Bolivia: más pruebas contra la dictadura por las matanzas
En momentos donde la derecha continental busca crear la idea de que el Gobierno de Bolivia viola los derechos que le asisten a los detenidos jefes de la última dictadura, se suman nuevas pruebas sobre la responsabilidad que les cabe en las matanzas y otros delitos cometidos durante el régimen de facto.
Las masacres de la destilería de Senkata y Sacaba fueron las más cruentas, pero no las únicas, de la policía y los militares a las órdenes de la dictadura que asoló el país entre noviembre de 2019 y octubre de 2020.
El informe oficial del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) determinó esta semana que todas las víctimas de Senkata y Sacaba, murieron por impactos de bala.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, remarcó que existen “informes contundentes» en este sentido y adelantó que pedirá al IDIF que presenten “de manera detallada y científica todo el trabajo de esta investigación pericial”.
En Sacaba el 15 de noviembre de 2019 y en Senkata el 19, manifestantes que defendían el triunfo de Morales en las elecciones presidenciales fueron atacados con policías y militares.
En septiembre de 2020, la Defensoría del Pueblo de Bolivia concluyó que el régimen cometió «asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil» y adelantó que presentaría su denuncia ante organismos internacionales.
Antes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de “masacres” a ambos hechos, por lo que son investigadas las autoridades que asumieron después del golpe, encabezadas por la dictadora Jeanine Áñez.
Tras las masacres, el gobierno de facto reprimió una manifestación masiva y pacífica en la que marchaban también familiares con los ataúdes de las víctimas, una imagen que dio la vuelta al mundo por su crueldad (foto de portada).
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