Bolivia: denuncian a dictadura por delitos de lesa humanidad
La Defensoría del Pueblo concluyó un informe sobre el régimen de facto que se instaló tras el golpe de estado.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia concluyó que el régimen de facto que se instaló en el país tras el golpe de estado contra Evo Morales cometió «asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil» y adelantó que presentará su denuncia ante organismos internacionales.
El informe se centró en los hechos registrados después de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, cuando la extrema derecha salió a las calles de manera violenta para denunciar fraude y generar el clima social y político propicio para forzar la renuncia de Morales.
El trabajo concluyó que se registraron “asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil, bajo conocimiento, órdenes e instrucciones” dictadas bajo la actual administración gubernamental de facto, y en actos de tortura por parte de la Policía Boliviana.
El informe, denominado “Crisis de Estado Violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre 2019”, fue presentado por la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, describe y muestra la vulneración de derechos y los hechos violentos.
Allí menciona las situaciones en que se produjeron 37 muertes, 27 de éstas durante la intervención conjunta de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas en Sacaba, Senkata y en barrios de la zona sur de La Paz.
Concluye, además, que casi 10 meses después de lo ocurrido no existe, ni existió, un proceso de pacificación real en el país, que a pesar del cese de las movilizaciones sociales y bloqueos de caminos.
LA NOTICIA EN AUDIO (Voz: Salvatrice Sfilio)
NI PAZ NI ARMONÍA, MASACRES
Agrega que la paz y la armonía en el país no se restablecerán debido a la persecución a ultranza de opositores políticos; la violación sistemática de derechos humanos y el manto de impunidad sobre éstas.
El informe señala que las 20 muertes en Sacaba y Senkata, durante las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, se constituyen en masacres.
Argumenta que allí se cometió «el delito de asesinato de forma sistemática en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno Transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad”.
También menciona como delitos de lesa humanidad otros siete fallecimientos, dos ocurridos en el norte integrado de Santa Cruz; uno en el municipio de Betanzos; otro en Sacaba el 11 de noviembre, tres en las zonas de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa en La Paz, durante la intervención de las fuerzas policiales y personas particulares.
En cuanto a las otras diez muertes suscitadas en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, entre ellas de dos efectivos policiales y un trabajador de la prensa, según el informe, son “hechos de asesinato, homicidio u otras afectaciones al derecho a la vida, provocadas por personas particulares ante omisiones de brindar seguridad por la Policía Boliviana”.
La Defensoría del Pueblo considera que «era necesario el uso de la fuerza por parte de la Policía Boliviana para restablecer el orden» pero «se le cuestiona el haber cometido actos de tortura durante la custodia de las personas detenidas el 11 de noviembre de 2019».
Señala que se trata de «hechos en los cuales se evidencia la existencia de elementos que pudieran configurar el delito de asesinato bajo las características de lesa humanidad, tortura, uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y otras violaciones de los derechos a la vida, integridad personal, libertad e igualdad y no discriminación”.
También se observa que las personas detenidas en El Alto el 11 de noviembre de 2019, fueron presentadas públicamente por la Policía como autores de los hechos delictivos ocurridos esa fecha, sin que hayan sido juzgadas y condenadas en el marco del debido proceso, vulnerando su derecho a la presunción de inocencia en su dimensión de regla de trato.
En el conflicto poselectoral, el informe concluye que existió coacción directa, restricción de circulación, afectación a instrumentos de trabajo y bienes personales, humillación y hechos de discriminación, retención arbitraria, amenazas a la seguridad personal y vida de las y los trabajadores de la prensa e incluso de sus familiares y que vulneraron su derecho de ser protegidos por el Estado.
La afectación a los derechos de las y los trabajadores de la prensa, sumada a la suspensión de la transmisión habitual de medios de comunicación como BoliviaTv, Abya Yala, UNITEL, Radio Patria Nueva, Radio Comunidad, entre otros, así como la suspensión de la impresión de varios periódicos como La Razón, Página Siete, Opinión y Los Tiempos por la falta de protección estatal, vulneró el derecho a la libertad de expresión, información y comunicación.
Concluye mencionando que los hallazgos durante la elaboración del informe coinciden con los informes emitidos por instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Clínica de Derechos Humanos de Harvard.
Señala que «este informe será puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la institución defensorial espera que el próximo Gobierno elegido por voto popular a la Presidencia del Estado Plurinacional, impulse las investigaciones hasta esclarecer los hechos, establecer las responsabilidades y sancionar a los responsables».
Informe completo aquí
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