser considerado delito de separatismo».
Además, en los actos por el aniversario de la ciudad Santa Cruz, el vicepresidente David Choquehuanca izó el último viernes una whipala -símbolo nacional desde 2009-, y seguidores del gobernador la retiraron un rato después.
Lima dijo que la «afrenta» a la wiphala y agresiones a dirigentes indígenas, ocurridas también en el acto, constituían delitos de racismo y discriminación por los cuales el Gobierno preparaba denuncias penales en la Justicia ordinaria.
Señaló al presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien dio la espalda a parlamentarios oficialistas que intentaron saludarlo y luego roció alcohol desinfectante en el lugar que ocuparon esos legisladores.
El ultraje a los símbolos patrios, como la bandera, el himno o la whipala, constituyen un delito de orden público en Bolivia.
Asimismo, en el acto, según mostraron las imágenes, las autoridades cruceñas no respetaron el protocolo ni la investidura de Choquehuanca, quien debía izar la bandera nacional y fue desplazado por Camacho.
Los ataques siguieron después, según reseñó la agencia de noticias estatal ABI, contra la ofrenda floral del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu –una organización de pueblos indígenas-, cuyos integrantes fueron agredidos y se destruyó ese símbolo en el arreglo que pretendían entregar.
Para Lima, “lo que ha ocurrido hoy es algo que no se había visto, sino en épocas de dictadura; esto se cataloga como delito de racismo”.
La noticia en audio (voz: Salvatrice Sfilio)
