Gobierno uruguayo ante una disyuntiva fundamental

El Poder Ejecutivo cerró antes de tiempo la negociación presupuestaria, con leve aumento del gasto. La maniobra generó un rechazo activo del movimiento sindical y el sector educativo. 

En un hecho inédito, el gobierno uruguayo viene elaborando su presupuesto de inversiones, gastos y retribuciones personales por etapas. La primera propuesta presentada al Congreso se circunscribió a 2016-2017, dos de los cinco años que dura el mandato presidencial. Esta vez la propuesta fue todavía más acotada: tan sólo para 2018.
La decisión política, anclada en el Ministerio de Economía y Finanzas, provocó la movilización constante de las organizaciones que tienen alguna relación con la distribución de recursos. Es el caso de la central única de trabajadores, Pit-Cnt, sus sindicatos afiliados, gremios de la vivienda y educación, entre otros.
El telón de fondo de esta nueva metodología presupuestal descansa en los vaivenes de la economía mundial y los avatares políticos de la región, donde las derechas han cobrado impulso y ponen en cuestionamiento la gestión de los llamados “gobiernos progresistas”.

Cal y arena
También hay factores endógenos. El rezago en múltiples sectores, como infraestructura, educación y lucha contra la pobreza, demanda decisiones y asignación de recursos. Los sucesivos gobiernos del Frente Amplio (FA) han optado por cambios que no cuestionan el modelo hegemónico vigente.
Dentro de ese marco, la conducción del FA puede mostrar la instalación de condiciones extremadamente favorables para la llegada de capitales extranjeros, mejora en varios indicadores, recuperación de las negociaciones colectivas entre trabajadores y patrones, cambio en la matriz energética -muy funcional a los inversionistas- e incremento de recursos en políticas sociales, entre otras cosas.
En cuanto a la matriz energética, la potencia eólica trepa a los 1.300 megavatios. Hay 44 parques instalados, siete de ellos propiedad del ente energético estatal, UTE. Pero curiosamente, tal abundancia no permite bajar las tarifas a los usuarios residenciales, como reclama el sindicato del sector en base a estudios realizados.
El gobierno de Tabaré Vázquez ha decidido que el enorme rezago en la infraestructura existente se mitigue con recursos presupuestales y “extra-presupuestales”, es decir, mediante endeudamiento externo. El Banco Mundial otorgará un préstamo por 70 millones de dólares para volcar en el mejoramiento de la infraestructura vial.
A este rezago se le suman las mutaciones climáticas que golpean poblaciones, servicios e infraestructuras inadecuadas. Una de las presiones para la mejora de infraestructura surge del posible desembarco –a orillas del Río Negro– de la tercer planta pastera, con exoneraciones impositivas diversas.
En las políticas sociales los desafíos todavía son enormes. Un reciente estudio del Instituto de la Juventud del Ministerio de Desarrollo es elocuente: hay un 17% de jóvenes que no trabaja ni estudia. A esto se suma la creciente violencia social, con 10 mil personas presas y aumento del presupuesto del Ministerio del Interior.

Cuestión de cifras
Los números de la Rendición de Cuentas presentada por el Gobierno para su debate en el Parlamento Nacional, donde el oficialismo perdió la mayoría (voto 50) en la Cámara Baja, generaron grandes debates. El Poder Ejecutivo quiere lograr dos objetivos simultáneos: frenar el déficit fiscal, que llega al 3.5% del PIB, y honrar los compromisos asumidos con distintos sectores.
“Tenemos un problema fiscal absolutamente claro. Es nuestro principal motivo de preocupación”, afirmó el ministro de Economía, Danilo Astori. La meta es culminar el mandato en 2020 con un déficit equivalente al 2,5% del PIB.
No obstante, en conocimiento del repunte en la economía nacional, Astori aclaró: “No podemos confiar en que este crecimiento que estamos consolidando simplemente se mantenga sin una acción deliberada en materia de políticas públicas”. Y advirtió: “(Esta) es una rendición muy cautelosa”.
Los datos señalan que la economía uruguaya creció, entre enero y marzo, un 4,3% tironeada por las actividades de transporte, comunicaciones y comercio. Luego de conocerse estos números, diversos economistas aseguraron que el crecimiento anual será superior al proyectado. Sin embargo, al igual que Astori, los analistas bajan la línea de que hay poco margen fiscal para hacer incrementos y atender las demandas sociales.

