Esta semana comenzará la autopsia al cuerpo hallado el 16 de agosto en el sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina, cerca de dónde fue visto por última vez Facundo Astudillo Castro. El joven, que este domingo cumplió 23 años, salió de su casa de la localidad de Pedro Luro el 30 de marzo pasado, once días después de que en Argentina comenzara la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Fue visto por última vez en dos controles policiales sobre la ruta que conduce a la ciudad de Bahía Blanca, donde Facundo tenía su novia. Testigos, fotos y celulares confirman que el joven desaparecido fue interceptado por la policía y que al menos cuatro efectivos fueron quienes lo vieron por última vez.

Cristina, la madre de Facundo, viajará a la Ciudad de Buenos Aires para seguir de cerca la autopsia a los restos óseos que permanecen en los laboratorios del reconocido internacionalmente Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

A la espera de los estudios sobre los restos, la familia sostiene la tesis de que Facundo fue víctima de una acción policial que es ocultada por las autoridades políticas de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Los jefes de la policía dejan trascender ante los medios que el joven fue víctima de un accidente al caer desde un puente a un río, en la zona donde se halló el cuerpo que ahora se analiza.

Según los abogados de la familia, el fiscal federal de la ciudad de Bahía Blanca a cargo de la causa, Santiago Ulpiano Martínez, remitió a la Procuración 32 DVDs con «conversaciones de los teléfonos peritados» de los cuatro policías bonaerenses mencionados en el expediente y separados tardíamente de sus cargos, mientras dure la investigación.

Mario Gabriel Sosa, Jana Curuhinca, Alberto González y Xiomara Flores, todos ellos efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, están siendo investigados aunque no son imputados ni sospechosos de ningún cargo. La familia de Facundo insiste en que varios teléfonos celulares contienen conversaciones que pertenecen a efectivos de las dependencias de las localidades de Mayor Buratovich y Teniente Origone que estuvieron con Facundo.

Los abogados pidieron a la justicia que revise el pedido de allanamiento al destacamento de Origone que ya fue denegado en primera instancia. En ese destacamento, durante un procedimiento de fuerzas federales se halló un objeto en forma de sandía que, según la mamá de Facundo, pertenecía a su hijo. La justicia consideró que no eran necesarias pruebas sobre este elemento o sobre el sitio en el que se lo encontró.

Hasta aquí un cuadro de situación, muy abreviado, de un caso extremadamente grave como es la desaparición de una persona sin que se conozcan datos certeros desde el 30 de marzo (en una semana se cumplirán cinco meses).

Nadie está en condiciones de acusar, mucho menos de condenar, a personas que pudieran tener responsabilidad sobre la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Pero en la marcha cotidiana del caso nos topamos con instituciones que, aunque parezca una paradoja, parecen comportarse por fuera de esa institucionalidad.

Con “estar fuera de la institucionalidad” me refiero a constituir una corporación, una cofradía, en la que sólo entran los que son garantes de que nada va a cambiar en su funcionamiento. Entonces la información oficial es escasa, se producen declaraciones contradictorias y a través de fuentes extraoficiales a diferentes medios, se humilla a los familiares de las víctimas y se mansilla el nombre de la persona a la que hay que defender.

Así, el problema no es que una persona desapareció y los familiares que la buscan sino las características que tenía la víctima. Dejando el caso de Facundo por un instante, la misma reacción ya se vio en otros casos: que era mochilero, que violó la cuarentena, que miró mal a un policía, que no estudiaba, que consumía drogas, que se peleó con su novia, y todo lo que sume para desviar la atención del hecho central.

Mientras se esperan los peritajes y la Justicia muestra alguna línea de investigación, no se puede naturalizar la desaparición de una persona. Hay datos objetivos: en la provincia de Buenos Aires no se establecieron los protocolos por la desaparición de Facundo. Tampoco se garantizó lo más elemental que es la preservación de pruebas o indicios o elementos que, eventualmente, puedan servir a la investigación. Entonces hubo tiempo de borrar celulares, de que los sospechados hablen entre ellos y hasta que desactiven sus whatsapp.

No hay certezas del grado de responsabilidad de los policías en la desaparición de Facundo, pero tampoco hay certezas de que se esté llevando a cabo una investigación minuciosa. Y mucha menos certeza hay de que el caso tenga un vocero oficial: no hay comunicados oficiales periódicos de la policía ni de los funcionarios políticos en los que se informe sobre la marcha de los acontecimientos.

Entonces queda una zona liberada, en términos del derecho al acceso a la información, una especie de silencio sepulcral, en el que hacen sus juegos policías, abogados, responsables de la investigación, funcionarios políticos y periodistas (todo esto sucedió en el caso de Facundo). Lejos de ese enjambre siniestro, esperan la víctima, sus familiares y quienes exigimos conocer la verdad y que haya justicia.

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