Lula acorralado por el aparato judicial

Un Congreso corrupto eligió al Presidente y un puñado de jueces decide los candidatos para octubre. Lula está al borde de la inhabilitación mientras Temer ofrece al mundo el patrimonio público.

La democracia burguesa tambalea en el mayor país de América Latina. En las elecciones de 2014 los brasileños votaron por la reelección de Dilma Rousseff, quien no pudo siquiera cumplir la mitad de su mandato de cuatro años. La reemplazó Michel Temer, que comenzó este año con una aprobación de apenas 6% de la población.
Cuatro años después de aquella elección, las últimas encuestas publicadas coinciden en afirmar que si hoy hubiera comicios presidenciales Lula sería el candidato más votado, con números cercanos al 35% en primera vuelta, y le ganaría el balotaje a cualquiera de sus posibles adversarios. Pero la condena judicial en su contra, ratificada por unanimidad en segunda instancia el 24 de enero, reduce al mínimo sus posibilidades de candidatearse.
En 2016 un conjunto de congresistas –muchos de ellos denunciados por corrupción– destituyó a Rousseff con un argumento irrisorio, y entre 2017 y 2018 cuatro jueces dejaron al borde de la inhabilitación electoral al candidato con mayor apoyo en la población. La voluntad de millones fue revertida en el primer caso y todo indica que será bloqueada nuevamente en pocos meses.
Con este antecedente y tras exponerse una inmensa trama de corrupción que atraviesa al conjunto de los partidos políticos y a grandes empresas del país, los brasileños irán a las urnas en seis meses. Fuera de la figura de Lula, que despierta esperanzas y rechazos en grandes proporciones, los restantes aspirantes presidenciales son ignorados o directamente repudiados por las grandes mayorías.

Dura condena
El Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4) ratificó en Porto Alegre la sentencia contra Lula por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, que a mediados de 2017 había decidido el juez de Curitiba Sérgio Moro, cabeza visible de la gigantesca investigación denominada Lava Jato. El pronunciamiento en segunda instancia provocó incluso el aumento de la pena a prisión del ex presidente, que pasó de nueve años y medio a 12 años y un mes de cárcel, aunque no será cumplida hasta que no se agoten los recursos de apelación de la defensa.
Los tres miembros del tribunal votaron por unanimidad la ratificación y el agravamiento de la sentencia contra Lula, acusado de recibir un apartamento tríplex en la ciudad costera de Guarujá (Estado San Pablo) como soborno por parte de la constructora OAS. Los jueces fueron incluso más allá y argumentaron que Lula habría garantizado, por acción u omisión, el desarrollo de una organización criminal en torno a la estatal Petrobras para su beneficio político.
Elocuente fue la celebración de los capitales financieros, que dieron el mayor aumento diario a la bolsa de valores brasileña en más de 12 meses. Su veredicto fue claro: no quieren otro gobierno de Lula y el Partido de los Trabajadores (PT).
Sin embargo, la posibilidad de que el ex presidente pueda presentarse como candidato presidencial en octubre todavía no está cerrada y, aunque las chances de que le permitan hacerlo son muy pocas, aún quedan caminos por recorrer en los tribunales judiciales para el líder petista y el Partido, donde ya se promueven candidatos alternativos.
Al margen de lo electoral, no es menos cierto que si los recursos de la defensa del ex presidente se agotan y no logran modificar la sentencia, Lula, de 72 años, deberá afrontar la condena a 12 años de cárcel impuesta por el tribunal.