Invierno caliente
Tras reunirse con los legisladores frenteamplistas, el ministro de Economía manifestó que se incrementará el presupuesto para 2018 en 172 millones de dólares. En la presentación hizo el desglose de la cifra: 100 millones fueron diferidos del año pasado, 10 millones son para cumplir la primera cuota del acuerdo alcanzado con funcionarios judiciales y 62 millones para la educación. Para este último sector también serán destinados 46 de los 100 millones diferidos, por lo que el aumento será de 108 millones.
El Gobierno tiene el compromiso de llegar al 6% del PIB para la educación –más 1% para la investigación– aunque con los recursos propuestos sólo llegarán al 5%. Sin embargo, hay controversia porque el Poder Ejecutivo suma actividades no imputables tradicionalmente al sistema educativo como parte de la inversión para el sector, entre ellas la formación militar, policial y distintas tareas de organismos de la infancia.
A su favor, y en resguardo de los equilibrios fiscales, el Gobierno señala que el sistema previsional requiere más recursos, al igual que el sistema de retiro de los militares, que se resisten a abandonar privilegios pergeñados durante la dictadura cívico-militar.
Este aumento del gasto se compensará con la implantación de un impuesto a los juegos de azar y el ajuste de la tasa consular, gravamen que alcanza solamente a los bienes de consumo. Según se informó, la tasa será “provisoria”. “Tiene un impacto moderado”, expresó el ministro de Economía frente a las voces que claman “no más impuestos”, pese a que algunos sectores tienen capacidad de sobra para contribuir más a las finanzas públicas.
Según trascendió, el diputado Eduardo Rubio de Unidad Popular (UP) aportará el voto 50, necesario para lograr la mayoría legislativa que permita aprobar las fuentes de financiación de los incrementos.
La Fucvam, organización vinculada a la vivienda y hábitat, y la propia central de trabajadores Pit-Cnt están movilizadas. La fuerza y dinámica necesarias para ejercer presión las ponen en buena medida los trabajadores públicos y los gremios de la enseñanza. Entre los hechos que incrementaron el descontento dentro del sector educativo sobresalió la noticia de que una movilización de estudiantes de secundaria fue, a la vieja usanza, filmada por los servicios de inteligencia.

Balances
Los trabajadores organizados en sus respectivos colectivos pugnarán por acceder a una mayor porción de los recursos puestos en la Rendición de Cuentas, hija de una lógica que no quiere extraerlos del capital.
El devenir del debate dará pistas sobre si el gobierno del FA, tras 12 años al mando del Poder Ejecutivo, logra volver a entusiasmar a la población y recomponer vínculos con su base social: sindicatos, cooperativas y sectores pobres y medios.
En paralelo a la discusión presupuestaria, el gobierno afronta otros desafíos. Entre los temas principales destacan la reforma de la llamada “caja militar”, el plan de mitigación de los cambios climáticos, la seguridad pública, la necesidad de reducir el núcleo duro de pobreza, la creación de la Universidad de la Educación (ver recuadro), y otros. En definitiva, el Frente Amplio necesita reasumir la iniciativa política.

Desde Montevideo,
Darío Rodríguez Techera

Universidad de la Educación

En materia de educación pública superior, Uruguay cuenta con la centenaria universidad de la República (Udelar) -responsable del 80 % de la investigación científica que realiza el país en variadas disciplinas- y la recientemente creada Universidad Tecnológica (Utec). Ahora el objetivo es retomar la creación de la Universidad de la Educación, instrumento para fortalecer la formación de los educadores.
Esta iniciativa se puso a consideración en el anterior período de gobierno, durante la presidencia de José Mujica. Pero la oposición rechazó la forma cogobernada de gestión y tumbó la propuesta.
Una de las grandes deudas de los gobiernos del Frente Amplio (FA) es no haber podido resolver los problemas de funcionamiento del sistema educativo. Desde que tomó el poder, la fuerza política aprobó una nueva Ley de Educación, aumentó recursos y creó la Utec, pero no ha podido cambiar “el ADN del sistema educativo”, según las propias palabras del presidente Tabaré Vázquez. La ley, por ejemplo, previó la existencia de un congreso educativo. Si bien éste ya ha entrado en funciones, los distintos actores se quejan de que el gobierno prescinde de sus recomendaciones.
En este cuadro, la Universidad de la Educación, en caso de prosperar, puede ser un instrumento que contribuya a mejorar la formación profesional.