Organizaciones de derechos humanos, agrupaciones políticas y sociales de Argentina exigen al presidente Alberto Fernández que indulte a la dirigente social Milagro Sala, detenida en la provincia norteña de Jujuy desde hace siete años.

Un colectivo de organizaciones preparan una propuesta de decreto de indulto para presentar al jefe del Estado e insisten en que Fernández está facultado por la Constitución nacional para firmar esa resolución.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carloto, señaló que “si hay alguna salida instamos al Presidente a que la tome, con tal que esta mujer, esta querida amiga, esta patriota, recupere la libertad”.

La dirigente social fue detenida hace siete años en Jujuy, apenas un mes después de que asumieran los gobiernos de derecha de Mauricio Macri, en la presidencia de Argentina, y Gerardo Morales, en la gobernación de Jujuy.

La acusación entonces fue liderar un acampe luego de lo cual su situación procesal se agravó con la acumulación de causas y condenas que constituyeron uno de los casos de persecución política más importantes desde la recuperación de la democracia en Argentina.

El 16 de enero de 2016 más de 20 organizaciones sociales pidieron respuestas al mandatario jujeño sobre el funcionamiento de las cooperativas de trabajo, movilización que derivó en la detención de Sala.

La dirigente social, de la organización Tupac Amaru, fue acusada de «instigación a cometer ilícitos y tumultos», hecho que se investigó y fue elevado a juicio oral en 2019.

La prisión para Sala abrió una sucesión de causas judiciales en la provincia de Jujuy, algunas de las cuales llegaron a juicio oral, donde fue condenada; otras están pendientes de resolución y, en algunas, fue sobreseída.

La presión nacional e internacional logró que Sala continuara su detención de manera domiciliaria, aunque de manera constante sufre el acoso judicial de retomar sus días en una cárcel de la provincia del norte argentino.

Desde su detención, Milagro Sala -que entonces era diputada del Parlamento del Mercosur- recibe muestras de apoyo y solidaridad por parte de organizaciones y personalidades que denuncian el «accionar persecutorio».

La última semana, el presidente Fernández recibió a representantes de organizaciones y pidió a los abogados del grupo que le presenten ideas para determinar cómo él podría intervenir en el asunto, que está bajo jurisdicción de la justicia jujeña.

Tras elaborar algunas alternativas, las organizaciones presentarán propuestas al jefe de Estado en un nuevo encuentro que se espera para los próximos días.

La noticia en audio (voz: Salvatrice Sfilio)

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