Bolivia: condenan a exjefes militares por golpe de Estado
El Tribunal de Sentencia Anticorrupción 1º de La Paz sentenció a tres años de cárcel a los tres comandantes de las Fuerzas Armadas Bolivianas al momento del golpe de Estado contra Evo Morales, en noviembre de 2019.
La sentencia judicial fue emitida luego de que los exjefes militares solicitaron un juicio abreviado, es decir admitieron su culpabilidad sobre los hechos ocurridos durante el golpe.
Palmiro Gonzalo Jarjury Rada, excomandante general de la Armada Boliviana y Jorge Gonzalo Terceros Lara, ex comandante general de la Fuerza Aérea, fueron condenados por los delitos de Resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes e Incumplimiento de Deberes en grado de complicidad.
Según la imputación fiscal, Terceros Lara facilitó el traslado de diputados y senadores de la oposición para la eventual instalación de las sesiones de la Asamblea Legislativa con el objetivo de promover la sucesión de Jeanine Áñez, quien luego sería presidenta de facto.
También se le atribuyó avalar la “ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios a la supuesta presidenta”, en referencia a Áñez, cabeza visible del golpe cívico-militar contra Morales.
Jarjury Rada fue imputado por también permitir la imposición de símbolos patrios a Áñez, la noche del 12 de noviembre, y de incumplir con el mandato de garantizar el ejercicio de un presidente electo, es decir de Evo Morales.
También están acusados Williams Kaliman, excomandante de las Fuerzas Armadas; Flavio Gustavo Arce, exjefe del Estado Mayor; Pastor Mendieta, excomandante del Ejército; además del excomandante de la Policía Yuri Calderón. Kaliman y Calderón están prófugos.
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció que el Alto Mando Militar, donde estaban Terceros y Jarjuri, dieron un ultimátum al entonces presidente Evo Morales para que renuncie a su cargo.
El GIE determinó que la “sugerencia” de las FFAA y la Policía para que Evo Morales renuncie, se trató de un ultimátum que debilitó el respeto a la Constitución.
“Las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes, especialmente en tema tan delicado como la renuncia a funciones públicas, pues sus comandantes, más allá de no tener legitimidad para tales actos, contribuyen a debilitar el respeto a la norma constitucional que define al poder civil como superior a las corporaciones que esos jefes lideran”, indica el documento del GIEI.
La noticia en audio (voz: Salvatrice Sfilio)
