Bolivia: Ánez hace silencio en causa por el golpe de Estado
Jeanine Áñez, quien ejerció de facto la presidecia de Bolivia tras el derrocamiento de Evo Morales, habló de «pacificación» al presentarse ante el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, en la causa denominada Golpe de Estado II, aunque rechazó responder preguntas.
Áñez es juzgada por la vía ordinaria por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
Señaló que “no movió un dedo para llegar a la presidencia”, en su primera declaración inicial durante la audiencia presencial del caso, abierto en su condición de exsenadora por presunto incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución para acceder a la primera magistratura del Estado.
Antes de negarse a responder a las preguntas del Tribunal, que instaló la audiencia en el penal femenino de Miraflores, donde está recluida, aclaró que asumió el mando de la nación como medio para “pacificar el país”.
Áñez se acogió a su derecho de guardar silencio ante la solicitud del Tribunal que se trasladó hasta el penal de Miraflores para la toma de la declaración.
Al inicio de la audiencia, la exlegisladora manifestó que estaba dispuesta; sin embargo, tras su declaración inicial, donde se declaró “indefensa”, decidió acogerse a su derecho al silencio.
El presidente del Tribunal, Germán Ramos, señaló que “el tribunal le ha explicado que debe absolver algunas dudas o preguntas respecto a lo que la misma ha vertido en esta audiencia; a este hecho, ha manifestado de forma clara que no iba a prestar (su declaración) acogiéndose a normas constitucionales».
Áñez recibió atención médica de especialistas del centro penitenciario, quienes afirmaron que se encontraba en condiciones para continuar con el juicio; sin embargo, la acusada decidió guardar silencio.
Afuera del centro penitenciario, decenas de personas, con pancartas y estribillos, le recordaron que durante los días de “pacificación”, fueron «aplastadas con bala» las movilizaciones en Senkata, Sacaba, Betanzos, Pedregal y Yapacaní, con muertos, heridos y detenciones ilegales.
“El juicio se ha ido atrasando por las ‘mañuderias’ de esta señora golpista. En apoyo a personas masacradas, estamos aquí exigiendo justicia y no vamos a permitir impunidad”, indicó uno de los manifestantes a Bolivia TV.
“30 años de cárcel para la golpista”, “justicia” se leía en los letreros de los manifestantes, mientras todo el perímetro de la cárcel fue resguardado por efectivos policiales por mandato de las autoridades jurisdiccionales.
Decreto de la muerte
El 12 de noviembre de 2019, un militar de alto rango, William Kaliman, hoy prófugo de la justicia, le imponía la banda presidencial a Jeanine Áñez, recordó la Agencia Boliviana de Información (ABI).
“Mi compromiso es devolver la democracia y tranquilidad al país”. Esas fueron las promesas de Áñez, con la Biblia en la mano, minutos después de asumir el mando de la nación sin que la Asamblea Legislativa aprobara antes la renuncia del presidente y vicepresidente del país, Evo Morales y Álvaro García, un paso que exige la Constitución.
Ultra religiosa, cada mañana que llegaba a su despacho en Palacio Quemado, reunía a su círculo de colaboradores más cercanos e invocaba a Dios en sus oraciones, recordó ABI.
El 15 de noviembre cumplió ese mismo ritual y minutos después recibía aliviada el Decreto Supremo 4078. El artículo 3 de esa norma, conocido ahora como el “decreto de la muerte”, estimulaba la represión violenta (foto).
“El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”, señalaba la norma.
En el primer día las intervenciones militares destinadas a “pacificar”, murieron 11 civiles y otros 120 resultaron heridos en Sacaba, Cochabamba.
El 19 de noviembre, en Senkata, El Alto, hubo otros 11 civiles fallecidos y 78 heridos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó estos acontecimientos como masacres.
Tras esos disturbios, se conoció el decreto aprobado por el Ejecutivo y le llovieron críticas internacionales. Al revocar la medida, Áñez dijo que se había logrado la “pacificación”.
En 10 días de vigencia, la exención de responsabilidad penal para las Fuerzas Armadas dejó 38 muertos y decenas de heridos.
La noticia en audio (voz: Salvatrice Sfilio)
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