Caso Nahuel: revés judicial para el gobierno argentino
Olvidada rápidamente por la gran prensa argentina, la investigación judicial del crimen del joven mapuche Rafael Nahuel, cometido el 25 de noviembre de 2017, trajo fuertes novedades e impactó en el gobierno nacional.
La Cámara Federal de General Roca (provincia de Río Negro) ordenó la prisión preventiva para el prefecto Francisco Pintos, acusado del crimen, tras desestimar buena parte de los argumentos de la defensa y la pericia de la cuestionada Gendarmería Nacional. Ahora el acusado quedó imputado por homicidio agravado, sin el atenuante por exceso en la legítima defensa.
Lejos de ser un fallo meramente formal, la resolución firmada por los jueces apuntó directamente al Gobierno y lo acusó de intentar “condicionar la pesquisa, delineando de antemano un libreto para los protagonistas”. Esto se debe a que luego del crimen la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a defender el operativo de la Prefectura y declaró que su cartera siempre toma la versión de las fuerzas de seguridad como la verdad y no la cuestiona.
Crimen y política
El asesinato del joven Rafael Nahuel, de 21 años, ocurrió en la localidad de Villa Mascardi, tras un operativo del grupo Albatros de la Prefectura en el que el joven mapuche terminó baleado por la espalda. Por el caso había cinco procesados, pero ahora solo quedó imputado el presunto autor del disparo fatal.
Uno de los tres camaristas, Ricardo Barreiro, planteó en su dictamen que hay un “espiral de violencia estatal que no puede ser obviado en esta sentencia, cadena fatídica en la que la muerte evitable de Nahuel Salvo es un eslabón más, acaso no el último”. Además, el juez negó que hubiera habido “usurpación de territorio”, ya que los mapuches fueron atacados en tierras públicas, y advirtió sobre “la creación de un enemigo interno” por parte del Estado.
La resolución judicial tiene más de 80 carillas y cuestiona las políticas represivas de seguridad que despliega el gobierno nacional. A su vez, el texto repudia las declaraciones públicas de la ministra Patricia Bullrich y la intención de intervenir en los asuntos judiciales.
“Antes de que las pesquisas avancen lo suficiente como para echar mínima luz sobre los sucesos, se publican declaraciones del más alto nivel cuestionando a la judicatura, o las medidas probatorias dispuestas o, lisa y llanamente, sentenciando que el o los funcionarios implicados no han cometido delito y que son inocentes”, se lee en el documento. Más aún, el fallo acusa al Ministerio de Seguridad de guionar las declaraciones de los prefectos acusados para buscar la impunidad.
Ahora habrá una apelación por parte de la defensa.
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