La maldad, cuando parece no tener límite, esconde un temor profundo a la justicia.

Tenía la intención de escribir sobre la situación en Chile. Lo sucedido durante los días pasados no solo merece la mayor atención del mundo, sino también un análisis ponderado y sensato sobre los posibles escenarios luego de la masiva protesta del pueblo chileno contra los abusos de un sistema que lo ha marginado durante 30 años. Pero hay otro tema fundamental que no debemos dejar pasar y es, aunque parezca mentira, otra guerra. Esta vez, contra las niñas sobrevivientes de la masacre ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción en Guatemala, el 8 de marzo de 2017.

Muchos ya conocen la historia; estos «hogares seguros» -administrados por una dependencia de la Presidencia- tienen la misión de proteger y dar cobijo a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la historia es diferente: en el HSVA se comprobó que la situación de las y los internos presentaba un cuadro de abusos, maltrato, violaciones sexuales y precariedad en alimentación, salud, vestuario y condiciones de alojamiento, todo ampliamente investigado y divulgado por la periodista Mariela Castañón desde mucho antes de producirse la tragedia. Esto detonó la protesta de las niñas, la cual desembocó en el encierro ordenado por las altas autoridades y posteriormente el incendio del aula en donde habían pasado toda la noche hacinadas y en una situación de total violación a sus derechos.

En esa aula murieron calcinadas 41 niñas y 15 quedaron con graves quemaduras. Durante los días posteriores surgieron denuncias sobre la dura realidad en la cual se encontraban y, entre ellas, la de la existencia de una red de trata administrada por algunos miembros del personal del hogar. Es importante señalar que Guatemala es un paraíso para las organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas. A diario «desaparecen» niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres adultos con fines de esclavitud sexual y laboral. Para nadie es un secreto que solo se mantiene la impunidad de estas redes gracias a conexiones firmes en altas esferas, en donde los cómplices allanan obstáculos y se benefician del negocio.

Aun cuando este parece ser el escenario extremo de la perversidad, todavía faltaba el detalle para hacer del cuadro una asombrosa muestra de la bajeza humana. Una persona que ha prestado servicios profesionales a la Secretaría contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, Svet, ha presentado una demanda ante la justicia contra las sobrevivientes por los supuestos delitos de «muchedumbre, asesinato, lesiones leves, graves y gravísimas; inducción al abandono, amenazas, hurto agravado, robo agravado, incendio, incendio agravado, atentado, desobediencia, desorden público e instigación a delinquir».

Dado el carácter surrealista de esta demanda contra las verdaderas víctimas de la violencia institucional perpetrada por el Estado de Guatemala contra niñas indefensas, es lógico suponer que se trata de una maniobra para amordazarlas, desacreditarlas y desarticular así cualquier intento de las verdaderas víctimas en la búsqueda de justicia y reparación. Por ello surge la duda de quién o quiénes serán los verdaderos impulsores de tal iniciativa. Cuánto miedo tienen a que se conozca la verdad de lo sucedido entre esos muros. Cuántos personajes poderosos podrían caer al conocerse en detalle las atrocidades cometidas contra niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad acogidos en esos hogares creados para ser seguros, bajo la protección de un Estado que ha demostrado con creces su debilidad moral.

La debilidad moral del Estado se manifiesta en la violencia contra su gente.

(*) Carolina Vásquez Araya es periodista chilena radicada en Guatemala y editora. Ha trabajado en proyectos orientados al desarrollo social, cultural y económico, en especial en el sector de cultura y educación, derechos humanos, justicia, mujeres y niñez.