Reacciones
Horas antes del pronunciamiento judicial en Porto Alegre, Lula se mostró calmo, reafirmó públicamente su inocencia y declaró que lo que le está sucediendo “es muy poco comparado a lo que están haciendo con millones de brasileños que no entendieron la reforma laboral y van a ser masacrados, al igual que ocurrirá con la reforma previsional”. Y arengó: “Sólo el día que muera voy a parar de luchar por la democracia”.
Formalmente, el PT comunicó que no habrá rendición “ante la injusticia” y advirtió que no aceptará “pasivamente que la democracia y la voluntad de la mayoría sean una vez más irrespetadas”. La lucha continuará en todas las instancias judiciales y en las calles, asegura el comunicado y ratifica que el 15 de agosto el Partido inscribirá a Lula como candidato presidencial ante el ente electoral. “Los partidos de izquierda, los movimientos sociales, los demócratas de Brasil, estamos más unidos que nunca, fortalecidos por las jornadas de lucha que movilizaron multitudes en los últimos meses”, construyeron.
El Frente Brasil Popular, en su momento edificado por el PT, hizo un pronunciamiento propio, mediante el cual denunció que “quitar al pueblo brasileño el derecho de escoger su candidato a presidente en elecciones libres e impedir su participación en la definición de los rumbos del país son condiciones necesarias para imponer el programa de restricción de derechos a los trabajadores, destrucción del Estado social, entrega de nuestros recursos naturales y sumisión al imperialismo de Estados Unidos”.
Quedará para otro momento –o no– la evaluación sobre los motivos, alianzas, política económica y programa que permitieron que Brasil llegara a la actual situación, luego de cuatro victorias electorales del PT. Quienes gobiernan hoy fueron aliados del partido de Lula por más de 12 años.
El saldo más positivo para el conjunto de las organizaciones que se movilizaron fue la cohesión demostrada a la hora de defender en las calles el derecho de Lula a ser candidato y la unidad alcanzada. La movilización contra el impeachment había tenido mucho menor alcance.

En oferta
El mismo día que Lula fue juzgado, un Michel Temer exultante se presentó en la reunión anual del Foro Económico Mundial para afirmar que “Brasil ha vuelto” y aseguró que el país emergió de “la recesión económica más severa jamás vivida”. La cifra oficial sobre la que se apoyan estos dichos es un exiguo crecimiento acumulado de 1,06% del PIB en los primeros 11 meses de 2017, en comparación con el mismo período de 2016.
Si se tiene en cuenta que la economía brasileña se derrumbó un 3,5% en 2015 y un 3,6% en 2016, la machacada “recuperación” es poco significativa. Más aún si se toman en consideración los 12,6 millones de brasileños desocupados (12%) y los 27 millones de subocupados, cifra que podría aumentar tras la flexibilización del trabajo aprobada el año pasado en el Congreso. La nueva legislación permite los contratos por hora, las tercerizaciones y otras formas de precarización laboral, a la vez que facilita los despidos y dificulta los litigios judiciales de los trabajadores.
La presentación de Temer en Davos tuvo en realidad otro fin mayor: ofrecer el patrimonio estatal a los capitales extranjeros, en el marco de un amplio plan de privatizaciones que contempla 75 proyectos. Prácticamente todas las áreas de infraestructura pública están en venta, comenzando por la empresa del sector eléctrico, Eletrobras, y sus subsidiarias. El Estado sólo retendrá una parte menor de la compañía. Por el paquete eléctrico nacional, el gobierno no electo aspira recaudar 12.200 millones de reales (unos 3.800 millones de dólares), para lo cual necesita el apoyo del Congreso y la justicia.
Vinculado con las privatizaciones y la campaña electoral de octubre, el Gobierno lanzó en noviembre pasado el Proyecto Avanzar, con inversiones proyectadas de 130 mil millones de reales (poco más de 40.600 millones de dólares) para todo el año, en un total de 7.439 proyectos. El plan incluye obras que ya se están realizando y otras que quedaron paradas por la crisis económica. Las áreas enumeradas son: petróleo y gas, infraestructura, vivienda, energía eléctrica, defensa, saneamiento y movilidad urbana.
En realidad, varios de estos proyectos ya formaban parte del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) de los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, como las obras del ferrocarril Norte-Sur; el dragado del puerto de Paranaguá, la línea 2 del metro de Salvador de Bahía; la urbanización de Vila do Mar, en Fortaleza; y obras en el puerto de San Pablo.
Con este plan, Temer pidió inversiones en Davos y ofreció concesiones y privatizaciones de aeropuertos, puertos, ferrocarriles, carreteras, líneas de transmisión eléctrica y otras infraestructuras, así como licitaciones de exploración y producción petrolera. “Brasil es más próspero y abierto” y ofrece “más oportunidades para inversiones, negocios y comercio”, anunció el presidente no electo desde Suiza. “Invitamos a todos a formar parte de este momento de nuestra historia. Inviertan en Brasil, no se arrepentirán”, agregó al cierre de su intervención tras poner en venta el grueso del patrimonio público.