Otro miembro de la Unión Europea quedó atravesado por una grave crisis política interna tras la destitución del primer ministro Sorin Grindeanu este miércoles. La moción de censura fue presentada y votada por su propio partido, el socialdemócrata PSD, que gobierna en alianza con el liberal Alde.

La votación conjunta de las dos cámaras legislativas de Rumania logró aprobar la censura del primer ministro con 241 votos, apenas ocho más que los necesarios. Hubo 10 votos en contra, mientras que el conjunto de las fuerzas de derecha decidió abstenerse.

El principal impulsor de la destitución fue el propio líder del PSD, Liviu Dragnea, que antes de la votación declaró: “Queremos detener a un gobierno que no ha respetado el programa y las promesas de la campaña”. A solo seis meses de las elecciones legislativas de diciembre, en las que el PSD triunfó con el 45,5% de los votos, Dragnea afirmó que “dejar que las cosas sigan de la misma forma nos habría llevado al fracaso”. “Ha fracasado el intento de un grupo de ciudadanos, políticos y empresarios de tomar por la fuerza el Gobierno”, agregó.

Por su parte, el primer ministro destituido calificó de “incomprensible” la decisión parlamentaria y aseguró que “existe el riesgo de una vuelta al pasado, a la época de antes de 1989”, año de la caída del gobierno comunista de Nicolae Ceausescu, en referencia al estilo autoritario de Dragnea. Reivindicó además que en el primer trimestre la economía nacional creció un 5,6%. “Toda esta locura política puede traer la pérdida del Gobierno por parte del PSD”, afirmó. La semana pasada Grindeanu había sido expulsado del partido

Dragnea no puede ser primer ministro por haber sido condenado el año pasado tras ofrecer un soborno en 2015. Por ese motivo, promovía una reducción de penas por delitos de corrupción.

El presidente rumano, el derechista Klaus Iohannis, convocó a los partidos este lunes para una ronda de consultas a fin de designar al nuevo primer ministro, cuya propuesta será presentada por la coalición del PSD y Alde.

Trasfondo

En febrero Bucarest fue el centro de las manifestaciones más masivas de los últimos 25 años, luego que el 18 de enero el Ministerio de Justicia emitiera de manera inconsulta un decreto de amnistía para los presos con libertad condicional y condenados a penas de prisión menores de cinco años por delitos no considerados graves, entre otros beneficios otorgados. La medida fue interpretada como una amnistía para políticos corruptos del PSD y desató protestas contra el nuevo gobierno. Tanto el presidente rumano como el de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, apoyaron las manifestaciones.

Ante esta presión, el 5 de febrero el gobierno dio marcha atrás a las enmiendas decretadas para la ley de amnistía y el Primer Ministro propuso iniciar un debate público sobre el tema. Al día siguiente medio millón de personas exigieron su destitución y un nuevo llamado a elecciones. En este contexto se produjo la ruptura entre Grindeanu y Dragnea.

Sea cual sea la desginación del próximo primer ministro, no se esperan grandes cambios en el rumbo del segundo país más pobre de la Unión Europea luego de Bulgaria. Rumania es además miembro de la Otan y en su territorio se despliegan sistemas de defensa antimisiles denunciados por Rusia.