Argumentos centrales

1. La Asamblea Nacional se auto-inhabilitó para ejercer sus funciones al desacatar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia  (TSJ) y al cometer sistemáticamente ilícitos constitucionales y delitos penales. El país no cuenta con un parlamento que legisle porque la mayoría opositora así lo decidió.
2. El Estado no puede detenerse porque un grupo pretenda dar golpes continuos a la Constitución. Por eso el TSJ, cumpliendo su función de resguardar el orden constitucional, ha establecido los lineamientos de corrección ante la persistente omisión legislativa (la AN dejó de hacer leyes), conforme lo establece claramente el artículo 336 de la Constitución, numeral 7.
3. El TSJ está asumiendo que la ausencia de un parlamento en funciones atenta contra el orden constitucional, contra la paz y la estabilidad en un momento de graves amenazas internas y externas que requieren medidas jurídicas urgentes.
4. Por eso, con fundamento en la Constitución y en el marco del Estado de Excepción, el TSJ debe garantizar el cumplimiento de las funciones parlamentarias mediante otros órganos, para hacer efectiva la protección del Estado y la Nación, en vista de que la oposición no ha rectificado el desacato y persiste en cometer graves ilícitos constitucionales.
5. El TSJ lo que esta decidiendo es proteger al país de no tener un parlamento. Proteger al país de los continuos intentos de golpe que se pretenden dar desde la AN. Proteger al país de un poder inconstitucional que solicita una intervención extranjera ante potencias hostiles. Proteger al país del plan de la derecha nacional e internacional de poner en saque al pueblo y a las instituciones de la República.
6. El TSJ es el último intérprete de la Constitución. La situación presentada, aunque históricamente inédita, tiene su solución en los principios constitucionales que conforman el Estado Democrático y Social, de Derecho  y de Justicia, cuya interpretación corresponde siempre en este y en cualquier país, a los tribunales constitucionales.
7. Las decisiones del TSJ garantizan del funcionamiento del Estado, en vista de que las actuaciones inconstitucionales de la AN hacen peligrar el funcionamiento del mismo y por ende las garantías ciudadanas que este protege en su actuación. El TSJ es el garante último de los derechos ciudadanos, por lo cual está obligado a preservar en toda circunstancia la primacía de dichos derechos.
8. La denuncia que hace la derecha de un supuesto “golpe” o “autogolpe” en Venezuela, es parte de la misma estrategia de legitimación de una intervención extranjera en nuestra Patria.
9. Golpe de Estado es lo que la derecha intenta cometer continuamente cuando desacata las decisiones del TSJ, cuando promueve la intervención extranjera, cuando pretende activar mecanismos inconstitucionales para derrocar al gobierno legítimo y democráticamente electo por el pueblo, cuando pretende destituir a las autoridades de los demás poderes públicos sin fundamento jurídico alguno, cuando planifica y ejecuta actos terroristas, cuando forma parte de las acciones de desestabilización y guerra económica que impactan negativamente sobre la vida del pueblo y la estabilidad nacional.
10. En Venezuela vivimos una democracia vigorosa, sólida, permanente. Nuestro pueblo toma decisiones locales, regionales y nacionales todos los días a través de los diversos mecanismos que prevé la democracia protagónica. Atravesamos por dificultades económicas desarrolladas por enemigos del pueblo y nuestro gobierno está plenamente entregado a superarlas junto al pueblo. Los derechos humanos son el centro del quehacer de las instituciones del Estado venezolano. Al fortalecimiento, profundización y universalización de estos derechos se destinan grandes esfuerzos y recursos, mediante programas y políticas de inclusión, protección y desarrollo social y económico.
11. Venezuela no le debe nada a ningún poder imperial. El pueblo y su gobierno revolucionario no le debe nada a ninguna derecha entreguista. Más bien, la derecha y el imperio tienen una deuda impagable con los pueblos porque de sus continuos ataques nos deben siglos de dignidad, desarrollo y soberanía.
12. Venezuela es irrevocablemente libre, independiente y soberana. Sus instituciones republicanas funcionan al servicio del pueblo. Este patrimonio de todas y todos los venezolanos, estamos llamados a protegerlo y expandirlo porque es el bien más sagrado que hemos conquistado en dos siglos de vida como República. Ningún poder imperial, ningún chantaje de los poderes hegemónicos de siempre nos arrebatará a nuestra Patria. El pueblo siempre vencerá.

La Sala Constitucional para tomar ambas decisiones se fundamentó en el expediente de desacato en el cual ha incurrido la Asamblea Nacional, la cual de manera reiterada ha incurrido en el desconocimiento de las decisiones judiciales emanadas del Tribunal Supremo de Justicia, asumiendo una conducta contumaz y de rebeldía que ha viciado de nulidad todas sus actuaciones, circunstancia que ha puesto al Parlamento en una situación al margen del Estado de Derecho que le impide cumplir con sus funciones, lo cual ha generado que la misma se encuentre en un estado de Omisión Inconstitucional Parlamentaria.